Si uno se guiara por lo que públicamente afirman los principales referentes del oficialismo, para Antonio Boggiano comenzaron sus últimos días en la Corte Suprema. En un trámite farragoso, que incluyó la lectura pormenorizada de 43 fojas durante más de dos horas y media, la Comisión de Juicio Político de Diputados acusó al magistrado por “mal desempeño en sus funciones”. Catorce cargos son los que Boggiano acumuló en los casos Meller, Macri y Dragonetti de Román. Como era de esperar, a través de una chicana, la puntana Liliana Negre de Alonso, al igual que el juez confesa adherente al Opus Dei, se presentó como la primera aliada del cortesano. Ahora la palabra la tendrá el acusado, quien reglamentariamente dispone de 15 días hábiles para formular su descargo en el Senado, algo que podría ocurrir entre el 11 y el 18 de mayo.
Luego de que el titular de la Comisión de Juicio Político de Diputados, Ricardo Falú, informara que “por inconvenientes de índole personal” la diputada Nilda Garré no formaba parte de la comisión que se había presentado para fundamentar la acusación contra el juez, Negre de Alonso pidió que se suspendiera la sesión. Lo hizo apelando al formalismo que indicaba que la comisión estaba compuesta por tres miembros: Falú, Garré y el radical Hernán Damiani. Cristina Fernández de Kirchner señaló que “la ausencia de uno de los miembros no puede ser un impedimento legal”.
Antes había recordado que el propio reglamento de juicio político señala que la lectura está a cargo del secretario del Senado y que la invitación a los diputados que sostienen la acusación es una práctica más basada en la cortesía que en lo estatutario. Aun en minoría y ante la inminencia de una votación abrumadora en su contra, Negre intervino para dejar sentada su oposición a la realización de la sesión. De esta manera, al igual que Eduardo Menem había hecho con Eduardo Moliné O’Connor, la puntana se mostró como la virtual defensora del acusado. De hecho, fue la legisladora la que, en nombre de Boggiano, le pidió al titular de la bancada justicialista, Miguel Angel Pichetto, que se reuniera con él.
Fue la intervención del presidente provisional del cuerpo, Marcelo Guinle, la que saldó el tema diciendo que de la lectura del reglamento el tema no tenía la entidad suficiente “como para ser sometido a votación”.
Luego comenzó la lectura a dos voces de la extensa acusación. Allí se destacó que los proyectos que dieron origen al proceso en contra de Boggiano fueron refrendados por los radicales Damiani y Jesús Mínguez y por la titular del ARI, Elisa Carrió. Aunque fue una aclaración teórica, de la lectura también quedó en claro que “el mal desempeño” es la causal más importante del juicio político y sólo el Congreso puede determinar qué es mal desempeño. Y que esto no implica censura ideológica, ni la modificación de sus sentencias.
Dos de los tres casos por los que se lo acusa a Boggiano también formaron parte de la acusación contra Moliné. De todos ellos, fue el caso Meller, un caso contra la ex ENTel. que merced al fallo de la Corte Suprema convirtió una demanda original por casi 29 millones en un perjuicio para el Estado por más de 400 millones, el que terminó con la destitución de Moliné. Esto lleva a los hombres del oficialismo a afirmar que el resultado de Boggiano tiene un final cantado, ya que a igual acusación le corresponde el mismo fallo del Senado. Como en el medio está la política y cómo Boggiano se convirtió en uno de los miembros del tribunal más cercanos al oficialismo de Eduardo Duhalde primero y al de Néstor Kirchner ahora, no se podría afirmar que el desenlace sea calcado.
Para la acusación de los diputados, “el caso de Boggiano es más grave que el de Moliné”. Aunque en su defensa, Boggiano repitió a todos con los que se pudo reunir, que no son pocos, que su situación es diferente. La acusación puso el acento en el hecho de que el voto de Boggiano terminó de conformar la mayoría de un fallo que generó un grave perjuicio para el Estado. Destacaron que lo hizo cambiando su voto, junto con Julio Nazareno, un día antes de la sentencia. “No hubo un estudio del caso que motivara el cambio de posición sino un puro voluntarismo”, destacaron.