El Gobierno negó ayer que el país esté en presencia de una escalada del reclamo gremial y denunció la existencia de contenidos partidarios en los conflictos que se repiten en distintos sectores sindicales. La postura se conoció al tiempo que la Justicia dispuso la liberación de los dos trabajadores detenidos de Líneas Aéreas Federales (Lafsa), quienes habían sido reprimidos durante una protesta en el Aeroparque Jorge Newbery.
“No vemos ninguna situación conflictiva singular, salvo el caso del Hospital Garrahan, donde definitivamente su comisión gremial interna deberá responder ante la sociedad por el nivel de debate que ha promovido”, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
La reacción oficial se suscitó luego de la coincidencia temporal entre varios reclamos que, además, alcanzaron una importante presencia en los medios. Dos de ellos fueron los aludidos paros de trabajadores estatales del hospital de niños y la protesta de los empleados de Lafsa, quienes reclamaban que se garantizara su continuidad laboral en LAN, que absorberá las operaciones de la antigua línea aérea.
“No lo vemos como una escalada ni como nada parecido a eso, simplemente se trata de reclamos que en muchos casos tienen contenidos políticos, partidarios e interesados. No lo vemos de otro modo”, aseguró Fernández, con una lógica que repitieron varios funcionarios de la Casa Rosada.
De hecho, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, salió a poner freno a una serie de especulaciones, surgidas precisamente por la evaluación de que la multiplicación de protestas, en especial por razones salariales, ameritaba una intervención del Estado.
“Primero que el Gobierno no actúa por espasmos y mucho menos por presiones de estas características, yo debo comprender que muchos de los reclamos sectoriales deben ser atendidos, no significa esto que uno tiene que dar un aumento”, dijo el funcionario de la cartera política.
No dio ejemplos. Pero se refería a los trabajadores del Garrahan, de Lafsa y también a los empleados de los bancos Nación y Provincia. Sobre este último conflicto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dictó ayer la conciliación obligatoria. Se trata de una medida que vuelve la discusión con las cámaras bancarias a foja cero, suspendiendo así los paros convocados para hoy y mañana por los sindicalistas de la Asociación Bancaria.
No se sabe, en cambio, cómo proseguirá el conflicto de Lafsa. Por ahora los trabajadores decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, a la espera de una respuesta definitiva de la Secretaría de Transporte, con la que se reunieron durante la jornada. Si las conversaciones toman un curso normal, probablemente durante esta jornada no se produzca ningún tipo de inconvenientes en los mostradores del Aeroparque. Caso contrario, nadie sabe qué actitud asumirán los delegados.
Como en el conflicto del Garrahan, en el sector aeroportuario no es la misma la postura de los delegados de base que la de la conducción del gremio. Y ayer quedó claramente demostrado con un comunicado del secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, quien si bien repudió “la represión”, denunció los “desmanejos y aprovechamientos” del cuerpo de delegados de Lafsa.
“Resulta llamativo que los mismos que perdieron las elecciones de APA por amplia mayoría y responden a partidos políticos de la izquierda más dura en la Argentina sean protagonistas de un nuevo escándalo con comportamientos patoteriles. Esta gente no tiene nada que ver con el campo popular ni con el movimiento social”, señaló Llano, para quien los delegados, a lo único que aspiran es garantizar, precisamente, su continuidad como delegados.
Internas aparte, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó liberar a los dos empleados de Lafsa. Se trata de Walter Garlepp y Alberto Prats, sobre quienes el magistrado determinó que los delitos que se les imputaron –resistencia y atentado a la autoridad, daños e interrupción de los medios de transporte– resultan excarcelables. El fiscal Paulo Starc solicitará, no obstante, que se cite a declarar a unos 60 trabajadores aeronáuticos que participaron de la protesta y fueron identificaron ayer como “agresores”.
Por su parte, el interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, aseguró que la fuerza no utilizó gases, pero que efectivamente se realizó un disparo de bala de goma. “Fue un solo disparo y se hizo instantes después de que uno de los manifestantes le quitó un bastón a un policía y agredió a palazos a otro”, relató Saín, advirtiendo que ante esa situación la bala de goma “impactó en el techo del aeropuerto”.