EL PAíS
› SIN ACUERDO ENTRE EMPRESAS Y
RECOLECTORES DE RESIDUOS. AMENAZA DE PARO NACIONAL
Un conflicto que trae olor a podrido
En medio de un paro que duró de 14 a 21, los recolectores tiraron y quemaron basura frente a la sede del gobierno porteño. Y a la noche volvieron a trabajar a reglamento. Piden una indemnización por cambiar de empresa, pero las firmas se niegan. Ibarra aseguró que la medida es “injusta”. En el Ministerio de Trabajo intentan lograr un acuerdo. El gobierno de la ciudad pide que los vecinos no saquen la basura. Y el gremio amenaza con parar en todo el país.
› Por Eduardo Videla
El conflicto entre los recolectores de residuos y las empresas del sector, que involucra al gobierno porteño y a toda la ciudad, se agravó ayer, después de que los trabajadores volvieran a rechazar la oferta empresaria, cumplieran un paro de siete horas y, a modo de protesta, volcaran y quemaran basura a lo largo de dos cuadras de la Avenida de Mayo, frente mismo a la sede del gobierno de la ciudad. Anoche, el personal nucleado en el gremio de los camioneros volvió a cumplir una jornada de trabajo a reglamento, lo que se traduce en la no recolección de basura en vastos sectores de la ciudad, como ocurrió en la víspera. El gremio reclama, en rigor, una suma de dinero equivalente a una indemnización por despido porque a partir del 16 de enero pasarán a depender de las nuevas empresas que se harán cargo de la limpieza de la ciudad. Las empresas y el gobierno porteño insisten en que esa compensación no corresponde dado que a los trabajadores se les garantizan la estabilidad laboral y sus derechos adquiridos. El gremio, por su parte, amenaza con un paro de camioneros a nivel nacional. La disputa continúa hoy en el Ministerio de Trabajo.
La ciudad amaneció ayer con cuadras enteras colmadas de bolsas de basura. “La situación era mucho peor que la de la semana pasada: no fue trabajo a reglamento, como dijo el gremio, sino un paro encubierto”, dijo a Página/12 el secretario de Producción y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn.
Por ese motivo, el gobierno porteño montó un operativo de recolección de emergencia, para lo cual contrató 40 camiones y 250 operarios eventuales, que trabajaron controlados por la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La prioridad fueron el centro de la ciudad, los hospitales, los alrededores de la estación de Once, La Boca y las principales avenidas de la ciudad. “Lo que se gaste en estos operativos será facturado a las empresas recolectoras”, aseguró Epszteyn. Por lo pronto, el gobierno porteño pidió a los vecinos que no sacaran la basura a la calle hasta tanto se resuelva el conflicto.
El gremio que conduce el camionero Pablo Moyano –hijo del líder de la CGT Hugo Moyano– redobló ayer la apuesta. Primero, con un paro de siete horas, desde las 14, que afectó el servicio de barrido en la ciudad. Y luego con una movilización hasta la sede del gobierno porteño, que incluyó el vuelco de camiones de basura y la posterior quema de desperdicios en plena Avenida de Mayo, convertida por la tarde en una suerte de relleno poco sanitario.
Tuvieron que intervenir los bomberos para sofocar el fuego, pero nada pudo aplacar el olor que impregnó el ambiente hasta el atardecer, cuando los operarios contratados cumplían con la desagradable tarea de recoger la basura desparramada, podrida, quemada y para colmo mojada.
“Condenamos el método utilizado por el sindicato para ejercer la protesta, más allá de que se considere justo o no el reclamo, ya que es absolutamente irracional poner en riesgo la salubridad de la ciudad”, dijo Epszteyn a este diario.
El gobierno intentó mostrarse como víctima de un conflicto entre las empresas y el sindicato. Por la mañana, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, había considerado el reclamo como “injusto” y “desmesurado”. “La ciudad garantizó (a través de los pliegos de licitación) que ningún trabajador pierda el trabajo, y hoy tiene la basura en la calle. Yo, la verdad, es que siento que cuanto menos es injusto, por no decir desmesurado”, dijo Ibarra en declaraciones radiales. Luego de la demostración que sufrió por la tarde, frente a la sede de gobierno, cedió la voz a su secretario Epszteyn y a su jefe de Gabinete, Raúl Fernández. “Hacemos un llamamiento a los gremios y a las empresas, porque los vecinos no pueden ser rehenes de sus discusiones”, exhortó Fernández, al anochecer.
Pablo Moyano volvió a mostrarse tan inflexible como el primer día. “A menos de un mes del traspaso, los trabajadores viven en la incertidumbre: no saben qué empresa los va a tomar, a qué zona van a ir a trabajar, con qué antigüedad”, dijo el dirigente gremial a Página/12. “Por eso vamos a seguir con el trabajo a reglamento por tiempo indeterminado, hasta que las empresas den una respuesta satisfactoria”, agregó. “Vamos a pelear hasta que paguen la indemnización a todos los trabajadores”.
El reclamo de una indemnización para quien no es despedido –y que, según el reclamo, debería ser doble– puede parecer desmesurado. Pero el gremio encontró una fórmula para que la pretensión al menos quede encuadrada dentro de la ley. Para ello, formuló una consulta al Ministerio de Trabajo, que obligó al Departamento de Asuntos Jurídicos de esa cartera a emitir un dictamen: ese texto tiene la virtud de dar argumentos a una y otra parte para mantener su posición (ver nota aparte).
Por un lado, el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, sostuvo que, según el dictamen, la indemnización sólo corresponde a “quienes rechacen la transferencia a la nueva empresa”. Pero el dictamen también dice que “no existe impedimento legal para que, mediante acuerdo escrito, los trabajadores involucrados condicionen la conformidad (de su pase a otra empresa) a la percepción de una suma total o parcial” equivalente a las que les correspondería como indemnización si no hubieran prestado ese consentimiento.
En ese argumento se apoya el gremio de Moyano para seguir adelante con su reclamo. “Por más que les respeten la antigüedad, quién les garantiza a los trabajadores que, con la fragilidad de la economía en este país, las nuevas empresas no terminen cerrando”, argumentó el abogado del gremio, Carlos Arias, a Página/12.
–¿Por qué, si el conflicto es con las empresas, el gremio hizo esta demostración frente al gobierno de la ciudad? –le preguntó este diario a Moyano.
–El gobierno de la ciudad es solidario con las empresas. Es el que las contrató y se tiene que hacer cargo –respondió el dirigente gremial.
Las cuatro compañías –Aeba, Cliba, Ecohabitar y Solurban– fijaron su posición a través de una solicitada que se publica en los diarios de hoy, donde se asegura que “la totalidad de los trabajadores que actualmente se encuentran trabajando en la prestación del servicio continuarán sus tareas en las (nuevas) empresas concesionarias (...) respetándoseles la antigüedad, categoría, salarios y beneficios adquiridos”. Informan que, no obstante, se les ofreció a todos los trabajadores “un pago graciable”. Esa propuesta, que consistió en un mes de sueldo adicional, fue rechazada por el sindicato. Hoy, a las 15.30, las dos partes volverán a encontrarse en la sede del Ministerio de Trabajo. Mientras, la basura se sigue acumulando en las calles porteñas.
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