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Si algún juez federal cuestionado imaginó que ganaría poder por el debate sobre las prescripciones tal vez se esté arrepintiendo. La discusión pública fue tan impactante que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, envió ayer al jefe de la Oficina Anticorrupción un pedido para obtener una lista de causas donde la OA sea querellante o tenga intereses, es decir todas las que tienen que ver con delitos contra el patrimonio público. También dio instrucciones al organismo para promover ante los jueces “los actos procesales necesarios” a fin de “evitar dilaciones judiciales que conduzcan a la prescripción de acciones penales”.
La comunicación fue directamente de Fernández al jefe de la OA, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, sin pasar por el ministro de Justicia, Horacio Rosatti.
Sobre el final, el texto pide a Fleitas que si hay otro delito de un acusado lo informe a los jueces, que reclame la primera citación a declaración indagatoria, que solicite la elevación a juicio oral o que inste a dictar sentencia. Todos esos pasos permiten que los sospechosos puedan seguir siendo perseguidos. También recuerda que hay una parte del artículo 67 no tocada por la reforma del sistema de prescripciones: la que dice que “la prescripción se suspende en el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública” mientras el acusado siga estando en el cargo. Así, para los funcionarios que llegaron hasta el final con Carlos Menem la fecha llega a 1999 y para el equipo de Fernando de la Rúa hasta el 2001. Un delito con seis años de pena prescribiría, si la causa quedó dormida, este año para los menemistas y en el 2007 para los delarruistas.
La instrucción de Fernández a Fleitas debería rematar en el primer repaso del Gobierno sobre causas y eficacia de los jueces –una asignatura pendiente salvo en el caso de la Corte Suprema y de Juan José Galeano, como se informa aparte– y, si todo tiene cierta lógica, en una participación más comprometida del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Así podrían activarse acusaciones contra jueces morosos.
Otra parte del esfuerzo del Gobierno se dirigió ayer a evitar frentes de conflicto. Juan Carlos Blumberg fue hasta la Casa Rosada para una entrevista con Aníbal Fernández y quizás con Alberto Fernández y terminó conversando con el Presidente Néstor Kirchner.
Fernández Aníbal recordó después en rueda de prensa que “el Gobierno no ha vetado la Ley, por lo tanto entendía que había que ir poniéndola en caja”.
Fernández Alberto no hizo declaraciones.
Blumberg dijo haberse llevado lo que definió como “un compromiso del Gobierno para que el nuevo texto no favorezca la impunidad”. El padre de Axel Blumberg dijo que el Gobierno consideraría excepciones como “los pedidos de extradición, la rebeldía, las órdenes de captura y la prisión preventiva”.
En rigor, esas causas de interrupción de la prescripción no figuran en el texto promulgado. Para introducirlas, el Gobierno debería enviar un proyecto de ley al Congreso, pero según juristas consultados sería un movimiento inútil en la práctica: la ley que ya rige quedaría como la más benigna y los sospechosos, los acusados o aun los condenados podrían beneficiarse con ella siguiendo el derecho que tienen por el artículo dos del Código Penal.
Blumberg estuvo acompañado por Roberto Durrieu, presidente del pequeño Colegio de Abogados que agrupa a especialistas de los grandes estudios.