La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) no será el único lugar donde funcionó un centro clandestino de detención que será recuperado como un espacio para recordar y explicar los crímenes de la última dictadura. El Olimpo, donde hasta ahora se encuentra la planta verificadora y la sección Mantenimiento de Automotores de la Policía Federal, correrá la misma suerte. “La decisión estaba tomada antes del 24 de marzo”, aclara el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, en una charla en la que hace un balance sobre los actos en los que se repudió el último golpe de Estado y habla sobre el futuro del Museo y el Archivo de la Memoria. “Los actos fueron el momento en que el Estado destruyó para siempre la justificación de la impunidad”, asegura.
–Ahora que está firmado el convenio con el gobierno de la ciudad, ¿qué se va a hacer concretamente con la ESMA en el futuro?
–Hay que compatibilizar tres cronogramas: el trabajo de la comisión bipartita entre Nación y Ciudad, abrir el debate con los organismos de derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil y los plazos en los que se vaya desocupando el predio de la ESMA. Tal vez lo que lleve más tiempo es la desocupación de los institutos de enseñanza, que tienen las clases programadas. Es difícil imaginar el traslado en el medio del año lectivo. Pero eso no sería óbice para disponer de otras zonas. Hay aspectos sobre los cuales ya debería empezar el análisis. Por ejemplo: Casino de Oficiales. ¿Se lo va a retrotraer a como estaba en los años ‘76, ‘77? ¿Se va a recrear el campo de exterminio tal cual estaba? Ese es el primer debate que tenemos que hacer con la participación de los sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos y otros sectores de la sociedad.
–¿Cuáles son sus ideas para aportar a este debate?
–Personalmente y con la experiencia de otros campos de exterminio europeos que son emblemáticos, creo que habría que reproducir en el Casino de Oficiales el campo de concentración tal como funcionó. Para eso hay suficientes elementos. Incluso no sé si en la Marina hay expedientes de tipo urbanístico con las transformaciones que se efectuaron a posteriori.
–¿Cómo se haría para mostrar y no espantar?
–No hay que tener miedo. La verdad hay que mostrarla tal cual fue. No es necesario agregar ningún tipo de elemento que aumente la morbosidad pero tampoco debe ocultarse lo que fue. El que va allí, sabe que va a un museo del horror.
–Me imagino que contextualizado, porque sin una explicación perdería sentido.
–Eso es básico. Si no, no sirve. Es fundamental que vaya acompañado con una educación para los derechos humanos. No basta mostrar una picana, una capucha ni un grillete si no se explica y se pone el acento acerca de que esto se hizo desde el propio Estado nacional. Debemos terminar definitivamente con la teoría de los dos demonios que nivela la responsabilidad de un Estado en su conjunto, de todas sus estructuras comenzando por las Fuerzas Armadas, con la acción de cualquier particular.
–¿Cuál es su balance del 24 de marzo?
–Los dos actos, el de la mañana en el Colegio Militar y el de la tarde en la ESMA fueron un punto de ruptura del Estado con la justificación del terrorismo de Estado. Fue el momento donde el Estado destruyó para siempre la justificación de la impunidad. Los radicales se están rasgando las vestiduras porque (el presidente Néstor) Kirchner habló de veinte años de silencio y dicen que en realidad son 17. Me parece pueril y de una profunda mala fue, porque todos ellos saben que trabajaron denodadamente a partir del año ‘87 para generar la impunidad en este país. El propio (Raúl) Alfonsín fue el impulsor de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Incluso este marco de impunidad empezó antes, el día que se decidió que no se trasmitía por televisión el juicio a los comandantes. Se trató de limitar el efecto social del juicio. Yo quisiera saber dónde puede conseguir un ciudadano puede los 169 videos del juicio. Y si bien el juicio se realizó, ese muro de impunidad que va desde la Obediencia Debida y Punto Final hasta el decreto de (Fernando) De la Rúa para parar los pedidos de extradición es una enorme responsabilidad asumida por Alfonsín, (Carlos) Menem y De la Rúa. Muro de impunidad que no solamente tuvo consecuencias en relación a los responsables del terrorismo de Estado sino que creó toda una cultura de impunidad a través de la cual se saqueó este país y llegó a las condiciones de devastación que presentaba en mayo de 2003. Nadie puede hacerse el distraído ni recordar gestos aislados cuando se protegió y se creó una cultura de impunidad en el país.
–¿Cuánto hay de descontento en las Fuerzas Armadas en la evaluación del Gobierno?
–Desde el punto de vista del acatamiento disciplinario basta ver a todos los generales formados en el Colegio Militar en el momento en el que el propio teniente general (Roberto) Bendini descolgó los cuadros. Eso demuestra el absoluto acatamiento de las Fuerzas Armadas al poder civil y a su comandante en jefe que es el presidente de la República. Si pudo advertirse en todo esto caras hostiles o gestos adustos, tiene que ver con la propia responsabilidad el Estado que no intentó en estos veinte años de democracia, mal que le pese al doctor Alfonsín, plantear un debate y una educación diferente dentro de las Fuerzas Armadas. Nuestros militares se han educado en la justificación del terrorismo de Estado. Incluso la autocrítica de (Martín) Balza, con lo positiva fue que, no alcanzó.
–¿Alcanza ahora? ¿Los militares entienden que debe haber una ruptura con el pasado?
–Creo que hay un entendimiento, sobre todo en quienes conducen las fuerzas. Pero indudablemente, al no haber podido ejercer la autocrítica profunda, en sus cuadros, sobre todo en los más antiguos, puede producirse un desgarro en tanto no puedan ver que esto es un paso fundamental para reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad. Estamos hablando con las Fuerzas Armadas del futuro.
–¿La pelea con los gobernadores empañó el acto?
–No. En todo caso hubo una utilización por parte de algunos medios que intentaron una crítica previa. Es natural que no compartan esto porque ellos han sido parte del terrorismo de Estado. Los grandes diarios en este país cantaron loas, justificaron y legitimaron el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Tal vez con este planteo de no remover el pasado que hoy están diciendo “no remuevan nuestra propia historia”.
–Pero el conflicto con los gobernadores existió.
–No se excluyó a nadie. Que algunos organismos de derechos humanos o alguna figura emblemática como Hebe de Bonafini diga “yo no entro si ellos van” no significa que se les prohibiera ir. En todo caso, encontraron una buena excusa para no ir. Es un falso conflicto. Sergio Acevedo (gobernador de Santa Cruz) estuvo, (el gobernador de Misiones, Carlos) Rovira estuvo. Yo no lo vi, pero he leído que estuvo (Julio César) Cobos de Mendoza. Es decir que el gobernador que quiso ir pudo ir como cualquier ciudadano. De todos modos era un pretensión absurda que estuvieran todos los gobernadores. ¿Uno puede imaginarse a Nina Aragonés de Juárez (gobernadora de Santiago del Estero) aplaudiendo el discurso de los chicos recuperados de la ESMA? Aprovechar la indiferenciación para usar esto como un blanqueo de los que tienen no sólo responsabilidades en el pasado sino en el presente era un despropósito.
–¿El archivo de la memoria va a funcionar en el ESMA?
–Todavía no está resuelto. Yo he desocupado una planta del edificio de la calle Moreno para instrumentar el Archivo Nacional de la Memoria. El archivo está en una etapa de creación pero ya estamos requiriendo documentación de los organismos del Estado. En estos momentos estamos trabajando con los archivos de la Policía Federal. Si bien la documentación directa que hace a los desaparecidos pudo ser destruida osacada de los archivos del Estado, existen múltiples referencias que, analizadas en su contexto, son de una enorme utilidad para ir avanzando en el conocimiento de la parte oculta del terrorismo de Estado. Al mismo tiempo se trata de duplicar toda la información que existe en las distintas causas judiciales diseminadas en todo el país.
–El miércoles hubo un reclamo sobre la apertura de archivos que puedan estar en manos de las Fuerzas Armadas y en los que puedan haber datos sobre desaparecidos. ¿Hay posibilidad de recuperar esos documentos?
–La reapertura de archivos ya está dispuesta por el propio decreto que creó el archivo. Los archivos ya están abiertos. Ayer (por el jueves) se desclasificaron cinco mil documentos relativos a la dictadura en Chubut.
El tema es encontrar en esos archivos la documentación que permita avanzar. En el caso de los tal vez más de 400 hijos apropiados y no recuperados está en elaboración el proyecto de creación de una unidad especial investigadora sobre la apropiación de niños para trabajar complementariamente con la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) y con las Abuelas. Hay archivos que dicen que se destruyeron pero todos los días aparecen datos que solo pudieron haber salido de allí. Hay respuestas de la Marina en causas judiciales que son indicativas de que las respuestas se hicieron consultando archivos clandestinos de la ESMA. Si se leen libros de un apologista de la dictadura como Carlos Manuel Acuña es evidente que hay información de archivos no públicos.
–¿Hay posibilidad de recuperar otros lugares en los que funcionaron centros clandestinos de detención?
–Ya hay una decisión oficial, que no es posterior al 24 sino que hemos venido trabajando hace meses, que es El Olimpo. Ahí funcionan todavía dependencias de la Policía Federal. Hubo una decisión presidencial compartida con el ministro de Justicia (Gustavo Beliz). Fuimos a ver el lugar con sobrevivientes: toda el área donde funcionó el centro clandestino era un nido de ratas diferentes y donde había acumulación de basura y trastos en desuso. Fue limpiado y pronto entraremos en la etapa de debatir con los sobrevivientes y la asamblea barrial, que tomó muy a su cargo esta lucha por la preservación de lo que fue El Olimpo, qué características van a tener esas dependencias.