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Por Miguel Jorquera

El tratamiento parlamentario para desaforar al piquetero Luis D’Elía deberá esperar una semana más. Ayer, la sesión de la Cámara baja bonaerense se cayó por falta de quórum y el desafuero pedido por el juez federal Jorge Urso, por la toma de la comisaría 24 de La Boca, no adquirió el estado necesario para su tratamiento. La Comisión de Asuntos Constitucionales, que debe expedirse sobre el caso, ya acordó los pasos formales a seguir pero entre su miembros existen opiniones encontradas que van desde condenar al dirigente piquetero hasta imaginar un acoso producto de la interna justicialista para judicializar la protesta. D’Elía dio un paso atrás y reconoció que fue “una equivocación” adjudicarle al duhaldismo la muerte del militante que desató la protesta y apuntó contra “la mafia policial”.
El posible desafuero a D’Elía era uno de los temas que mayores expectativas despertaba antes de la frustrada sesión que ayer tenía prevista la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo, todos los legisladores consultados por Página/12 le quitaron responsabilidad al tema por la falta de quórum y aseguraron que el mismo debía tener pronto tratamiento parlamentario. Urso pidió que la Cámara baja despojara de los fueros al dirigente piquetero para tomarle declaración indagatoria por nueve delitos cometidos por miembros de la Federación de Tierra y Vivienda en la toma de la comisaría 24ª de La Boca, ocurrida el pasado 26 de junio, cuando le reclamaron a la policía su inacción frente al crimen del dirigente social Martín “El Oso” Cisneros.
Carlos Bonicatto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aseguró a este diario que “todavía no recibimos la documentación, creo que son seis cuerpos, para tratar el pedido del juez”. El diputado justicialista dijo que la comisión se reunió para “analizar y evaluar algunas de las cuestiones del trabajo que deben desarrollar sobre el tema como la divergencia sobre el alcance de los fueros, en especial el aspecto de la territorialidad: es decir si los fueros de un legislador provincial trasponen o no los límites geográficos de la provincia y sobre lo cual hay un solo antecedente jurídico expedido por la Corte Suprema en 1913”. Un dato que tuvo en cuenta el propio presidente de la Cámara, Osvaldo Mércuri, cuando expresó que “sería inviable el desafuero porque el delito que habría cometido (D’Elía) ocurrió fuera de la provincia de Buenos Aires”.
El segundo aspecto que dicutió la comisión fue si el juez Urso citó o no a D’Elía previamente al pedido de desafuero remitido por el magistrado a la Cámara baja provincial. Para muchos de los presentes en la reunión si el juez no lo citó “estaría incurriendo en prejuzgamiento”.
Para Bonicatto también habría que “analizar las circunstancias en que sucedieron los hechos. Tomemos en cuenta que hubo una persona muerta que provocó el reclamo en la comisaría y la relación emocional intensa de D’Elía con el dirigente de su agrupación asesinado”.
Juan Pedro Tunessi, diputado radical y vicepresidente de la comisión, dijo que “es un tema de alto voltaje político que está ligado a la interna del PJ, por la cercanía de D’Elía al presidente Kirchner. Pero Tunessi se mostró molesto por “la provocación mediática de D’Elía diciendo públicamente que está orgulloso y que lo volvería a hacer”.
“La gente vio la situación por televisión y la gente cree que hubo delito.” Amparado en la “opinión pública”, el diputado Sebastián Cinquerrui del ARI, considera que “el delito está probado”, aunque antes de expedirse quiere ver “las pruebas que aporta el magistrado”. Cinquerrui, que fue uno de los legisladores que batalló contra la implementación de fueros para los intendentes bonaerenses, consideró que los “elementos que comprometen a D’Elía son contundentes. Frente a eso los fueros no tienen vigencia alguna”. Como contrapartida, para León Zimerman, de Izquierda Unida, la decisión de Urso no es más que “un nuevo intento de criminalizar la protesta social”, a pesar de “la fuerte injerencia de la interna oficialista sobre el caso y de las diferencias que nos separan de D’Elía”.
Fue el propio D’Elía quien salió ayer a descomprimir el conflicto puertas adentro del justicialismo. “Fue una equivocación haber sospechado del duhaldismo” por el asesinato del Oso Cisneros y prefirió dirigir los dardos a la “mafia policial” que nada hizo para evitar el asesinato del dirigente social.
Pero en la Cámara de Diputados pocos están dispuestos a generar un precedente que puede volverse en contra. El último diputado que perdió sus fueros fue el radical Mario Bessone que en 1937 mató de seis balazos a su colega conservador Fortunato Chappara en los pasillos del Parlamento provincial.