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Cruzado por una recurrente oleada de noticias acerca de “la inseguridad”, el tránsito de la semana volvió a pasar por un divorcio que es triple.

Hay una pelea a los gritos entre la conducción de la CGT e integrantes de la propia y otrora denominada central obrera, a quienes se suman todos los miembros de ambas CTA. Terminó de estallar en público gracias a la incalificable actitud cegetista, que mudó al limbo el llamado a un paro general. Esa decisión de los triunviros sindicales es muy complicada de entender. Aun cuando fuese evaluada sólo desde sus cálculos especulativos, no se entiende qué perdían convocando a una medida de fuerza que hubiera servido para descomprimir la bronca de un abajo, e incluso franjas medias, huérfanos de representación política capaz de vehiculizarlos de otra manera. Una explicación, quizás, es la reticencia que se observaba en el gremio del transporte automotor de pasajeros. La adhesión de ese sector suele ser clave para la fotografía que logra un paro. Pero el resto de ese mismo rubro (trenes, subtes), a más del camionero y de numerosos sindicatos fabriles, de servicios, estatales y docentes, estaba y está en una plena disposición que se vio alentada tras el impacto de la Marcha Federal. La claudicación cegetista, por si fuera poco, es a cambio de lo que literalmente debe considerarse como migajas. Aunque el paquete ofertado ya se conoce, conviene repasarlo a través de los flacos datos y oraciones que lleva. Una ligera exención en el Impuesto a las Ganancias para el medio aguinaldo de diciembre, mil pesos por única vez a los jubilados del monto mínimo y otros mil, pero por grupo familiar, a quienes cobran Asignación Universal por Hijo. Hay un guiño del Gobierno para conceder un bono por la misma cifra a los trabajadores del Estado, que pone en alerta a los roídos fondos de las provincias. Y el coloquio de la crema empresarial, reunido en Mar del Plata, dejó claro que las patronales no advierten como probable la generalización de ese monto prácticamente simbólico. La CGT, sin embargo, confiaría en convencer a los empresarios en la ronda de diálogo que comenzará este miércoles. Candoroso. Lo concreto es que el Gobierno partió el frente gremial, en verdad nunca asentado como tal cosa, casi sin despeinarse.

Un segundo divorcio es entre la catarata de índices económicos que trazan panoramas sombríos, bien que sujeto a un próximo año electoral con la probable consecuencia de alguna inyección de fondos reanimadora, y la versión oficial del despegue asegurado. El ministro de la Producción, Francisco Cabrera, interpreta que “las suspensiones son una buena noticia” porque significa que las empresas retuvieron al personal en lugar de despedirlo. “Aunque usted no lo crea”, dijo el ministro. Es de no creerse, realmente, si no fuera porque ése es el mundo en el que viven unos funcionarios para quienes la cota de avances y retrocesos sociales sólo debe medirse en función del afán de lucro, de los resultados nunca colectivos y de la aspiración de que los sumergidos se crean privilegiados. El piso que expresó Cabrera es una de las patas centrales de este modelo, consistente en el disciplinamiento social a través de las amenazas laborales. Por fuera y, a la par, bien por dentro de los indicadores de la macroeconomía, una noticia emblemática es que Arcor anticipa las vacaciones de unos 400 trabajadores. La alimenticia, como en tantísimos otros ejemplos, atraviesa el problema de sobre-stock de mercadería, por las ventas caídas producto de la recesión. Los empleados no tomaron medidas de fuerza porque por ahora no sufrirán descuento de salarios. Pero debe ser celebrado, según la interpretación del ministro Cabrera. Quienes sí tienen algunos problemas para andar de fiesta son los que perdieron 134 mil puestos de trabajo formales desde la asunción del macrismo, de acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo a las que se agrega que, sólo en el primer semestre, cerraron unas 6100 empresas. En ese caso, sin embargo, las autoridades invitan a festejar que las estadísticas pasaron a medirse bien. Y los trabajadores también deben entusiasmarse con la buena salud de los bonos que emite el Banco Central. Ya ingresaron unos 3800 millones de dólares por esa vía de bicicleta financiera, bajo el sencillo mecanismo de vender los dólares e invertir los pesos a una tasa atractiva. De última, si sube la inflación y la tasa queda retrasada, venden los papeles en el momento que les parezca más oportuno. Es un picnic de especuladores, que la gente del común bien debiera tomar como espectáculo gratuito.

El problema de estos festejos de no creer es la profundidad del tercer divorcio, entre un conjunto de la sociedad que efectivamente no se los cree y una representación política fragmentada por parte de la oposición. El kirchnerismo, nucleado alrededor de la única figura con liderazgo, ratificó gestos para ampliar el arco de alianzas y de Cristina para abajo insiste en que el enemigo no está dentro del peronismo. Pero el peronismo es una bolsa de gatos que no corresponde a, digamos, esas galanterías kirchneristas. Si algo viene logrando el macrismo, además de desbaratar en enorme porción las conquistas alcanzadas desde 2003, es conseguir sus propósitos gracias a la fundamental colaboración de traidores, tránsfugas, híbridos y, directamente, opo-oficialistas. Se acerca el tiempo en que Cristina deba tomar una decisión, de retorno específico a sus capacidades conductivas, con ella o sin ella en lugar electivo pero al lado, en cualquier opción, de quienes se mantienen en el único lugar que representa una alternativa real a la derecha. Lejos, todavía, de esta probabilística sobre elecciones de medio término que pueden ser decisivas, el protagonismo lo ganaron nuevos episodios delictuales y una marcha de repudio –plenamente comprensible– contra una parte de los victimarios. El incendio de un tribunal bonaerense donde se tramitan causas de drogas es tan un hecho gravísimo como el resultado de factores nodales, con la interna policial entre ellos, que ningún gobierno pudo resolver y que menos que menos arreglará uno que se desentiende de la suerte de las mayorías. Y que, desde su propia integración, revela para quiénes administra.

La publicación universitaria anticipada el lunes pasado corrobora que un tercio de los 370 cargos más importantes del gobierno de Macri lo ocupan gerentes del sector privado. Son 114 ejecutivos de las principales empresas y estudios de abogados. Más de la mitad de esos funcionarios desempeñaban un cargo medio o alto en, entre otras, empresas como Shell, Techint, HSBC, Pan American Energy, Socma, Deustche Bank, Farmacity, LAN, JP Morgan. Y nada menos que la Jefatura de Gabinete es la dependencia con mayor concentración de CEO, seguida por los ministerios de Energía y Comunicaciones, Hacienda y Finanzas e Interior y Obras Públicas. El trabajo al que accedió Página/12 es del Observatorio de las Elites Argentinas, que pertenece al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Su equipo de 18 investigadores y 16 asistentes señala que el rasgo decisivo del gabinete macrista es cómo los CEO colonizaron el área política, y una de las conclusiones tan obvia como imprescindible se detiene en “las lealtades que traen al seno del Estado, y del Gobierno, quienes desarrollaron sus tareas en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos”.

Podría argumentarse que ese estudio exhaustivo no hace más que confirmar lo que ya sabe o percibe cualquier persona con mínimas dosis de información e inquietudes políticas. Es cierto, pero justamente por eso se hace necesario remarcarlo porque, de lo contrario, se cae en el riesgo de naturalizar esa colonización del Estado en manos de una gerencia global de intereses particulares. Como reemplazo de este tipo de debates estructurales acerca de quienes conducen el país, el Gobierno insiste en la pretensión de borrar el sol, asumir que la Nación se relanza desde su amplio grupejo de tilingos y atravesar límites completamente insospechados. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, afirmó que a los pibes “les podés dar un plan social, pero esa plata la van a usar para comprar drogas” y llama en reacción instintiva a preguntar si está loco. A nadie se le ocurre cómo puede decir algo así a cambio de algún negocio que no sea refundar el odio hasta un extremo que nos retorna a 1955 para no abundar. Pero no es desvarío. Más allá del muro mediático que protege al Gobierno de estos disparates, objetivamente están provocando. Y políticamente, la meta no puede ser otra que despertar reacciones luego justificativas de la represión. Mientras tanto, el rabino Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, al admitir que el recorte presupuestario en su cartera puede complicar el combate contra los incendios forestales, señala que “lo más útil que podemos hacer es rezar”. Y Macri, en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, llamó a “evangelizar” a gobernadores e intendentes en el compromiso de invertir.

Es la fe de quienes vinieron a superar la grieta imbuidos de amor y paz.