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No son temas de poca importancia los que se acumulan en la carpeta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Con el juicio político al juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano ya en manos del plenario del cuerpo, hoy los integrantes de la comisión legislativa comenzarán a analizar el pedido de expulsión del senador puntano Raúl Ochoa, condenado por votar en dos ocasiones en los comicios de 2001. En una carta enviada a Cristina Fernández de Kirchner, Ochoa destaca que en su caso no hay una sentencia firme, refuta los cuestionamientos de la senadora Diana Conti, una de las que reclamó su separación del cuerpo, y pide ser recibido por la comisión. En el temario también figura un proyecto del radical puntano Jorge Agúndez, en el que se reclama la intervención del Poder Judicial de la provincia.
El peronismo, mayoritariamente, coincide en que todavía no hay una sentencia definitiva. Más allá de esto, la senadora Diana Conti pidió la exclusión de Ochoa de la Cámara alta por “inhabilidad moral”, una figura prevista en el artículo 66 de la Constitución. En términos similares se manifestó el bloque de la UCR. En 2001, el titular del radicalismo de San Luis, Daniel Lusich, había pedido al Senado que no le tomara juramento a Ochoa. Ahora el propio peronismo de San Luis le soltó la mano a Ochoa, a través de un comunicado público en el que reclamó la renuncia del legislador “por cuestiones éticas”.
La intervención al Poder Judicial de San Luis es reclamada por Agúndez desde febrero de 2004. El 6 de ese mes la solicitó a través de un proyecto de ley. Con el peso mayoritario del peronismo en la comisión y en el cuerpo, la iniciativa no tuvo mayor suerte. Luego de que con una cámara oculta se pusiera en el centro del debate la presunta maniobra del oficialismo provincial de pedirles a los jueces la renuncia antes de que éstos asuman, la sensibilidad frente al tema es distinta.
“Esta medida se justifica cuando las instituciones provinciales, como el caso de San Luis, están hondamente desnaturalizadas y corrompidas, y no hay manera alguna, dentro del juego regular de las mismas, de normalizarlas y restaurar su funcionamiento”, señala Agúndez en su proyecto. En los fundamentos de la iniciativa también se pone el acento en el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió el tema de las dos intendencias.