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A diecisiete años de la masacre de Budge, en la que tres jóvenes fueron fusilados por integrantes de la Bonaerense, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) lanzó una campaña de afiches con las fotos de los uniformados Juan Ramón Balmaceda y Jorge Miño, condenados por homicidio y aún prófugos. Por el caso, sólo el cabo Isidro Romero cumple una pena de 11 años. Además, familiares y amigos de las víctimas y organizaciones de derechos humanos marcharon anoche en reclamo de justicia. Se realizó el “Corte contra la impunidad”, frente a la comisaría 10ª de Puente La Noria, lugar de destino del trío.
El 8 de mayo de 1987, a las 18.30, Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaraz (de 19, 20 y 24 años) estaban en la esquina de Figueredo y Guaminí, de Ingeniero Budge, cuando de una camioneta descendieron tres policías que dispararon sobre ellos. Olivera recibió siete disparos y Aredes, siete. A Argañaraz, que había sido herido en una pierna, lo llevaron al hospital, donde llegó con un impacto en la cabeza. La Bonaerense plantó armas para simular un enfrentamiento, pero testigos y pericias balísticas determinaron que había sido un fusilamiento.
Por el caso se realizaron dos juicios. En el primero, con sentencia el 24 de mayo de 1990, se condenó al suboficial mayor Juan Balmaceda y al cabo Jorge Miño a cinco años de prisión por homicidio en riña, y al cabo Isidro Romero a 12 por homicidio simple. El juicio fue anulado por la Suprema Corte bonaerense. El nuevo juicio finalizó el 24 de junio de 1994, con condenas de 11 años para los tres policías, por homicidio simple. Pero los efectivos, que estaban en libertad, fugaron luego del fallo. Las órdenes de detención se dictaron recién en 1998. Un año después fue capturado Romero.
“Después de haber sido condenados a 11 años, sólo Romero se encuentra en prisión –dijo una fuente de Correpi–. Balmaceda y Miño siguen libres. Para hacer efectivo el encarcelamiento lanzamos la séptima campaña”. La iniciativa consiste en empapelar las calles con afiches en los que aparecen las fotografías de los tres policías y un texto: “A pesar de estar condenados sólo uno de ellos está en la cárcel. Los otros dos siguen prófugos gracias a la complicidad de sus compañeros y del gobierno”. También figura un teléfono (4371-8066) y el correo electrónico [email protected], para realizar denuncias.
En tanto, ayer se realizó la Marcha de las Antorchas, en memoria de Aredes, Olivera y Argañaraz. Comenzó en la capilla de Ingeniero Budge, se detuvo durante una hora en la puerta de la comisaría 10ª y finalizó en la esquina de Figueredo y Guaminí, lugar del fusilamiento.
La masacre de Budge no fue la primera en la que intervinieron miembros de la Bonaerense, pero sí la primera que tuvo repercusión en los medios periodísticos, luego de que el abogado de las víctimas, León Zimmerman, acuñara el término de gatillo fácil para describir las debilidades del dedo policial.
“Las responsabilidades de que estén prófugos son de la Cámara como de la Corte –denunciaron desde la Correpi–, por no tomar ninguna medida preventiva para detenerlos. Lo mismo de la policía que nunca hizo nada para que se cumpla la detención.” También responsabilizaron al gobierno bonaerense, “que publicaba en los diarios las fotos de los homicidas, pero con más de veinte años de antigüedad, fotos de cuando habían ingresado a la fuerza”.