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El ex comandante del II Cuerpo de Ejército, general Ramón Genaro Díaz Bessone, se presentó ayer ante el juez federal Carlos Vera Barros, pero declinó prestar declaración indagatoria en la causa en que es investigado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El dato saliente de la jornada fue la presencia de una numerosa cantidad de militantes de derechos humanos en el acceso al edificio federal y una suspicaz presencia: la del coronel Luis Eduardo Chizzini Melo, secretario general del Segundo Cuerpo de Ejército, lo que constituyó un gesto de apoyo institucional del arma que los prohijó.
“Es absolutamente incompatible que alguien de las Fuerzas Armadas defienda a un violador de derechos humanos, acusado de genocidio y asociación ilícita”, se quejó la diputada del ARI, Alicia Gutiérrez.
Sin embargo, una fuente de la Justicia federal explicó a Rosario/12 que “la presencia del coronel del II Cuerpo se debía exclusivamente a que se había solicitado el traslado de Díaz Bessone a esta unidad militar, por lo cual Chizzini Melo tenía el simple rol de responder a esta requisitoria y seguir de cerca el trámite de traslado”.
El represor se presentó por primera vez ante la Justicia federal, ya que había eludido anteriores citaciones argumentando razones de salud. El militar, vistiendo saco azul, camisa blanca y corbata gris al tono, estuvo acompañado de su esposa. Se presentó antes de las 8 en los Tribunales Federales de Oroño al 900, donde había sido citado por el magistrado para declarar por los hechos investigados en la denominada causa Feced, por la causa Fábrica Militar de Armas Domingo Ma-theu y por la represión ilegal en San Lorenzo y la desaparición de Sonia González. Por esta causa y la de Feced, Díaz Bessone había sido indultado por el ex presidente Carlos Menem, las que fueron anuladas por el ex juez federal rosarino Omar Digerónimo.
El juez Vera Barros le leyó a Díaz Bessone los cargos que se le imputan y de ahora en más, cumplida esa instancia, contará con 10 días hábiles para pronunciarse sobre la situación procesal del mismo, que se descuenta será la de dictarle prisión preventiva.
Cabe recordar que Díaz Bessone, quien no se había presentado a las citaciones anteriores que le efectuara el Tribunal Federal de Rosario por esos cargos, cumple arresto domiciliario dispuesto por el juez federal Jorge Urso, quien investiga la causa del Plan Cóndor que sirvió para coordinar la represión ilegal en el Cono Sur por parte de varios países.
El militar ocupó la jefatura del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario desde septiembre de 1975 hasta octubre del año siguiente.
Sin duda lo que llamó la atención de los militantes de H.I.J.O.S. y de diferentes organismos de derechos humanos como Madres, Abuelas, querellantes y la APDH, que estaban apostados en la puerta del edificio de Boulevard Oroño al 900, fue la presencia de Chizzini Melo. “Que el Ejército apoye institucionalmente a un torturador, asesino y desaparecedor de personas en un gobierno democrático, nos parece al menos grave”, expresó la diputada provincial por el ARI, Alicia Gutiérrez.
Por otro lado, el abogado querellante, Gonzalo Stara, aseguró que se están evaluando presentaciones al respecto y calificó como una “barbaridad” que exista una relación actual entre el militar retirado y las actuales autoridades del Ejército.