Antonio Juan Baseotto podrá seguir ejerciendo su derecho a decir misa. También podrá afirmar otra vez que un ciudadano puede ser ahogado en el mar por sus ideas. Pero desde ayer, por decreto del presidente Néstor Kirchner, Su Excelencia Reverendísima no puede continuar con su cargo de obispo castrense ni con el cobro de los cinco mil pesos que percibía por su equiparación al rango de subsecretario.
El decreto de Kirchner fue la respuesta a la confirmación por parte del Vaticano de que Baseotto estaba en condiciones de seguir como jefe del obispado que se ocupa de supervisar a los capellanes de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad.
Luego de un reportaje publicado en Página/12 al ministro de Salud Ginés González García, Baseotto le respondió por carta: “Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordaba el texto del Evangelio donde nuestro señor afirma que ‘los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar’”.
De inmediato Kirchner pidió al Vaticano la salida de Baseotto. La curia romana no sólo no aceptó el pedido sino que el lunes lo confirmó durante una visita del nuncio Adriano Bernardini al ministro de Defensa, José Pampuro, y el miércoles en una comunicación telefónica con el canciller Rafael Bielsa.
El decreto de ayer quitando el acuerdo para la designación de Baseotto por un decreto de Eduardo Duhalde del 2002 indica que Su Excelencia Reverendísima invocó “alegorías de connotaciones muy fuertes en la República Argentina que recuerdan los llamados ‘vuelos de la muerte’, reivindican los métodos de la dictadura, apoyan a los ejecutores de tales crímenes y lejos están de aportar a la paz y la armonía o al cuidado espiritual de las Fuerzas Armadas”. Como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Kirchner retiró el acuerdo “por la gravedad de lo apuntado”.
La decisión fue redondeada ayer luego de un trabajo conjunto de la Cancillería y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. La anunciaron el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; Bielsa y el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, en la propia Casa Rosada y tras un encuentro último con el Presidente.
Según pudo saber Página/12, además de las explicaciones que figuran en el mismo decreto, el Gobierno consideró estos puntos de vista:
- El acuerdo para nombrar un obispo cualquiera es diferente del marco acordado con el Vaticano para designar al obispo castrense. En el primer caso el obispo queda designado automáticamente si no hay un rechazo expreso del Gobierno en los primeros 30 días luego de comunicado el nombre. En el segundo caso es necesario un acuerdo explícito del Presidente.
- Esa diferencia rige en todo el mundo.
- La distinción tiene una razón de ser natural: los obispos castrenses se ocupan de capellanes que asisten a funcionarios armados dependientes verticalmente del jefe del Estado.
- Esa función supone un nivel de compromiso mayor con el manejo del Estado, pero también con la democracia.
- El compromiso es tan profundo, o debiera serlo según el Gobierno, que obviamente no permitiría mantener un obispo castrense o un capellán que convocaran al golpe de Estado o a la vuelta del terrorismo sistemático, la desaparición de personas, la tortura y el robo de bebés. El decreto de ayer dice que “la justicia, la verdad y la memoria son valores centrales para el Gobierno Nacional y nuestra sociedad en la defensa de los derechos humanos y en el combate contra la impunidad, la injusticia y el ocultamiento de los crímenes aberrantes que asolaron nuestra Patria”.
- El acuerdo que prevé el mecanismo para la designación de obispos castrenses carece de disposiciones sobre cómo se suspende o se termina una función. Es decir, sería materia abierta y, por lo tanto, opinable.
- El silencio del Vaticano después de la protesta argentina podría ser interpretado por la Cancillería como una inacción inadmisible respecto del principio de resolver las diferencias amistosamente.
- El retiro del acuerdo por parte del Gobierno no implica la desaparición del obispado castrense, sino sólo el cese de su responsable.
- El Estado no incide en la condición de obispo de Baseotto. Naturalmente reconoce que ésa es una jerarquía que solo puede otorgada por el Papa.
- Tampoco toma la administración nacional ninguna decisión que impida dar misa a Baseotto.
El último punto fue vuelto a discutir en el seno del Gobierno especialmente por la tarde, cuando entre las hipótesis de trabajo comenzó a plantearse un escenario: y si Baseotto decide dar misa en los cuarteles, ¿se le permitirá la entrada o el Presidente lo impedirá?
Anoche el pensamiento predominante tenía en cuenta que un Gobierno no puede impedir el derecho a decir misa aun en la capilla de un cuartel.
“Nos pondríamos en la situación de China, que lo hizo y terminó rompiendo con el Vaticano”, dijo un funcionario.
Una prohibición de ese tipo, seguía el razonamiento, extendería el actual conflicto con el Vaticano a todo el Episcopado, un cuerpo que asiste callado a la disputa entre Roma, que por otra parte no consultó a ningún obispo local y ni siquiera informó aquí sobre la decisión de mantener a Baseotto, y Buenos Aires.
Los analistas del Gobierno imaginaban, al lado de situaciones de guerra abierta que consideraban más improbables, una respuesta de la diplomacia vaticana que podría criticar a la Argentina por su decisión unilateral de cesar al obispo castrense pese a que había un acuerdo previo. En ese caso, si el camino fuese formal, planeaban responder también de modo formal al Vaticano invocando el contenido del decreto presidencial.
Ninguno de los juristas consultados por el Ejecutivo pensó en una situación donde el Vaticano elevaría una queja ante, por ejemplo, el Tribunal Internacional de La Haya.
“Cuando uno consulta, demanda o se queja también se está sometiendo, y la tradición vaticana no es someterse ni siquiera simbólicamente a un tribunal que no sea el propio”, fue una de las respuestas.
El análisis oficial toma en cuenta la enfermedad del Papa y lo que el Gobierno considera una situación de apuro de la cúpula de Roma, encabezada por el secretario de Estado Angelo Sodano, por aprovechar a fondo el poder del que disfruta actualmente.
“El tiempo corre a favor nuestro y en contra de ellos”, fue una de las conclusiones de ayer. “Por más cambios que se produzcan si se muere el Papa, es difícil pensar en una cúpula de la curia romana más retrógada que ésta”, rezaba otra conclusión.
Sodano está relacionado con el arzobispo argentino Leonardo Sandri, virtual número tres del Vaticano, el mismo que dirigió el rezo del Angelus en la Plaza de San Pedro durante los peores momentos de la enfermedad de Juan Pablo II.
El Gobierno atribuye a Sandri un papel clave en la ofensiva para respaldar a Su Excelencia Reverendísima y tensar el conflicto con la Argentina. Sodano, Sandri y Baseotto tienen, según los funcionarios, un operador local en Esteban Caselli, el empresario inmobiliario y gastronómico que fue número dos de Eduardo Bauzá con Carlos Menem, embajador en el Vaticano y secretario de Culto con Carlos Ruckauf de canciller y Duhalde de Presidente.
Caselli tiene tanto peso en Roma como falta de gravitación en el Episcopado. La jugada que le atribuye el Gobierno es agudizar la contradicción con la jerarquía vaticana para que los obispos argentinos no puedan resistir en silencio y la escalada termine, así, generando una situación absurda: la percepción de que aquí está por empezar una quema de iglesias igual a la que se desató en 1955 por el enfrentamiento entre la jerarquía católica y Juan Perón.