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Ha pasado a ser poco menos que un lugar común entre los sectores situados a la izquierda del mapa político argentino, hablar del agotamiento del “régimen”. Hasta hace poco una impugnación parecida, la que llamaba a cambiar el “sistema”, era patrimonio de las expresiones políticas ancladas en las certezas propias de la Guerra Fría; en cambio la presente alusión confrontativa al “régimen” suele campear en el territorio conocido como “progresista” o de “centroizquierda”.
Una discusión que pretendiera cierta relevancia debería estar enmarcada en un acuerdo sobre el significado de las palabras. Una añeja tradición teórica define al “régimen” como un conjunto de reglas de juego plasmadas en instituciones que reglan la convivencia dentro de una determinada comunidad política. Se suele atribuir también a la palabra un contenido más extenso: el que incluye los valores y principios que lo inspiran, las instituciones que lo conforman y su rendimiento en términos de calidad de vida de los ciudadanos.
¿Es éste el significado que le atribuyen a la palabra quienes niegan legitimidad al régimen político argentino? Si se trata de algún otro sentido, sería bueno que se aclare para evitar las confusiones. Si, en efecto, de lo que se habla es de la necesidad de cambiar el régimen en el sentido antes expuesto, corresponden algunas precisiones. Nadie que pretenda situarse en la izquierda podría manifestar conformidad con el “rendimiento” del régimen político en los últimos años: son sobradamente conocidos los datos que cifran la calamidad social que atraviesa nuestro país. Ahora bien, la pregunta pertinente es si la impugnación del régimen recae en estos rendimientos y se asocia con una identificación de las causas del fracaso o si se proyecta a los valores y las instituciones que reglan su funcionamiento.
En este último caso –es decir en el caso de que se proponga una reforma institucional radical– no estaría mal que quienes lo auspician sean más precisos en sus propuestas. Hasta ahora, el país se ha regido por una Constitución que dispone la regla de la mayoría para elegir sus autoridades, la división de poderes, el derecho de libre expresión, la pluralidad de alternativas políticas y un conjunto de derechos y garantías considerablemente ampliados con la incorporación al plexo constitucional de los tratados firmados por el Estado argentino. Naturalmente, la Constitución no es intocable; y así lo expresa su propio texto que dispone los procedimientos para su reforma. Pero ¿cuáles son las reglas de juego que habrán de ser cambiadas si triunfan los impugnadores del “régimen”? Sería un acto de honradez política especificarlo.
De otra manera, quedan dos alternativas. O bien la impugnación del régimen es un puro recurso demagógico para atraer audiencias indignadas o, peor aún, es una lamentable incursión de sectores de la izquierda democrática en una retórica caída en desuso, no por imperio de la moda sino por el desastroso balance de su aplicación en aquellos sitios donde se transformó en realidad política.

* Miembro del Club de Cultura Socialista. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.