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Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

No estaba previsto que hubiera debate y en verdad no lo hubo. Algunos de los sectores gremiales y sociales comprometidos con el mundo laboral concurrieron ayer, en distintos horarios, a la Comisión de Trabajo del Senado para dar sus opiniones sobre el nuevo proyecto de ley laboral. En algunos casos hubo algunas preguntas de los senadores y en otros simplemente se limitaron a escuchar los argumentos de los invitados como cumpliendo con el trámite necesario para el tratamiento reglamentario de una ley a la que nadie presenta como una panacea, pero sobre la que, hasta el momento, tampoco nadie mostró voluntad política de modificar.
Por la CGT oficial concurrieron el textil Rodolfo Daer y el ferroviario José Pedraza. El titular de la CGT –que en su momento apoyó con esmero la ley de los sobornos– se mostró partidario del proyecto oficial, aunque puntualizó algunas diferencias. Así fue que criticó por excesivo el período de tres meses de prueba, tal como establece la propuesta del Gobierno. En opinión de Daer, ese tiempo no debe superar el mes. Además criticó el criterio sobre el que se calculan las indemnizaciones en los casos de despido. Se mostró partidario de continuar con el cálculo de dos meses por cada año trabajado. Al igual que el resto de las delegaciones, Daer criticó que la norma defina como pequeña y mediana empresa a emprendimientos de hasta 80 empleados.
Luego de la CGT le tocó el turno a Alberto Alvarez Gaiani, Daniel Funes de Rioja –un ferviente defensor de la flexibilidad laboral– y Carlos Etala (h.) por la Unión Industrial Argentina. Por Fedecámaras estuvo Rubén Manusovich. Aunque manifestaron su respaldo a la iniciativa, los empresarios no perdieron la oportunidad de presentar públicamente sus posiciones. La UIA criticó que se le entregue poder a un inspector para tomar medidas sumarias en los casos en los que se encuentre con trabajo en negro. También se mostraron preocupados por el gran porcentaje que dentro de los nuevos empleos tiene el trabajo en negro. “Los datos que muestran que la mayor parte del trabajo que se crea es informal en lugar de formal nos preocupa también a nosotros”, dijo Funes de Rioja, luego de que un senador precisara que del nuevo empleo que se crea, un 80 por ciento es en negro. Como corolario, Alvarez Gaiani coincidió con los deseos del radical Carlos Prades, presidente de la comisión, de que “le vaya bien al Presidente”. “Cualquier argentino de bien quiere que a este gobierno le vaya bien”, concluyó Alvarez Gaiani.
Manusovich criticó el criterio que tiene el proyecto para calificar a las pymes y manifestó sus temores de que algunas grandes empresas recurran a esta figura para obtener beneficios.
El secretario gremial de la CTA, Víctor Mendibil, comenzó explicando la ausencia del titular de la central de trabajadores, Víctor De Gennaro, que en ese mismo momento se encontraba al frente de una manifestación contra la Embajada de Japón para protestar por el conflicto de Firestone, donde la empresa Bridgestone, mayoritariamente de capitales japoneses, despidió cerca de 80 trabajadores y se negó a acatar las resoluciones del Ministerio de Trabajo, provincial y nacional. “Nosotros partimos de que esta ley es nula. Pero bueno, si hay consenso para derogarla, nos parece bien”, comenzó Mendibil. La CTA reivindicó la vuelta al criterio de la ultraactividad, reivindicó la democracia y la libertad sindical. Incluso detrás de las definiciones de la diputada del ARI Marta Maffei se pudo percibir un tono distinto al de sus compañeros sindicales. La ex titular de Ctera resaltó que no se contemplan temas importantes como el trabajo infantil. “Esperen que se confirmen los procesamientos en la causa de los sobornos y verán cómo aparecen las voces de varios legistas que piden la nulidad de la Ley de Reforma Laboral. Ley que el Congreso al derogarlaconsiderará válida.” Para que no quedaran dudas de su posición pidió no apresurarse en la aprobación de la iniciativa. “Creo que hay que pensar mejor esta ley”, concluyó. A su turno, el diputado Claudio Lozano señaló que al no repudiar los contratos basura y al insistir con la reducción de los aportes patronales, se puede ver que detrás del proyecto “sigue vigente la idea de que la flexibilización laboral genera empleo”.