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Por Verónica Gago

A una semana del plebiscito por el Plan de Inclusión Social (PIS) –donde según el oficialismo votó un 70 por ciento de la población y según la oposición un 40–, la situación en San Luis no se ha normalizado como aspiraba el gobierno puntano. Tras seis meses de protesta social, persisten tres ejes de conflicto: el cuestionamiento al modo en que el gobierno gestiona los planes para desocupados; el conflicto de la doble intendencia que gobierna la capital, que estaría por resolver la Corte Suprema, y el particular estilo de gobierno de los Rodríguez Saá –ejercido por 21 años–, que ya desgastó a límites irreversibles su relación con la oposición, ahora aglutinada en la Multisectorial.
Esta conflictividad permanente motivó la instalación de un Observatorio de Derechos Humanos por parte de la Secretaría a cargo de Eduardo Luis Duhalde. Tras la represión del último lunes, las 64 organizaciones que reclaman la intervención de la provincia enviaron telegramas al ministro de Interior, Aníbal Fernández; al defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La semana previa a la consulta ya fue agitada: la Carpa de la Dignidad, instalada por los docentes desde marzo, fue tajeada y quemada; el periodista de Radio Nacional, Daniel Canyuman recibió varios culatazos en la cabeza; cuatro docentes de la escuela Lucio Lucero fueran sumariadas por María Antonia Salino –que las acusó de discriminar a hijos de funcionarios y de beneficiarios del PIS–, y otras dos maestras recibieron amenazas de muerte. La calma tampoco llegó tras el plebiscito. Al día siguiente, la manifestación de la Multisectorial fue reprimida, un chico de 12 años fue herido en el cuello por un gas lacrimógeno y se intentó detener a Daniel Sosa, concejal de la oposición.
De la Promoción al PIS
El analista José Samper y el secretario de Hacienda de la municipalidad opositora, Víctor Lucero, coinciden en señalar que desde que asumió Alberto Rodríguez Saá, hace poco más de un año, se abandonó la obra pública como política de gobierno. El reemplazo fue el PIS, en buena medida porque las grandes recaudaciones que la provincia supo conseguir gracias a la Promoción Industrial decayeron abruptamente. De casi 1100 fábricas que se instalaron en San Luis, hoy funcionan menos de 400. Los puestos creados en el auge de la Promoción Industrial llegaron a los 45 mil, cifra casi idéntica a la de beneficiarios del plan. Hoy los planes representan un 25 por ciento del presupuesto provincial.
El PIS consiste en una asignación mensual de 330 pesos por siete horas de trabajo diario. El pago no es en dinero sino en bonos (Cheques de Inclusión Social), que muchas veces son reconocidos en los comercios que los reciben por debajo de su valor. En San Luis no hay impedimento para que más de un miembro por familia sea beneficiario –los únicos requisitos son ser mayor de edad y tener dos años de residencia– e incluyen la cobertura de obra social.
Nora Estrada, presidenta del bloque del PJ de San Luis, explica la visión del gobierno: “El plan tiene etapas. La primera es incluir a los que no tienen ingresos; la segunda, que todos puedan cobrar cada mes. Ambas ya funcionan. La tercera etapa es pasar los planes a actividades productivas, pero para eso es necesario una cultura del trabajo, que la gente se acostumbre a cumplir horarios. Y esto no se logra de un día para otro. Hoy las tareas son principalmente de forestación, limpieza de canales y ríos y mantenimiento de rutas. Pero, en la localidad de La Carolina, las 80 personas del plan ya fueron incorporadas a la actividad privada. Hay otras que están trabajando en Sol Puntano, una empresa estatal provincial que produce verduras”.
Planes y política
Buena parte de los conflictos en la provincia se desató cuando el gobierno intentó introducir hombres y mujeres de los Pico y Pala –como se llama a los beneficiarios de los planes que realizan tareas de mantenimiento– como directores de escuela, interventores en hogares religiosos y acompañantes de policías en los patrulleros. La idea, según los sectores en conflicto, tenía dos objetivos: introducir una red de punteros políticos en puestos clave y que el monto de los planes se convierta en el patrón hacia el cual tendieran los sueldos estatales.
Los planes son manejados directamente por el gobierno, sin mediación de organizaciones sociales. A diferencia de las reivindicaciones que dieron origen a las organizaciones de desocupados, en San Luis no existen movimientos que autogestionen recursos. Tampoco hay posibilidad de negociación colectiva ni decisión sobre las contraprestaciones, sólo asignación individual de planes. El propio Alberto Rodríguez Saá dijo que con los planes construyó “la más grande Unidad Básica”. El ex diputado provincial Jorge Daffra asegura que la obediencia política que el gobierno obtiene con los planes se debe a la amenaza permanente con dar de baja a quienes no participen de las marchas oficiales.
Ariel, estudiante de 27 años, asegura que toda su familia tiene planes y que eso desalienta su participación política en las marchas opositoras: “No puedo poner en peligro el ingreso de mi mamá y de mis dos hermanos”, grafica. Laura, ama de casa de más de 40 años, relata: “Mi marido va a las marchas como un trabajo más. Eso no significa que esté de acuerdo con que se reprima a la Multisectorial. De hecho, yo fui una de las que dejé de mandar a mis chicos a la escuela cuando reemplazaron a la directora por un funcionario, creo que era contador, de los Pico y Pala”.
Ni el monto ni los beneficios del plan son cuestionados, ni se duda que disminuyeron sustancialmente las familias sin ingresos. Roberto Sánchez, de la Asociación de Docentes Universitarios, explica que “nadie está en contra de los Pico y Pala. Todos sabemos que esos planes tienen que continuar”. Lo que sí se cuestiona son las implicancias políticas, especialmente por los integrantes de la Multisectorial que dijeron a Página/12 haber visto a la “Policía Comunitaria” –miembros del PIS– tomar patentes de autos en lugares cercanos a donde se realizan reuniones opositoras. Además, asegura la oposición, los Pico y Pala terminan mezclados en la puja política provincial. El momento más duro fue la movilización a la que concurrió el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, representantes de Madres de Plaza de Mayo y diputados nacionales. Junto a afiliados de la Uocra leales a Rodríguez Saá, un numeroso grupo de los Pico y Pala estuvo apostado en las puertas de la gobernación, por donde debía pasar la marcha opositora, y lanzó contra los manifestantes piedras a la vez que los regaban con orina. Ese mismo día, Rodríguez Saá lanzó la consulta popular.