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La Unidad Fiscal de Investigación AMIA concretó en un informe que tiene casi diecinueve cuadras de archivos secretos por analizar. Los papeles provienen de una primera apertura de documentación de la SIDE, luego los archivos originados en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) y, finalmente, más archivos secretos de la SIDE abiertos por orden de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015. En total son 1893 metros lineales de archivos que todavía hay que trabajar para ver, por ejemplo, cómo se investigó y qué pistas surgen de esos archivos.

El principal avance que se produjo en la causa AMIA, tras 22 de años de instrucción, es la utilización de la genética para analizar todos los elementos. Los familiares se lo habían pedido a Alberto Nisman –titular de la Unidad AMIA durante siete años– pero el fiscal nunca avanzó. Los nuevos trabajos permitieron finalmente la identificación de la víctima número 85 del atentado, se está trabajando sobre restos encontrados frente a Pasteur 633 y habrá que ver qué surge de los archivos secretos.

Informe

La UFI-AMIA está ahora integrada por Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, quienes sucedieron a Nisman tras su muerte. Durante la semana que pasó, el equipo de fiscales emitió un informe en el que se detalla todo el proceso de desclasificación de documentos relacionados con el atentado. En la Argentina, los familiares de las víctimas, en especial los agrupados en Memoria Activa, Apemia y 18-J plantearon una durísima pelea para que se abran los archivos secretos. La misma batalla afrontan hoy en Estados Unidos los familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esos familiares se agruparon para reclamar judicialmente la apertura de los archivos de la CIA y el FBI sobre los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono.

El punto básico en todos los casos es que el Estado oculta la verdad y que los servicios de inteligencia mantienen archivos en los que se pueden encontrar pistas y elementos que el poder político y judicial ocultó, en esencia por razones de alineamiento internacional o nacional. Por eso, tanto en Estados Unidos como en la Argentina, la desclasificación afronta la oposición de los gobiernos y servicios de inteligencia.

Policía

Cuando la investigación del atentado se orientó contra los policías bonaerenses, en 1998, el presidente Carlos Menem autorizó el acceso a documentación de la Dipba. Era parte de su batalla contra Eduardo Duhalde, por entonces su archienemigo. Sin embargo, el trabajo real nunca se hizo porque los archivos no se abrieron realmente y porque nunca se dispuso un verdadero análisis. Recién el año pasado se empezó a trabajar y hasta el momento se encontraron cien carpetas relacionadas con el atentado.

Juicio

Cuando se puso en marcha el juicio contra Carlos Telleldín, Juan José Ribelli y los demás imputados de participar en el atentado, hubo un segundo y limitadísimo proceso de apertura de archivos. En 2001 y 2002, Eduardo Duhalde firmó decretos para permitir que los agentes de la SIDE declaren en el juicio, pero no podían referirse a los servicios de inteligencia extranjeros. Ante la queja del tribunal, se aceptaron referencias a los servicios extranjeros, pero sólo respecto de hechos relacionados con el atentado.

Recién cuando asumió Néstor Kirchner se dio una orden concreta de que todos los agentes declaren en el juicio, incluyendo todo lo que tuviera que ver con el pago a Telleldín y los sumarios internos de la SIDE. Pero el gran paso en la desclasificación se dio, también durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se le entregaron a la UFI-AMIA 2047 carpetas con archivos secretos que tuvieron que ver con el atentado. La documentación sólo podía ser vista por las partes, no era prueba pública de la causa.

Una década más tarde, en 2015, por pedido de los fiscales, fue Cristina Kirchner la que ordenó que esas 2047 carpetas dejaran de ser reservadas y desde entonces pueden ser consultadas como prueba documental, no como información clasificada. Los nuevos fiscales, además, digitalizaron todo el material.

Seguridad

A partir del gobierno de Néstor Kirchner también se desclasificaron los archivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Sin embargo, ni el análisis ni el envío de esos documentos se concretaron durante la gestión de Nisman. Recién en 2015, los nuevos fiscales pidieron que las fuerzas de seguridad federales remitieran la documentación y, en forma paralela, aparecieron nuevos archivos en la ex SIDE. Se encontraron archivos de interés nada menos que en tres depósitos. La presidenta Kirchner resolvió desclasificar todo de manera definitiva y la procuradora Alejandra Gils Carbó puso en marcha el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad) dado el inmenso volumen de material encontrado. Pese a que hoy existe una imputación contra CFK por encubrimiento, lo cierto es que fue claramente la mandataria que más archivos desclasificó.

Un dato curioso es que había documentos de la ex SIDE con testados, es decir tachaduras en donde figuraban nombres o elementos considerados secretos por el aparato de inteligencia. La apertura ordenada por CFK terminó también con las tachaduras.

Hoy

Salum, Namer y Filippini resumieron en su informe que quedan veinte cuadras de archivos para terminar de analizar.

- Las 2047 carpetas de la ex SIDE.

- Los archivos de la Policía Bonaerense.

- Los nuevos archivos encontrados en la ex SIDE, que abarcan tres depósitos.

“A través de este trabajo –señaló la UFI-AMIA–se espera conseguir contextualizar el modo en que la información de inteligencia se produjo a lo largo de la investigación con el objetivo de identificar aquella que fue producida con la intención de desviar la pesquisa o que no fue puesta en conocimiento de las autoridades por la misma razón y distinguirla de la información certera y confiable sobre los sucesos”.

En enero de este año, el presidente Mauricio Macri ordenó la desclasificación de archivos que no estuvieron del todo abiertos: Migraciones, las Fuerzas Armadas, lo que falta de las fuerzas de seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos respondieron, otros dijeron que responderán. En junio de 2016, los fiscales se dirigieron al Ministerio de Seguridad para pedir información sobre uno de los archivos más inexpugnables: inteligencia de la Policía Federal. La desclasificación es un proceso arduo y con obstáculos.

Pasados 24 años del ataque a la Embajada de Israel, 22 años de AMIA y 15 años de las Torres Gemelas no es fácil encontrar pruebas. En todos los casos, los familiares, en la Argentina y en Estados Unidos, consideran que el Estado encierra secretos clave y que pueden aportar alguna explicación de lo ocurrido. Los fiscales argentinos –ahora con otro empuje– también buscan respuestas en los archivos que estuvieron ocultos tanto tiempo.

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