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“Si esto les pasara a argentinos residentes en el exterior, la opinión pública se indignaría”, señaló un abogado de la Defensoría del Pueblo porteña. Ese organismo, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó recursos de amparo en favor de decenas de latinoamericanos residentes en el país, a quienes el Ministerio de Salud no les entrega medicamentos contra el VIH/sida por carecer de documentos de identidad argentinos. Los afectados viven desde hace años en el país, en muchos casos han formado familia aquí, y es probable que hayan contraído aquí la infección. El Ministerio de Salud contesta que necesita el número de documento para constatar que el paciente efectivamente resida en el país y no tenga cobertura social. Desde el Foro de ONG que trabajan en VIH, juzgan que la solución de fondo sería un acuerdo que abarcara a todos los países del Mercosur, lo cual, por lo demás, “generaría un poder de compra conjunto que abarataría los medicamentos”.
La Defensoría y el CELS presentaron pedidos de amparo por dos casos en particular pero, en ambos, el pedido incluye a “todo el colectivo de inmigrantes de la Ciudad de Buenos Aires”. En uno de los casos, la paciente ya falleció. El otro, una mujer, espera sentencia en el juzgado 5 del fuero civil y comercial federal, a cargo de Jorge Diego Anderson: el magistrado ya dictó una medida cautelar que garantiza a la paciente la provisión de medicamentos y análisis clínicos mientras se decide la cuestión de fondo; la sentencia se prevé para dentro de las próximas dos semanas. Además, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), cuando era dirigido por Raúl Zaffaroni, efectuó denuncia penal por “abandono de persona”.
Según explicó a este diario Pablo Ceriani, abogado del CELS, “el Ministerio de Salud de la Nación exige a las personas con VIH, para entregarles medicamentos, la presentación de documento de identidad, requisito que no forma parte de la Ley 23.798, que obliga al Estado nacional a hacerse cargo de los tratamientos de VIH”. El representante del CELS comentó que “en los casos que hemos tomado a nuestro cargo, se trataba de personas que residen acá desde hace muchos años, tienen familia argentina y muy probablemente se contagiaron viviendo acá”.
Pero, ¿por qué, si viven acá, no tienen documentación? “Porque la Ley 22.439, de Migraciones, que data de la última dictadura militar, responde a la doctrina de seguridad nacional, donde el inmigrante es un potencial enemigo, y entonces establece para la radicación un mecanismo engorroso y carísimo”, contesta Ceriani. Desde la Defensoría del Pueblo porteña, el abogado Diego Morales observa que “el trámite migratorio cuesta unos 800 pesos y demora dos o tres años para acceder a alguna documentación”, y agrega que “en la Defensoría, solamente el año pasado, tuvimos 500 casos por irregularidades y maltratos desde la Dirección de Migraciones”.
La secretaria de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, Graciela Rosso, explicó así a este diario la actitud de esa cartera: “El ministerio debe entregar medicamentos a quienes no tengan cobertura social: para saber que efectivamente el paciente no dispone de obra social que pueda cubrir el tratamiento, tenemos que cruzar la información con el sistema de seguridad social, y para eso necesitamos el número de documento. También necesitamos saber que esa persona efectivamente vive en la Argentina y no está de paso”.
Para Mario Burgos, de la mesa nacional del Foro Nacional de ONG con trabajo en VIH/sida, “el problema de fondo es la falta de una política común entre los países limítrofes. Venimos reclamando que se promueva un acuerdo del Mercosur, donde cualquier ciudadano pueda atenderse en cualquiera de los países, mediante un mecanismo compensatorio. Esto supondría una disposición de todos los países miembros para suministrar tratamientos (actualmente los únicos que brindan los tratamientos completos son Brasil y Argentina). Además, el poder de compra que el Mercosur adquiriría, a partir de esa acción conjunta, haría que los precios de los medicamentos antivirales bajaran notablemente”.