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No debe ser fácil ser el referente económico de Elisa Carrió. Durante la campaña, Rubén Lo Vuolo tuvo que trabajar junto a una candidata cuyo flanco más débil estaba justamente en la economía. Y ahora, con Roberto Lavagna firmemente instalado en el Palacio de Hacienda, Lo Vuolo se encuentra con una serie de iniciativas que se parecen bastante a las que él proponía. Graduado en la Universidad del Litoral y con un master en Pittsburgh, Lo Vuolo –que acaba de publicar Estrategia económica para la Argentina (Siglo XXI)– analiza en diálogo con Página/12 los principales ejes de la política económica del Gobierno, buscando siempre un equilibrio difícil entre el reconocimiento y la crítica.
–El programa del ARI se basaba en una política fiscal prudente, la renegociación de la deuda con quita, la revisión uno por uno de los contratos de las privatizadas. El Gobierno está haciendo muchas de estas cosas, ¿de todos modos tiene críticas?
–Muchos de los titulares de nuestro programa son los titulares del Gobierno. Como titulares. Lamentablemente nunca hubo un programa de gobierno, ni en campaña ni ahora. Uno tiene todos los días que ver cada medida, ver si es consistente con una estrategia, si es que hay una estrategia. Nosotros plantamos un programa integral que decía cómo había que moverse en distintos frentes. Por otro lado, en el análisis puntual de cada política sí hay diferencias.
–Por ejemplo, ¿qué opina del superávit del tres por ciento que el Gobierno acordó con el FMI?
–Es alto. Hoy se puede cumplir fundamentalmente por la restricción del gasto, ya que el aumento de la recaudación es consecuencia lógica del crecimiento. Es un techo de lo que puede ser sostenible. La cifra es alta, está vinculada a la estrategia de pago de los compromisos de la deuda. Y tal como están planteadas las negociaciones de la deuda me da que pensar que no haya que aumentarlo más. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas que se están haciendo en materia macroeconómica. Pero creo que desde la firma del acuerdo con el Fondo hay una actitud demasiado conservadora respecto de la política monetaria. Hay un mecanismo de control de la inflación basado en dos elementos: no suben los salarios y se cuida el aumento de tarifas. Son elementos coyunturales. Habría que buscar otros instrumentos. Por ejemplo encarar la concentración de mercados. En eso no se avanza. Este margen que tiene el Gobierno por la emergencia se va a empezar a agotar, y por eso es importante encarar cuestiones más estructurales.
–En el programa de gobierno del ARI usted planteaba una política macroeconómica sólida. Por otra parte, los países que crecieron y mejoraron la distribución, como los que entraron a la Unión Europea, controlaron el déficit y no expandieron exageradamente la base monetaria. ¿Aún así le parece alto el tres por ciento?
–El problema no es el superávit, que igual es alto. Si uno mantiene este superávit con esta estructura tributaria el impacto distributivo es negativo, porque es regresiva. Pero si se mantiene el superávit con otra estructura tributaria, como sucede en esos países, se puede sostener. Es un problema de institucionalidad que supera el manejo cíclico. Esos países tienen otra estructura fiscal y de gastos. Esa es la discusión que falta. El problema no es el superávit fiscal sino la estructura tributaria y la falta de políticas distributivas. Ese es el desafío: tener cuentas fiscales sanas cambiando la estructura económica y la fiscal.
–Usted propone reformas profundas, como cambiar la estructura tributaria. ¿Es sensato encararlas en un momento de debilidad y emergencia como éste?
–Ese es un argumento que los gobernantes vienen sosteniendo desde hace años. Siempre estamos en emergencia, siempre estamos en coyuntura. La suma de emergencias hace el mediano y largo plazo. Se puede pensar lo contrario: la situación de emergencia podría ser motivo para los cambios estructurales. La emergencia de la híper justificó los tremendos cambios de Menem: en un sentido que deploro, pero fueron estructurales y profundos, justificados en la emergencia. Me pregunto por qué no se puede aprovechar la emergencia para formular cambios del tipo que propongo. Pero para eso hay que tener una estrategia integrada. Si la preocupación está fundamentalmente en administrar el corto plazo no se puede encarar esto.
–En el programa del ARI se proponía revisar uno por uno los contratos con las privatizadas, que es justamente lo que está haciendo el Gobierno. ¿Usted haría algo más?
–Sí. En el programa proponíamos la incorporación del mercado petrolero a la regulación y la creación de un ente único de regulación del sector enérgico. Eso está fuera de la agenda. Otra cuestión: si se tiene una visión tan crítica de las privatizadas, como el Gobierno dice tener, hay que reconocer que uno de los principales cómplices son los entes de regulación. Nosotros planteábamos la intervención para que intervengan en los mercados de otro modo, cosa que no hoy existe. La revisión de los contratos sí se está haciendo. Habrá que ver uno por uno cómo salen. Yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo con peajes, por ejemplo. Nosotros dijimos que lo más grave era Aeropuertos, Correo y Aguas Argentinas. En eso, el diagnóstico del Gobierno es correcto.
–¿Qué opina de la renegociación de la deuda?
–La deuda tal y como estaba contraída no se podía pagar. En eso el Gobierno tiene todo el apoyo. Nosotros plantéabamos una mora, que hoy se está planteando de hecho con los privados. Después, lo otro es una discusión política. El Gobierno decidió plantear esta alternativa de negociación, que tiene implícita una decisión política: confiar en el apoyo de Estados Unidos y privilegiar el apoyo del Fondo, generando mayor conflicto con algunos de los países donde están los tenedores privados.
–Parece estratégicamente inteligente.
–Puede ser, pero yo no confiaría mucho ni en Estados Unidos ni en el FMI, que han sido muy erráticos. Además, Estados Unidos no es nuestro principal socio comercial. Otra cosa que no me parece inteligente es la contradicción entre una verborragia confrontativa con los organismos, a los que se hace responsables de lo que pasó en el país, y una conducta a través de la cual se admite que con los organismos internacionales no se puede discutir quita alguna.
–Pero sí se discutieron otras cosas: las condiciones macroeconómicas de los acuerdos, la suba de tarifas.
–Entramos en un plano especulativo. Yo no sé qué pedían los organismos, sé lo que se publicitaba. Sí digo que el tres por ciento es alto. No sé cuánto pedían.
–¿Cuál es la diferencia entre el Plan Jefas y Jefes y el Ingreso Ciudadano propuesto por el ARI?
–La primera diferencia es que nosotros no plantéabamos un plan social sino una estrategia integrada. Un segundo problema es que este tipo de plan exige ciertas condiciones para el acceso que no necesariamente son las de los sectores más postergados. Hay sectores que están marginados que no cumplen con estas características y por lo tanto no acceden a los beneficios. Por ejemplo, si tienen hijos que no están en la edad que se estipula. En general, en el mundo se están dejando de lado estos modelos, en donde la asignación se ata a la situación de la persona en el mercado laboral. El mercado laboral hoy es volátil, la gente entra y sale. Un beneficiado del plan podía tener empleo cuando se abrieron los padrones y luego perderlo, y estaría sin beneficios. O quizá no tenía antes y ahora sí, e igual lo cobra porque la fiscalización no funciona. Por eso nosotros proponemos una asignación universal por hijo y para los mayores de 65 años.
–Más allá de cada tema puntual, ¿cuál es su principal crítica a la política económica del Gobierno?
–Falta una estrategia más integrada. En mi libro yo planteo una estrategia distributiva, después una política productiva asociada a ella yfinalmente la política macroeconómica. No es sólo un problema de aumentar salarios sino de ver cuáles son las políticas de redistribución del ingreso, lo cual a su vez va hacer más efectiva una política de cambio de especialización del patrón productivo. Hoy es ineficiente: está basado en rentas naturales, está especializado en la producción de bienes naturales, agropecuarios o del sector industrial vinculado al sector agropecuario. De todos modos la discusión ha mejorado. Yo personalmente y nosotros en general defendimos a Lavagna cuando empezó a tomar medidas alternativas a las que defendía el establishment. No se nos puede acusar de tener una visión oportunista. Más allá de que estemos de acuerdo en algunos puntos y tengamos diferencias en otros, hay que reconocer que se ha elevado la calidad de la discusión. Antes estábamos hablando de cualquier cosa, como la dolarización o la banca off shore. Al menos ahora estamos discutiendo de política económica.