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Los diputados peronistas tienen entre sus planes recibir el 24 de marzo en sus bancas. Para ello esperan contar hoy con el quórum necesario para debatir un proyecto que lleva la firma de 14 legisladores de su bloque. La iniciativa es una vaga exhortación al titular del cuerpo, el duhaldista Eduardo Camaño, para que lleve adelante acciones “a fin de lograr que se declare judicialmente la nulidad de los decretos de indulto que beneficiaron a los responsables del terrorismo de Estado”. En una reunión previa es posible que se decida tratar en la misma sesión el proyecto presentado por las diputadas Patricia Walsh, de Izquierda Unida, y la radical Margarita Stolbizer, que reclaman declarar inconstitucionales los decretos de indulto firmados por Carlos Menem, beneficiando a responsables de crímenes de lesa humanidad.
La declaración del oficialismo aparece como inocua. Aunque cumple con el objetivo de obturar los proyectos de Walsh y de Stolbizer. Los fundamentos del proyecto peronista evitan cualquier definición de fondo. Aunque al lector detallista no le pasa desapercibido que al hablar de la dictadura militar se utilice una definición más neutra: “gobierno de facto”. Al hablar de los indultos los firmantes de la iniciativa sostienen que “si bien desde un punto de vista formal (los decretos) fueron dictados en uso de una facultad constitucional, adolecen de vicios intrínsecos... ya que la decisión es violatoria de las garantías más elementales que prevé nuestra Constitución”.
Este texto, encabezado por la firma del titular del bloque, el bonaerense José María Díaz Bancalari, había sido firmado el jueves pasado, antes de que el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral firmara la inconstitucionalidad de los decretos de indulto. Luego de la decisión judicial, la declaración del oficialismo se vuelve más difusa, más aún de lo que se pensaba en un comienzo.
“No hay ninguna facultad presidencial para indultar delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, el Parlamento tiene plenas facultades para convocar a sesión el 24 de marzo y anular en ella los indultos que exculparon a los genocidas, acompañando –con esta decisión legislativa– la estrategia de lucha contra la impunidad puesta en marcha por el gobierno nacional”, afirmó el diputado por la CTA, Claudio Lozano. En la misma línea se manifestó el socialista Ariel Basteiro.