El juez Andrés Gallardo ordenó al Gobierno porteño que no demuela el Centro Isauro Arancibia, una escuela que recibe a niños en situación de calle y que el macrismo busca trasladar para habilitar la traza del metrobús de Paseo Colón. En la cautelar que dictó, el magistrado indicó que la gestión PRO deberá proveer las condiciones idóneas, tanto educativas como edilicias, para que el Arancibia siga funcionando. Además, citó a una audiencia a la ministra de Educación, Soledad Acuña y a otros funcionarios.

El conflicto en torno al traslado del Centro Isauro Arancibia lleva ya más de cinco años y se agravó desde que el Gobierno porteño anunció su intención de demolerlo para dejar paso a los carriles exclusivos. El centro alberga a unos 300 chicos en distintas situaciones de vulnerabilidad social. Además de docentes, intervienen psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos y médicos. En marzo de este año, este diario hizo un relevamiento del estado en que se mantiene el lugar: encontró ventanas rotas, falta de calefacción, un subsuelo que se inunda (donde funciona el jardín de infantes). Los estudiantes con discapacidad motriz tenían que ser subidos por la escalera porque no funciona el ascensor.

En julio, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, advirtió que el Arancibia será relocalizado. La semana pasada, el secretario de Transporte, Juan José Méndez, indicó que piensan demoler parte de la escuela y trasladar el centro a un nuevo edificio. Los docentes advirtieron que el Gobierno porteño gastó 12 millones de pesos en la remodelación.

Ante esta situación, la asesora tutelar Mabel López Oliva interpuso un amparo, que recayó en el juzgado de Gallardo. La asesora titular indicó que desde 2011 viene constatando en el edificio actual “falta de conexión de gas y calefacción, ausencia de protección en las ventanas, falta de división en las aulas, escaleras sin rejas de seguridad para niños de hasta 4 años”. Tras ocho meses de intimaciones, el Gobierno porteño no subsanó los problemas. Tampoco dio información certera de si iba a disponer el traslado del centro y en qué condiciones.

El juez destacó que, pese a que faltan obras, se invirtió en hacer algunas refacciones en el Arancibia. “No puede soslayarse que a las obras del establecimiento ha sido ya destinada la suma de 12.880.889 pesos, por lo que permitir sin más su demolición a escasos días de haber finalizado la obra no aparece en esta instancia un asunto soslayable ya que implicaría la pérdida irreversible de dicha inversión monetaria con el consiguiente daño al patrimonio y al erario público”, advirtió el magistrado.

“Corresponde acceder a la pretensión ad cautelam requerida a fin de salvaguardar el derecho a la educación, a la salud, a la vida, a la dignidad –entre otros– de los docentes y niños que concurren al centro Isauro Arancibia”, destacó Gallardo en su cautelar, en la que le ordenó al Gobierno macrista que “se abstenga de reducir o demoler total o parcialmente, el edificio sito en la Av. Paseo Colón 1318 donde hoy funciona el Centro Isauro Arancibia y garantice el funcionamiento de la totalidad de la escuela en el edificio actual en condiciones educativas (pedagógicas y edilicias) adecuadas. Ello, hasta tanto se resuelva en contrario”.

También convocó a una audiencia a la que convocó a la ministra Acuña, al procurador Gabriel Astarloa y al ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia. Todos, aclaró, deberán concurrir personalmente y traer información sobre las obras del metrobús del Bajo, si se piensa reubicar al Arancibia en uno o más edificios, y dónde planean que se desarrolle el ciclo lectivo 2017.