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La política de eliminar la intermediación de las cuestionadas gerenciadoras en el PAMI tuvo su primer tropiezo serio en Entre Ríos. La Federación Médica entrerriana (Femer) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios privados de la provincia (Acler) expulsaron a sus afiliados que firmaron contratos directos con la obra social de jubilados y pensionados en una guerra por retener el control monopólico de las contrataciones. Las sanciones dejaron sin seguro de mala praxis a casi 100 médicos de cabecera del PAMI y amenazan con excluir del circuito laboral a otros 500 especialistas. La interventora Graciela Ocaña denunció las medidas como “mafiosas”, la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia intimó a volver atrás las sanciones y hasta tuvo que mediar el gobernador Jorge Busti. Jubilados que responden a Luis Barrionuevo viajaron a la provincia para respaldar la postura de las gerenciadoras.
Después de ser desplazadas como gerenciadoras monopólicas de los contratos de prestaciones médicas entre el PAMI y los jubilados de la provincia, Femer y Acler arremetieron contra sus afiliados (profesionales y sanatorios) que firmaron contratos directos con la obra social de jubilados y pensionados. La sanción disciplinaria los excluye del Fondo Solidario de Mala Praxis (Fomapra) y de la Guía Médica como prestadores del resto de las obras sociales, en las cuales también Femer tiene “una posición de dominio en su carácter de administradora de los convenios”, incluido el sector estatal. Las sanciones dejaron sin seguro de mala praxis a casi 100 médicos de cabecera del PAMI y siguen pendiendo sobre otros 500 médicos especialistas que acepten el nuevo sistema implementado por el Instituto de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (ISSJyP). El alto costo del seguro, y su incremento por contratación individual, deja en la indefensión económica a los médicos del PAMI y marginados del mercado laboral.
Para la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, “la conducta realizada por las denunciadas (Femer y Acler) tendría por objeto limitar la competencia del mercado de prestación médica en la provincia de Entre Ríos”. Y que las sanciones impuestas a sus afiliados por las entidades gremiales, que nuclean a dueños de clínicas y profesionales de la salud, generaría “la exclusión definitiva del mercado a los profesionales médicos” de la provincia. Por eso intimó, a través de una resolución fechada a fines de febrero, a que dichas organizaciones retrotraigan las sanciones. “Habida cuenta que usted ha concertado en forma individual y directa contrato con el PAMI, cosa que es incompatible con los fines, normas y accionar de esta Asociación y de la Femer, ha quedado usted incurso en situación que torna incompatible su permanencia como asociado e incluso en causal estatutaria de exclusión”, reza la carta documento tipo que la Asociación Médica de Concordia envió a los nuevos médicos del PAMI en la región. “Por otro lado –continúa la carta– hacemos saber a usted que ha dejado de pertenecer a los regímenes y de gozar de los beneficios del Fomapra y Faspacer.” La sanción disciplinaria también alcanzó a la directora del PAMI entrerriano, la cirujana Patricia Ledo, por “propiciar” las contrataciones directas.
El conflicto que amenazaba con dejar sin atención médica a los afiliados del PAMI de la provincia motivó la intervención del propio gobernador. Jorge Busti debió garantizar que los nuevos médicos del PAMI no quedarían marginados como prestadores de la obra social de los estatales entrerrianos, que abarca casi el 60 por ciento de la población y cuyo gerenciamiento está en manos de Femer y Acler. Busti también rubricó el acuerdo a través del cual el PAMI contratará el 30 por ciento de sus servicios a los hospitales públicos, que recibirán el dinero de las prestaciones en forma directa. “Vamos a dar esta pelea, y hacer la denuncia ente la Justicia. Dicen defender intereses profesionales, pero en realidad están defendiendo a corporaciones, que en caso de la Femer es una corporación mafiosa”, afirmó a Página/12 la interventora del PAMI, Graciela Ocaña. “La amenaza que han hecho sobre los médicos –insistió Ocaña– para hacerle perder los convenios con la obra social de la provincia excede cualquier límite lógico de protección del derecho de una corporación médica. Limita el derecho constitucional de ejercer la profesión.”
Para las autoridades del PAMI, “la batalla de Entre Ríos en una batalla central. Siguen añorando quedarse con una parte de la cápita, las gerenciadoras se quedaban entre el 20 y el 40 por ciento del dinero de los contratos”. También reconocen que los obstáculos que las gerenciadoras dejan en el camino “apuntan a hacer fracasar el nuevo sistema”. Sobre todo, con vista a la implementación de contrataciones directas en los grandes centros urbanos, donde los intermediarios “resistirán la medida”. Una muestra de ello, aseguran, “fue el viaje a Entre Ríos de José Barrios y Carlos Moyano, presidentes de centros de jubilados de San Martín (en el conurbano bonaerense) que responden a Luis Barrionuevo, para organizar el fracasado boicot a las autoridades locales del PAMI”.