El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata resolvió postergar hasta mañana su decisión sobre el reclamo de arresto domiciliario del ex comisario Miguel Etchecolatz, con seis condenas por delitos de lesa humanidad. El motivo: la indefinición sobre la conformación del tribunal, un problema histórico en La Plata agravado en los últimos días por la renuncia del camarista César Álvarez a continuar subrogando el TOF que mañana debería comenzar a juzgar los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Hoy, en tanto, el Cuerpo Médico Forense deberá reexaminar el estado de salud del represor –en teoría en huelga de hambre– por orden del juez federal Ernesto Kreplak. Centenares de militantes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes de centros clandestinos y organizaciones platenses se manifestaron ayer en rechazo a la posible domiciliaria de Etchecolatz, el principal investigado por desaparición de Jorge Julio López en 2006.

La cobertura de vacantes en tribunales orales es responsabilidad de la Cámara Federal de Casación Penal. Tras la renuncia de Álvarez, el TOF pidió la intervención del Consejo de la Magistratura. Ni una ni otro notificaron hasta ayer decisión alguna. En una de las tres causas por las que debe pronunciarse el TOF se deberán cubrir dos vacantes, ya que también se excusó Germán Castelli por su amistad con el imputado Juan María Torino. Castelli y Jorge Michelle fueron quienes votaron a fines de julio a favor de la domiciliaria considerando la edad (87 años) del condenado, su hipertensión arterial y los riesgos de sufrir un ACV. El juez Roberto Lemos Arias, en línea con fiscales y peritos del Cuerpo Médico Forense, que en dos oportunidades confirmaron que las patologías del ex policía pueden tratarse en el Hospital de Ezeiza, votó en disidencia para que continúe alojado en ese centro médico.

Como también en instrucción hay un incidente sobre el pedido de domiciliaria, Kreplak ordenó un nuevo examen del CMF para verificar el estado de salud de Etchecolatz, previsiblemente autoagravado por la huelga de hambre que dice haber iniciado el 25 de julio. Los fiscales platenses le solicitaron al juez una audiencia con los peritos para poder hacerles preguntas antes de dictaminar sobre el tema.

La posibilidad de que un icono del terrorismo de Estado vuelva a su casa de Mar del Plata logró unificar en el rechazo a organismos de derechos humanos y organizaciones populares. “Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un genocida más por las calles de Argentina”, cantaron cientos de militantes que cortaron la calle frente a la Cámara.

“Nunca pedimos venganza pero decimos no a la reconciliación con los genocidas y sus cómplices”, señaló Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “Son crímenes de lesa humanidad, no prescriben, no se pueden olvidar y ninguno de estos genocidas debe estar en su domicilio sino en cárceles, e incluso no en las cárceles que tenemos en Argentina como Batán, que son chiqueros, sino en cárceles limpias, que les den bien de comer, que vivan muchos años presos”, reclamó. El premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó que el represor “es responsable de la desaparición de Jorge Julio López” y consideró que “estos criminales deben cumplir la condena en prisión, donde deben ser tratados humanamente como no hicieron ellos con nosotros”.

Leonardo Fossati, nieto recuperado, sostuvo que Etchecolatz “sabe lo que pasó en los centros clandestinos, amenazó a jueces y se burló de los testigos en el transcurso de los juicios y no vamos a permitir que le den el arresto domiciliario”. “Etchecolatz no tiene ninguna enfermedad que le impida su permanencia en una cárcel. Tiene tres cadenas perpetuas y otras tantas por delitos de lesa humanidad. No pedimos venganza sino justicia”, señaló la abogada Marta Vedio, de la APDH La Plata. Para Guadalupe Godoy, abogada de querellantes particulares y de Unión por los Derechos Humanos, “la movilización popular dejó en claro que el reclamo de juicio y castigo sigue vigente”. La abogada interpreta la posibilidad de que se otorgue el arresto domiciliario a Etchecolatz como “un simbolismo: el Poder Judicial está probando si es posible dar por cerrados los juicios” por crímenes de lesa humanidad.