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Fueron, vieron y organizaron. Los custodios de Fernando de la Rúa circularon el viernes por el edificio de Comodoro Py 2002 para realizar una apreciación “in situ” del terreno sobre el que se moverán hoy, cuando el ex presidente acuda al juzgado de Norberto Oyarbide para declarar como testigo en la causa sobre un supuesto complot que contribuyó a derrocarlo. La investigación comenzó con una denuncia, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, que menciona un posible “acuerdo entre (Raúl) Alfonsín y (Eduardo) Duhalde” y afirma que “De la Rúa renunció bajo coacción”, según consta en el expediente al que Página/12 tuvo acceso. Para el denunciante, la presunta conspiración que terminó con el gobierno de la Alianza constituyó un “atentado contra el orden institucional y la vida democrática”. Sin embargo, aún no hay en el sumario ninguna precisión con respecto a quiénes confabularon, con qué objetivos y dónde se produjeron las reuniones preparatorias de este virtual golpe institucional.
En el juzgado de Oyarbide recibieron la denuncia del abogado bahiense Carlos Enrique Irigoyen poco tiempo después del traumático final de la administración delarruista. Los investigadores se entusiasman con la idea de reconstruir este capítulo que “toda la sociedad está deseosa de conocer”. Pero a la vez prefieren la cautela y consultados por Página/12 enfatizaron que aún no hay acusados en el caso. Aunque la denuncia menciona la ley 23.077, que contempla los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, tales como la traición o la sedición, aún no hay ninguna persona imputada en la causa, ni por el denunciante ni por el fiscal. Irigoyen insiste en que la causa quede en manos de la justicia de Bahía Blanca pero el juez Alcindo Alvarez Canale ya se declaró incompetente.
Para conocer cómo se desarrolló la manifestación popular del 19 y 20 de diciembre, el magistrado pidió informes a las policías federal y provincial, y a la SIDE. El informe que enviaron los espías al mando de Carlos Soria fue tan escueto que el juez decidió citar a su antecesor, Carlos Becerra. El radical estaba con un pie en el avión hacia Córdoba pero prefirió acudir al juzgado antes de la fecha establecida y Oyarbide lo recibió el jueves, tal como publicó Página/12 en exclusiva.
“¿Conocía la SIDE el origen de los saqueos?”, preguntó el juez. “Teníamos información de que había acciones espontáneas y otras preparadas y organizadas. De hecho, todavía hay imputados por esos hechos, algunos de los cuales tuvieron un acompañamiento político”, respondió Becerra. “¿Hubo reuniones políticas sobre un recambio institucional?”, insistió Oyarbide. “La información provenía del Congreso sobre la posible iniciativa de un juicio político (a De la Rúa) pero sólo por comentarios periodísticos”, contestó el ex funcionario en rol de testigo.
Oyarbide quiere escuchar a los que en los últimos meses hablaron de un complot contra el ex presidente. Ya interrogó al periodista Jorge Camarasa, que escribió el libro “Días de Furia”, y a Rodolfo Balbín, que mantuvo un diálogo con el ex presidente Carlos Menem en el que le anticipó el final del gobierno aliancista. Pero ante el juez dijo que sólo se guió por sus “años y olfato”. Además de De la Rúa, que está convocado para hoy, desfilará mañana Sonia Abrazian de Cavallo y el jueves la ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich.
El fiscal Stornelli quiere que Menem explique por qué acusó al canciller Carlos Ruckauf de haber sido “uno de los que más se movió para que se produjeran” los saqueos de diciembre. Aunque no le parece descabellado, por ahora el juez no lo citará. En la denuncia fueron mencionados los principales referentes del sindicalismo como parte de la conspiración y trascendió periodísticamente que serían Rodolfo Daer, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. Stornelli pidió que algunos sean citados pero en el juzgado prefieren esperar por si el avance de la pesquisa propicia que deban acudir a dar explicaciones en calidad de sospechosos y no de testigos. Esta investigación, que ya ocupa más de 200 fojas, cobró relevancia tras la declaración indagatoria que prestó De la Rúa en el juzgado de María Servini de Cubría. Aunque había sido acusado por los cinco homicidios ocurridos durante la represión que ordenó antes de su retirada, De la Rúa sólo fue interrogado por 29 detenciones ilegales realizadas por la Policía Federal en el marco del estado de sitio. Pero aprovechó la oportunidad para plantear, a través de un escrito, que fue víctima de un complot organizado por la oposición para derrocarlo. “Hay múltiples reclamos para averiguar si se movilizó a grupos violentos por objetivos políticos”, afirmó el ex presidente. Agregó que “hubo ataques provocados convocando falsamente a reparto de comida para incitar al saqueo” y “marchas alentadas oficialmente como la iniciada por el intendente (Mariano) West de Moreno”. Además recordó que “el dirigente piquetero (Luis) D’Elía denunció que el gobierno provincial quiso pagar para los asaltos”. En definitiva, su versión concluyó que “habría existido una incitación organizada para precipitar la crisis”.
El denunciante Irigoyen posibilitó que la tesis cobrara estado judicial. Para los radicales esta causa es la contracara de la investigación por la masacre de Plaza de Mayo, en la que fueron asesinados cinco manifestantes, y por la que están presos el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, de ese partido, y el ex jefe de la Federal Rubén Santos. Los investigadores se preguntan si los que se movilizaron aquel día desde la provincia fueron incentivados y por quiénes, al tiempo que dudan. ¿Dilucidarán cómo cayó De la Rúa o permitirán que los políticos usen el expediente para exculparse o cruzar versiones y acusaciones?