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“Nadie podía vivir en este país sin miedo.” Con este testimonio, Beinusz Szmukler, integrante del Consejo de la Magistratura, inauguró ayer la ronda de declaraciones por videoconferencia que realizarán desde el país los testigos citados por la Justicia española en la causa que enfrenta en Madrid el represor Adolfo Scilingo. El sistema vía satélite hasta el momento no había sido aplicado en ninguno de los procesos que investigan crímenes de lesa humanidad, e incluso reconoce sólo algunos antecedentes aislados en la historia de la Justicia argentina. Durante casi tres horas, el dispositivo permitió que la Audiencia de Madrid escuche en forma casi simultánea las presentaciones realizadas en los tribunales de Comodoro Py. En principio, la Justicia española citó a 60 testigos para que declaren en el juzgado porteño. Sin embargo, las partes querellantes evaluaban ayer reducir el número para poder cumplir con los plazos y garantizar que la Justicia ibérica pueda dictar sentencia antes de abril.
Superados los inconvenientes técnicos que el lunes impidieron la comunicación con España, arrancó finalmente la primera audiencia con un escenario poco usual para los tribunales porteños. Una gran pantalla ubicada en el centro de la sala –la misma donde se realizó durante tres años el juicio oral y público por el atentado a la AMIA– protagonizó la jornada. Ubicado atrás del juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Rívolo, sorteados para presidir la audiencia, el telón permitió la comunicación de los tres testigos con los abogados y el magistrado español.
El primero en declarar fue Szmu-kler, quien compartió su experiencia como letrado defensor de los familiares de desaparecidos y concentró su testimonio fundamentalmente en el funcionamiento del Poder Judicial durante la dictadura. El consejero destacó, entre las distintas medidas dispuestas por la Junta, cómo “todos los jueces fueron puestos en comisión y obligados a jurar el estatuto” fundado en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Al mismo tiempo, recordó la elaboración de listas negras. “Nuestra actividad es pública, por lo tanto era fácil catalogar a quiénes perseguir. Esto alcanzó no sólo a aquellos que quedaban catalogados sino también a sus familiares.” Y citó el caso de la flamante jueza de la Corte, Carmen Argibay, detenida cuando se desempeñaba como secretaria de la Cámara del Crimen.
Con algunos segundos de diferencia y breves interrupciones de Bonadío para releer las preguntas realizadas desde España, Szmukler también respondió sobre el robo de niños practicado en los centros clandestinos. “Había una instrucción de cómo se debía proceder con los menores en los casos de detención. Cómo se los sustraía y se les cambiaba la identidad para que no siguieran con la ideología de los padres”, explicó haciendo hincapié en la lógica con la que operó el terrorismo de Estado y desbaratando la enredada trama de argumentos que Scilingo esgrimió semanas atrás ante la Justicia española.
El ex teniente de navío, tras negar los testimonios que dio en 1997 al periodista Horacio Verbitsky, reproducidos en el libro El vuelo y ratificados ante el juez Baltasar Garzón un año más tarde, cuestionó que se hayan practicado torturas o expropiado niños en la ESMA, uno de los mayores centros clandestinos durante la dictadura.
Luego del testimonio de Szmu- kler, declaró la ex senadora tucumana Malvina Seguí, quien reiteró la presentación que realizó ante Garzón en 1998. “Tucumán tuvo el triste privilegio de instituirse como centro de experimentación, desde febrero de 1975, del método de desaparición de personas.” Así arrancó su testimonio, que fue seguido por el del sobreviviente Eduardo Lardiez, quien recordó los meses en los que estuvo detenido en el centro conocido como Garage Azopardo.
De acuerdo al cronograma dispuesto por la Justicia ibérica, en las próximas tres semanas se estaría citando a 60 testigos que se sumarán a los que ya declararon en Madrid. Sin embargo, fuentes allegadas a la causa adelantaron a Página/12 que la parte querellante buscará reducir el número de presentaciones. El planteo surgió frente a la amenaza de que no sepueda cumplir con los plazos y el dictamen se atrase hasta mayo. Con lo cual Scilingo quedaría en libertad, ya que según el Código Penal español no puede permanecer detenido sin sentencia por más de un año. Un escenario que los abogados acusadores buscan evitar, dado que implicaría que la causa quede congelada.

Informe: Carolina Keve.