EL PAíS
› RUCKAUF INTENTA VOLVER MONTADO EN LA PROTESTA POR LA INSEGURIDAD
El que se fue sin que lo echen
Fugado de la provincia de Buenos Aires con la crisis del 2001, Ruckauf quiere volver al protagonismo político junto con su ex ministro y actual diputado Jorge Casanovas, que compartió el gabinete con Aldo Rico y Ramón Verón, un militar y un comisario. Bajo su mandato la Bonaerense recuperó su carácter pleno de banda, en un modelo que se repitió con el asesinato de Axel Blumberg.
› Por Martín Granovsky
En su larga fuga desde la provincia de Buenos Aires, de donde huyó en 2001 para no cargar con los costos de la crisis que se llevó puesto a Fernando de la Rúa, Carlos Ruckauf está encontrando un nuevo calor de hogar: el actual diputado maniobra para tejer una fuerza propia en la Cámara de Diputados. Su proyecto es recuperar liderazgo subiéndose a la ola creada por el asesinato de Axel Blumberg. En ese plan juega un papel clave el ex juez Jorge Casanovas, quien intenta convertirse en el “técnico” de los reclamos que impulsa el dolido Juan Carlos Blumberg.
Ruckauf llegó a la gobernación de Buenos Aires con el apoyo del cavallismo derrotando a Graciela Fernández Meijide, en 1999. Ganó por un hábil tejido de corte de boletas, en el que se benefició con los votos de la Unión del Centro Democrático. Y montó una campaña de mano dura estigmatizando a los demás: quienes no compartían sus criterios, automáticamente eran presentados como amigos de los delincuentes.
Cuando De la Rúa se tomó el helicóptero desde el techo de la Casa Rosada y después de una breve transición Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, Ruckauf se convirtió en su canciller. Así dejó el infierno de la provincia a su vice, Felipe Solá, y se acostumbró a pasar más tiempo en una casa de campo en las afueras de Nueva York que en Buenos Aires. El puesto le sirvió para pasar inadvertido mientras observaba el fin de la ola del “Que se vayan todos”.
Elegido diputado en las listas del duhaldismo, conservó fueros que le podrían servir, por ejemplo, si algún día la Justicia investigara a fondo el uso de dinero en la Dirección de Ayuda Social del Congreso, donde trabajaba Mario Pontaquarto cuando Ruckauf, como vicepresidente de la Nación de Carlos Menem, era el presidente nato del Senado.
Su reaparición pública tuvo una parte frívola –el implante de pelo que lo convirtió de un calvo olvidado en un personaje de televisión– y una política. La última estuvo dada por su papel como adalid del aumento de penas como solución mágica a la ola de inseguridad concentrada sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Casanovas también fue electo diputado en la misma lista de bonaerenses y está articulado con Ruckauf en la magia de la policía brava.
Con funciones importantes en la carrera judicial desde 1974, llegó a la Cámara de Casación Penal. Pasó a la política abierta cuando en 1999 Ruckauf lo convocó para ser su ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Allí convivió con Aldo Rico, un político con origen militar, como ministro de Seguridad. También cohabitó con otro supuesto idóneo, el comisario Ramón Orestes Verón. Verón y Rico terminaron dejando el puesto en medio de escándalos y sin haber dado muestras de eficacia alguna.
Era, casi, anticipado, el sueño que propuso el columnista Mariano Grondona en La Nación del último domingo. Un supuesto idóneo en Justicia, Casanovas, y un supuesto idóneo en Seguridad, Rico.
Con ambos expertos en la provincia, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales los asesinatos en Buenos Aires pasaron de 1352 en 1999 a 1450 en el 2000. Sólo por fuego cruzado entre policías y ladrones hubo en el 2000 16 muertos y 40 heridos.
La llegada de Ruckauf, Casanovas y Rico-Verón enterró la experiencia de descentralización y aumento de control sobre los efectivos de la Bonaerense comenzada por León Carlos Arslanian en 1998.
Un hombre de Arslanian, Carlos Beraldi, suena estos días como nuevo encargado de Seguridad en la provincia, y aún no puede descartarse que el propio Arslanian recale personalmente en una función concreta.
Por eso es que también Arslanian empezó a recibir críticas directas. Ayer la presidenta del Centro de Estudios Convergencia Ciudadana, Paola Spatola, dijo a Radio 10 que la reforma policial de Buenos Aires se hizo a medias y que Arslanian desarticuló la “inteligencia criminal”.
Spatola no es una experta independiente. Asesoró a Carlos Menem durante la campaña presidencial del 2002, la misma que el entonces candidato abandonó antes de afrontar una derrota en la segunda vuelta que en las encuestas de intención de voto llegaba al 70 por ciento en favor de Néstor Kirchner. Menem es el mismo político que ahora, en la ancianidad y desde Chile, acaba de proponer el uso de los militares en funciones de seguridad, algo en lo que coincide con otro reaparecido: el ex secretario de Seguridad y ex jefe de Inteligencia Miguel Angel Toma.
En cuanto a la inteligencia provincial, el viejo aparato de la Bonaerense se opuso en todo momento a realizar un mapeo del delito, que obliga a reasignar fuerzas y destruye articulaciones ilegales con la política. Para la verdadera inteligencia orientada a la prevención la estructura original era más un estorbo que una ventaja.
Para recuperar algo del viejo poder, Spatola propone reincorporar a cien oficiales pasados a retiro. “Son los que tienen la mayor experiencia, y el Estado invirtió mucho dinero en ellos”, dijo.
A estos nombres, que buscan pasar por técnicos rodeados de asepsia, se suma el de la diputada Mirta Pérez, que también mantiene contactos con Casanovas y trata de ser consejera de Blumberg aprovechando su condición de víctima. Pérez llegó a la Cámara como representante del Frente Popular Bonaerense de Aldo Rico. Otro compañero de bancada es Hugo Franco, el ex director de Migraciones de la época de Carlos Menem que en el verano asesoró al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez en el secuestro de su padre. César Arias, que fue secretario de Justicia de Carlos Menem, es el político a quien Casanovas reconoce como su padrino político.
Blumberg se presentó el domingo a la noche en el programa de Grondona con Casanovas. Y el propio Casanovas es tan consciente de la resistencia que generan algunos apellidos que debió aclarar:
–Yo fui ministro de Justicia de Ruckauf, pero no estoy acá por eso, ¿eh?
En ese programa Casanovas evitó recordar que fue uno de los pocos funcionarios judiciales argentinos que una vez pidieron la pena de muerte. Lo hizo durante la dictadura, en 1979, para un caso de secuestro extorsivo.
También Ruckauf eligió desde ayer una línea de defensa que consiste en sumarse a Blumberg y quedar bajo su paraguas.
“Primero intentarán deteriorar las ideas de Juan Carlos Blumberg, después tratarán de que pase el tiempo para bajar los niveles de ansiedad de la gente y, finalmente, van a empezar a atacarlo a él”, dijo por radio. Como para sembrar un poco de intriga, Ruckauf se manifestó “pesimista” sobre la eventualidad de endurecer las leyes el miércoles en el Parlamento, y puso como clave la reunión de hoy a la tarde en la Comisión de Legislación Penal.
A Casanovas, que integra esa comisión, le gusta la polémica. Suele intervenir en mesas redondas sobre inseguridad. Los memoriosos recuerdan una en el Instituto de Estudios Políticos junto al manodurista Eduardo Feinmann, los ex abogados del dictador Roberto Viola Sergio Marutian y José María Orgeira y el antiguo experto en seguridad Horacio García Belsunce.
Casanovas es un especialista en propagandizar la necesidad de bajar la imputabilidad penal a 14 años. Su fundamentación es que en el 2000 el 40 por ciento de los detenidos en la provincia de Buenos Aires por enfrentamientos armados con la policía fueron menores.
Su argumento es el habitual en estos casos: el que confunde derechos humanos –responsabilidad del Estado, encargado de velar por las garantías individuales de todos los ciudadanos– con una suerte de gracia especial de la que gozarían los delincuentes o presuntos delincuentes.
“Ruckauf quiere que los derechos humanos de la gente honrada sean efectivos”, dijo cuando todavía era ministro de Justicia de la provincia. Y agregó: “Y que no se piense tanto en los derechos de los delincuentes”.
Según la Constitución, los derechos individuales tienen vigencia universal, porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Pero si alguien considera este principio como muy rimbombante, puede apelar a un criterio de eficacia: Ruckauf, Casanovas, Spatola, Pérez, Rico y Franco ya gobernaron o asesoraron a quienes gobernaron. Y bajo el mandato de algunos de ellos fue que la Policía Bonaerense se transformó en una banda subdividida en señores feudales con jurisdicción sobre territorios de recaudación ilegal. Exactamente lo que llevó al asesinato de Axel Blumberg.
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