El Gobierno remitió ayer al Congreso un proyecto de ley que plantea la incorporación de tres nuevas causales de interrupción de la prescripción de los delitos. Se trata de la declaración de rebeldía, la orden de captura y la solicitud de extradición, como así también la primera convocatoria a las partes a la audiencia de conciliación y la fijación de fecha para el debate oral para el caso de delitos de acción privada.
La iniciativa del Ejecutivo fue presentada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en compañía del ministro de Justicia, Horacio Rosatti. Ambos explicaron que el proyecto del Gobierno amplía los alcances de la ley sobre prescripción de causas y que tiene por objetivo que “no se genere ninguna situación de impunidad”.
“Aquella norma había generado diferentes comentarios, aunque tenía la virtud, que nosotros seguimos rescatando, de haber suprimido el concepto de secuela de juicio, que era impreciso y daba lugar a una interpretación judicial que podía volverse más arbitraria”, sostuvo Fernández al respecto. Afirmó además que el nuevo proyecto “en nada contradice el espíritu que impulsó la modificación al artículo 67 del Código Penal, espíritu que seguimos reivindicando porque pone fin a un sistema de definición de las causas que interrumpen la prescripción de la acción penal absolutamente precisas y que anteriormente no eran así”.
También Rosatti se ocupó de señalar que “reivindicamos el espíritu de la ley 25.590 en la convicción de que la peor hipótesis de impunidad es aquella en la cual los procesos se dilatan, el culpable no es hallado culpable y el inocente tampoco tiene una definición en torno de su inocencia”. El ministro precisó que, con estas modificaciones, “si un delito tiene una condena de cinco años, el plazo de prescripción es de cinco años. Cuando se interrumpe, por ejemplo a los tres años, se empiezan a contar los cinco años de nuevo” y añadió que “estas situaciones debían estar claramente establecidas en la ley porque si no cada juez lo interpretaba a su manera”.