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“Yo sigo trabajando en el perfil del noveno integrante de la Corte Suprema de Justicia”, respondió el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, cuando se le volvió a preguntar si el Gobierno estaba dispuesto a tomar como propia la propuesta de varias organizaciones no gubernamentales para reducir, de nueve a siete, el número de integrantes del máximo tribunal. El lunes había dicho que el tema estaba “en estudio” pero ayer fue mucho más cauto: “Yo respeto las opiniones de todos. El Poder Ejecutivo no se expresó”, subrayó, cuando al salir de la reunión que durante más de dos horas mantuvo con varios senadores nacionales, los cronistas puntualizaron que algunos miembros del tribunal se mostraron partidarios de la idea de achicar la cantidad de ministros de la Corte.
En privado, los legisladores también le preguntaron al ministro por el futuro de la Corte. “Ni sí, ni no. La respuesta de Rosatti fue un ni”, confió a este diario uno de los parlamentarios que participó del encuentro realizado en el Salón Gris de la Cámara alta. Sobre otros puntos polémicos, el ministro se limitó a decir: “Quedamos en conversarlos”. Entre esos temas se encuentra la iniciativa de los bonaerenses de provincializar la competencia hoy federal de los casos de drogas en menor cuantía. Proyecto que fue ayer muy criticado por funcionarios del Sedronar, de la Cancillería, de la Procuración, de la Asociación de Magistrados y por la jueza Lucila Larrandart, de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires.
El punto central de la reunión, de la que participaron los senadores Jorge Yoma, Miguel Angel Pichetto, Marcelo López Arias, Sonia Escudero, Roxana Latorre, María Laura Leguizamón y Daniel Scioli por el peronismo, Jorge Agúndez y Amanda Isidori por el radicalismo y la frepasista Diana Conti, fue el de juicio por jurados. La iniciativa, que forma parte del texto constitucional de 1853, nunca fue implementada.
“La reunión fue para consensuar los puntos contradictorios entre el proyecto que envió (el ex ministro) Gustavo Beliz y el anterior de Jorge Yoma”, comentó a Página/12 uno de los senadores. Yoma definió la propuesta como “el cambio cultural más importante que en décadas puede tener nuestro país. Implica el involucramiento de la sociedad en el castigo de quien infringe sus normas. Además de novedoso es revolucionario, a pesar de que hace más de 150 años está en el texto constitucional”.
Entre otras características, el juicio por jurados sería para todos los delitos, aunque en una primera etapa se aplicará en los casos dolosos seguidos de muerte con una pena mayor a seis años. La implementación definitiva llevará un año. El juicio por jurados será obligatorio, salvo que exista un acuerdo de las partes involucradas, en cuyo caso se realizará un juicio técnico.
El instrumento comenzará a aplicarse en la ciudad de Buenos Aires y las demás provincias se sumarán por adhesión. El pronunciamiento del jurado se realizará por culpabilidad o inocencia y el juez fijará la pena. Para un fallo de culpabilidad hará falta el respaldo de dos tercios del tribunal, es decir, nueve de los doce integrantes. La absolución será por mayoría simple. Y las apelaciones todavía no están definidas. “Dentro de 15 días puede haber dictamen de comisión”, dijo el titular del bloque oficial, Pichetto. Para que pueda implementarse en 2006 es necesario que se apruebe en este período legislativo. Tarea titánica si las hay.