Los Tres Mosqueteros eran cuatro, la Corte Suprema de nueve miembros nunca logra juntarlos. Antonio Boggiano es, por estos días, un juez con voz pero sin voto. Participa en reuniones, discute las causas pero no dicta sentencias. Habla con sus pares, en especial con Juan Carlos Maqueda. Se queja de ser un perseguido político. Comenta, como quien no quiere la cosa, que ha hablado con gobernadores y dignatarios eclesiásticos que le manifiestan solidaridad de cara al juicio político (ver nota aparte). Sus colegas saben que es Boggiano quien disca fervoroso en pos de esos diálogos telefónicos y, de vez en cuando, lo ven abatido con cara de irse. Pero el discurso explícito del “último automático” habla de resistir, de la consistencia de su defensa. En la Rosada y en el Congreso esperan que renuncie, tal como le ha sugerido más de una vez Miguel Pichetto. Si así no fuera, dan por hecho que será removido.
La ausencia de Boggiano coopera para impedir el avance de varias causas de Estado vinculadas con la emergencia económica. Roberto Lavagna perdió con Boggiano a su paladín de la pesificación. Enrique Petracchi sostiene una (muy controvertible) excusación por haber sido titular de un plazo fijo. Con apenas siete miembros, para colmo no urgidos por el Presidente, una nueva sentencia por pesificación es una quimera. Los cortesanos no se desesperan. La interpretación dominante es que el andar del tiempo va disminuyendo la importancia económica de esos entuertos. La actualización reconocida a los acreedores (que suma intereses y CER) se va arrimando al dólar, estable y a la baja. La pulsión social también parece aminorar. En voz baja, se comenta que ese cuadro de situación motiva a Carmen Argibay a analizar seriamente la posibilidad de emitir un voto dolarizador. Cuentan en el cuarto piso de Tribunales que la magistrada viene consultando a economistas del oficialismo y de la oposición acerca de las consecuencias macroeconómicas de una decisión de esa laya. Como fuera, los cinco votos no se consiguen ni ahí.
Al Tribunal le es más sencillo avanzar en temas vinculados, en sentido muy amplio, con derechos humanos. El fallo confirmando la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final está al venir, no bien llegue (dictaminado por el procurador general Esteban Righi) algún expediente que habilite la competencia de los supremos. Uno de ellos, de la nueva horneada, advierte que ése es un terreno fértil para ir trazando un nuevo autorretrato del Tribunal. Se está conformando algo así “como una ‘ideología de la Corte’. Va surgiendo un pensamiento común, ligado a una visión dinámica de los derechos humanos. Se reconocen derechos postergados de sectores discriminados. Los jubilados, por ejemplo, castigados por la política neoliberal y por la jurisprudencia de la anterior conformación de la Corte”, explica Su Señoría en uno de tantos despachos señoriales, inexorablemente oscuros aun cuando afuera brille el sol porteño de abril, que ilumina lo suyo.
Algunos ripios de la Corte con el Ejecutivo se transitan ahora mejor. Petracchi, tras varios reclamos del Gobierno, se aviene a ponerle su cuerpo al Consejo de la Magistratura, misión que rehusaba a fin del año pasado. El organismo sigue lento y sus sesiones tienen momentos de escándalo, como ocurrió días atrás mientras se discutía la situación del juez electoral de La Rioja, muy defendido por el senador Jorge Yoma y muy cuestionado desde el Ejecutivo y la gobernación riojana. Pero, aunque haya habido gritos y amenazas de irse a las manos, al menos se trabaja.
Aunque esa labor incordie a Petracchi, la Corte no es apenas un tribunal, también es vértice de un poder del Estado. Las cuitas de la Justicia federal son parte de sus problemas y de sus deberes. En este carril, es casi seguro que el tribunal tendrá en las próximas semanas una decisión candente, referida al juez Claudio Bonadío. Este magistrado está acusado, con razón, de cajonear la causa en la que se investigan los encubrimientos en la investigación del atentado a la AMIA. Hasta se lo recusó por eso. Bonadío encontró la cuadratura del círculo, elevó la recusación a la Cámara y desde entonces no hace nada. Su decisión no es legal, pero el hombre, plantado en sus trece, consigue lo que quiere, demorar sine die el trámite. Su desidia apesta a favor político a Carlos Corach, quien fuera su padrino político y debe ser investigado en el expediente. La Cámara, por su parte, no resuelve la recusación desde hace varios meses. El Gobierno está dispuesto a exigir a la Corte, en su carácter de cabeza del Poder Judicial, que resuelva el entuerto, desplazando a Bonadío y designando a un juez que quiera cumplir con su deber. En la Rosada y la Justicia aseguran que un reclamo así está permitido por las normas que regulan las facultades de la Corte. Por lo que parece, más pronto que tarde, la Corte tendrá que poner manos a la obra, en pos de reparar otro daño feroz a la sociedad cometido por el menemismo, con la complicidad de los jueces (automáticos y federales) que sin ningún rubor se sumaron a la Carpa.