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El gobierno de Néstor Kirchner deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las condiciones en las que se ejerce en la Argentina el derecho a la libertad y la democracia sindical. Así lo dispuso ese organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) al dar curso a una denuncia sobre “graves y reiteradas violaciones” a ese derecho que realizaron la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La CIDH tomó la decisión de requerir al Gobierno un detallado informe sobre ese tema en respuesta a los planteos que representantes de la CTA y el CELS realizaron en una audiencia especial sobre la situación de los derechos humanos en el país, que tuvo lugar en Washington el último 5 de marzo. Lo que denunciaron entonces fueron graves y reiteradas violaciones a la libertad y la democracia sindical, así como la incompatibilidad de la ley sindical argentina con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Entre otras cosas, la CTA y el CELS afirmaron ante los miembros de la CIDH que la legislación nacional discrimina en forma irrazonable a las nuevas organizaciones gremiales y ahoga toda posibilidad de surgimiento de otros sindicatos diferentes a los que ya existen. También aseguraron que son frecuentes los despidos de trabajadores que intentan conformar nuevas organizaciones gremiales y que en muchas ocasiones se concretan a instancias del sindicato mayoritario.
La CIDH requirió al Gobierno que informe cómo funcionan la protección o tutela de los representantes sindicales de las organizaciones que no cuentan con personería gremial y cuáles son los derechos y las garantías con que cuentan esas organizaciones para el ejercicio del derecho de huelga y la representación de los trabajadores en conflictos colectivos. También solicitó que se le precise si tienen restricciones para financiar su actividad a través de la cuota sindical y que en un plazo no mayor a 45 días se le aclaren cuáles son las condiciones legales y los posibles obstáculos para acceder a la personería gremial.
La CTA y el CELS destacaron que la decisión de la CIDH “ubica el debate sobre libertad y democracia sindical en la agenda de política internacional de derechos humanos del Gobierno”.