El gesto de la diputada Alicia Castro, al desplegar la bandera de los Estados Unidos desde su banca y depositarla sobre el estrado de la presidencia de la Cámara de Diputados recorrió el mundo. Castro propuso que esas franjas y estrellas flamearan en lugar del pabellón nacional, para sincerar bajo qué inspiración se estaba legislando. Fue un símbolo poderoso e inequívoco.
Un día antes, el senador Eduardo Duhalde había intentado otro efecto simbólico, al fotografiarse en San Vicente a bordo del tren que el fundador de su partido usó en la campaña electoral de 1946, bajo la consigna Braden o Perón. Pero ante el fracaso de sus políticas y las dudas generalizadas sobre la continuidad de su interinato, logró comunicar que sólo lo rodea un selecto grupo de acólitos bonaerenses, con estadistas de la talla de Antonio Arcuri, Manuel Quindimil y Osvaldo Mércuri. Aquella pieza de museo que una vez recorrió el país despertando esperanza ya no puede transportar otra cosa que fantasmas. Lo que queda del peronismo es un tren en vía muerta, que no lleva a ningún lado. Un compañero de Duhalde que ocupó una de las más altas jerarquías gubernativas en un mandato justicialista anterior y con aspiraciones de regreso, dice: “En mayo y junio la situación fiscal podrá equilibrarse porque ingresarán las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Pero este flujo se cortará en julio y, salvo goteos insignificantes, recién se reiniciará el año próximo, después de la nueva cosecha. Los próximos 90 días serán la última oportunidad de Duhalde para convocar en forma ordenada a la renovación electoral del poder”.
Una ayudita de mis amigos
Para entender en qué consiste el alineamiento absoluto y acrítico con Estados Unidos y cuáles son las posturas de ese país a las que la Argentina bajo bandera debería allanarse, basta con escuchar lo que sus autoridades dicen en forma abierta y tono imperativo. Duhalde creyó que podría disimularlo con la conocida táctica delarruista de la victimización (“Estoy más solo”, lloriqueó) y con denuestos al acatado Fondo Monetario Internacional.
Todos los años el Council of Americas realiza una conferencia anual en el Departamento de Estado de Washington, donde los grandes empresarios y consultores con intereses en la región escuchan mensajes de las autoridades y de los organismos internacionales de crédito. Presidente del Council es Alan Stoga, el principal ejecutivo de las empresas de Henry Kissinger. El vocero del senador Duhalde, Eduardo Amadeo, se dice amigo de Stoga. No hay motivos para dudarlo, sobre todo cuando se conoce el contrato que la Argentina firmó con una de las empresas de Kissinger y Stoga para que ayude a comunicar los planes del gobierno en Estados Unidos. Son 300.000 dólares por un año de trabajo, en tareas que Stoga ya estaba haciendo por interés propio, como impulsor del Grupo de Acción sobre la Argentina, que integran veinte empresas estadounidenses e internacionales de primera línea. Su objetivo declarado es “establecer contactos de alto nivel con los gobiernos de la Argentina y de los Estados Unidos”, para que “entiendan el enorme costo que la crisis les impone y la urgencia de definir soluciones orientadas hacia el crecimiento. Sin crecimiento, todos sufren y sin inversiones y sin comercio internacional, no habrá crecimiento”, según las palabras del propio Stoga, tomadas de la página del Council en Internet. Es decir que Amadeo se las ingenió para que el gobierno argentino corriera con los honorarios de Stoga por cumplir con las obligaciones de su cargo en el Council. Estas incluyen velar por el cumplimiento de las condiciones previas que el gobierno estadounidensey el FMI han establecido y que, una vez cumplidas, darán lugar a la presentación de las verdaderas exigencias. Un cuento de nunca acabar.
El peor sordo
El lunes 6, el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, general Colin Luther Powell, describió desde la tribuna del Council un sombrío panorama para Latinoamérica en general y para “nuestro estrecho aliado la Argentina” en particular. En 16 de los 17 países de la región encuestados declinó el apoyo a la democracia en contraste con otras formas de gobierno y crece una profunda insatisfacción popular con la calidad de la democracia y los resultados de las reformas económicas. Como “nos libramos de los dictadores, nos sacamos de encima a los generales y todos los regímenes autoritarios”, dijo Powell, se suponía que las cosas mejorarían “que tendríamos comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, educación para nuestros hijos, cuidados para la salud”, que las cosas mejorarían en forma rápida. Como no ha sido así, hay tal desencanto con las instituciones y los gobiernos electos que la gente se pregunta “qué valor tiene la democracia si su vida no mejora”. Demasiada gente “está haciendo demasiados sacrificios en nombre de la libertad sin ver que sus vidas mejoren. Para ellos la lucha diaria es poner esa comida en la mesa, educar a sus hijos, y hacer las demás cosas que queremos para nuestras familias”. No es una mala descripción del proceso que va desde la consigna alfonsinista “Con la democracia se come, se cura, se educa” hasta el coro del desencanto “Que se vayan todos”. Las diferencias comienzan a manifestarse cuando Powell avanza en el diagnóstico sobre las causas del problema: “Demasiados gobiernos han fallado en emprender las llamadas reformas de segunda generación necesarias para consolidar las ganancias y atraer las inversiones que las economías necesitan para crecer”. Es decir, más de lo mismo.
Para el gobierno de los Estados Unidos “sin reformas impositivas, previsionales, de los sistemas regulatorios y judiciales, los inversores encontrarán otros sitios para enviar su dinero”. Según Powell el capital “huye de la corrupción y las malas políticas, del conflicto y la impredictibilidad” y va a lugares “donde los inversores puedan esperar una ganancia sobre los recursos que arriesgaron, que a su vez los obtuvieron de sus accionistas, de los ciudadanos comunes que buscan una ganancia decente de sus inversiones, de sus ahorros”. Agregó que su país ayudaría a los países comprometidos con el estado de derecho y la transparencia a salvar la brecha entre “la promesa inicial de la democracia y la realidad de una vida mejor para el pueblo”.
Lo peor estuvo en la referencia directa al país. Mientras en Uruguay “la corrupción es un delito, no una forma aceptable de hacer negocios”, dijo Powell, la Argentina debe “enfrentar las graves fallas políticas e institucionales que alientan un excesivo endeudamiento del sector público, corrupción, politización de la justicia y falta de transparencia en la actividad del gobierno”. Una semana antes se habían incorporado al gabinete nacional personajes tan paradigmáticos como Graciela Camaño de Barrionuevo, Jorge Matzkin y Alfredo Atanasof. Paralizado de estupor ante esta nueva bofetada, en la misma mejilla ya golpeada por el ministro de Economía Paul O’Neill y el director del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, el gobierno sólo atinó a enviar a los medios a todos sus explicadores para destacar que pese a todo, Powell había dicho que su país quería “ayudar a la Argentina a superar sus problemas”, claro que “a través del FMI”.
El tejido básico
Como contexto general para América Latina, Powell había mencionado el desafío de convertir “la cooperación contra el terrorismo en el tejido básico de nuestras relaciones y nuestras instituciones. Debemos asegurarnos de que esa cooperación pase a ser la norma en el hemisferio”. Y como respuesta al catálogo de problemas enumerados, propuso perseverar con las mismas fórmulas que condujeron a la crisis: más democracia y más reforma económica. Para ello “reto a los gobiernos del hemisferio a llevar hasta sus últimas consecuencias las reformas” y a “unirse a nosotros para convertir en realidad el Area de Libre Comercio de las Américas”, ALCA.
Este párrafo no mereció comentario alguno del gobierno argentino, como si no hubiera entendido qué significaba. Lo más llamativo fue la diferencia con Brasil. De inmediato, su presidente, Fernando Henrique Cardoso, respondió que la prioridad que Estados Unidos asignaba a la seguridad sobre el desarrollo, el comercio y el progreso social, incidía en la crisis latinoamericana. Respecto de la Argentina dijo que Estados Unidos y los organismos financieros internacionales habían decidido lavarse las manos, mientras el país se hunde en “un pozo que no tiene fondo, puede empeorar aún más”. Brasil, donde en octubre podría ser elegido presidente el candidato que más preocupa a Estados Unidos, Lula, percibe con la lucidez que falta aquí, que la estrategia estadounidense de asar a fuego lento a la Argentina tiene un objetivo superior: la liquidación del Mercosur y el aislamiento de Brasil. Como, a pesar de todo, Powell no es el jefe del Pentágono sino de la diplomacia, dijo que su país compartía con Brasil metas comunes, regionales pero también globales, como el libre comercio y el combate contra el terrorismo y el tráfico de narcóticos. Pura cortesía.
Pliego de condiciones
Del pliego de condiciones económicas se encargó al día siguiente la subdirectora del Fondo Monetario Internacional. Desde la misma tribuna que Powell, Anne Krueger dijo que el Fondo estaba elaborando el programa para que la Argentina pudiera “emerger lo antes posible” de la crisis, algunos de cuyos puntos habían sido establecidos en marzo y abril. El plan contenido en el acta de 14 puntos firmada por el gobierno federal y los provinciales “debe convertirse en un programa consistente y sustentable”. Para ello deberían cumplirse tres condiciones:
1 Restaurar el orden en el sistema bancario, el sistema de pagos y el mercado de cambios, para lo cual es esencial un sólido marco macroeconómico, eufemismo por control de la emisión monetaria.
2 Corregir las debilidades fiscales que constituyen el centro de las dificultades argentinas. Aunque con la acentuada contracción hay límites para el ajuste y también debe fortalecerse la red de seguridad social, es necesario comenzar las reformas estructurales. Lo antes posible las provincias deben dejar de emitir papeles que circulen como substitutos del dinero.
3 Reformar la ley de quiebras y derogar la ley antisubversiva, en armonía con las normas internacionales. Esto sería esencial para recuperar la confianza de los inversores. El gobierno espera que esas leyes “sean sancionadas esta semana. Y lo serán”.
Duhalde cumple, Alicia dignifica
En la versión oficial que el Fondo subió a su página web las últimas tres palabras fueron suprimidas. Alguien advirtió que aun para la hermana de Freddie Krueger, esa afirmación era too much. Sin embargo, el gobierno tomó debida nota de ellas e hizo los mayores esfuerzos por cumplir con el emplazamiento, lo cual provocó episodios bochornosos en ambas cámaras del Congreso. El doble mensaje norteamericano se hizo inocultable el miércoles. Mientras el Senado argentino trataba de cumplir con su parte del trato, el Senado estadounidense ampliaba en 7350 millones de dólares anuales el subsidio a los productores agrícolas de aquellos estados en los que el presidente George W. Bush necesita mejorar su desempeño electoral. Es decir: restricciones al libre comercio y politiquería. Entre las producciones de la pampa húmeda y las de las economías regionales que no podrán acceder al mercado estadounidense, deberán contentarse con precios menores o encontrarán la competencia yanqui en terceros mercados, la Argentina perderá debido a esta ley unos 1500 millones de dólares al año. Ya en marzo de este año, el New York Times había ridiculizado la ofensiva frase de O’Neill sobre el presunto desinterés argentino por exportar, señalando que cuando la Argentina se convirtió en el primer vendedor mundial de miel, con colocaciones por casi 90 millones de dólares anuales, Estados Unidos le impuso aranceles del 66 por ciento, cerrándole su mercado, lo cual “ilustra la inmensa hipocresía de la legislación comercial estadounidense”.
En la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño se las ingenió para estirar el episodio de la bandera estadounidense hasta convertirlo en un escándalo mayúsculo, mucho más allá de las expectativas de Alicia Castro. Vale la pena recapitular los sucesivos pasos de Camaño, porque reflejan el mismo estilo pusilánime e indeciso de su jefe político. Cuando la diputada de la oposición terminó su discurso, bandera en mano, Camaño la ignoró, con la rutinaria fórmula: “Gracias señora diputada”. Una vez que la bandera aterrizó sobre su escritorio, el presidente de la Cámara sin inmutarse concedió la palabra al siguiente orador. Pero cuando estaba por iniciar su discurso, lo interrumpió advirtiendo que dejaría la bandera allí, para darle a la legisladora la oportunidad de retirarla. Castro se negó y Camaño le insistió, cada vez en tono más imperativo. La amenazó luego con una cuestión de privilegio que debería tratarse de inmediato y pidió que la presentara al diputado Manuel Baladrón, electo cuando el gobernador pampeano Rubén Marín vetó la reelección de Jorge Matzkin. En La Pampa se alude al episodio con un chiste que anuncia: “Viene Matzkin. Baladrón”. Después de un remolino de empujones frente a su estrado, Camaño cedió la presidencia y ocupó una banca para fundamentar la cuestión de privilegio. Asustado por la bola de nieve que había echado a rodar, desistió del desafuero e impulsó la continuidad de la sesión hasta que se votara la reforma a la ley de quiebras. En el Senado no hubo una representación visual tan clara como las barras y las estrellas sobre el escritorio, pero el escándalo no fue menor. Raúl Alfonsín se había impuesto en el fragmentado bloque radical sobre Rodolfo Terragno, quien expresa el hartazgo general por el cogobierno bonaerense. Se acordó que los senadores radicales facilitarían la modificación de la llamada ley de “subversión económica”, que el Código Penal menciona como de “seguridad del Estado”, siempre que los ocho disidentes peronistas (Jorge Yoma, Jorge Busti, Cristina Kirchner entre ellos) no manifestaran sus críticas en el recinto. Como no accedieron, los radicales ayudaron a formar quórum pero luego dispusieron que votarían en contra. Al advertir que habían quedado en minoría, los justicialistas optaron por apoyar otro texto, que ni siquiera conocían. Lo había presentado el forzudo republicano de Tucumán Pablo Walters, y en vez de modificar la ley, la derogaba. Diez horas de debate de un proyecto y tres minutos de votación de otro distinto es un record aun para el Congreso argentino. Otro rasgo esencial del duhaldismo se puso en juego esa madrugada. Los senadores justicialistas intentaron consultar qué hacer con su compañero de bancada a cargo del Poder Ejecutivo, pero Duhalde dormía. En su nombre autorizó el cambio de proyecto el jefe de gabinete Atanasof. Pero al día siguiente, cuando los radicales hicieron saber que no tratarían en diputados la irregular media sanción del Senado,Duhalde regañó a su bloque. Varios de sus colegas en el Senado se fueron dando un portazo. El viernes, Duhalde los elogió por patriotas. El penoso proceso se reiniciará esta semana. Para no incomodar a la señora Krueger, Duhalde presionó hasta el límite a los cordobeses, de modo que el viernes a última hora firmaran el compromiso de reducción del déficit. Por lo menos una de las tres provincias grandes, decía el ultimátum. Un dato cuya significación no puede soslayarse es que aún rehúse firmar Buenos Aires, cuyo gobernador Felipe Solá no se trepó en San Vicente al tren de los incondicionales. Su problema no es tanto la reducción del déficit como la esterilización de los papeles del estanciero, con los cuales ahora paga el 80 por ciento de los sueldos.
Un engendro
Los países desarrollados donde rigen las reglas de mercado no tienen leyes como la de subversión económica, hechas a la medida de gobiernos autoritarios como el de Isabel Perón o la dictadura militar. Aquellos países sólo incriminaron delitos económicos en situaciones de crisis como la de 1929. Pasada la emergencia sólo conservaron normas para proteger la economía de mercado, como las de defensa de la competencia, que aquí también existen aunque no se aplican. En otros países latinoamericanos existen leyes similares a la que el Fondo cuestiona, pero según el profesor de Derecho Penal Esteban Righi nunca se aplicaron. En su libro sobre delitos económicos Righi asevera que la performance argentina ha sido de las peores. Ante una consulta de este diario, el ex ministro del Interior de Héctor Cámpora dijo que la ley de subversión económica es incompatible con el estado de derecho. Los jueces “incapaces de fundar imputaciones adecuadas por administración fraudulenta acuden a esta ley porque tiene más pena e impide la excarcelación. En las causas de ese tipo hay posibilidades de incriminar y probar otros delitos (balances falsos, falsedades documentales, defraudaciones, etc.) siempre que se haga una investigación adecuada, avance el juicio y se llegue a la sentencia. Pero para muchos jueces, lo más fácil es usar la prisión preventiva y prolongar los juicios indefinidamente”, dice Righi. El problema es que “como no se derogó ese engendro cuando se debía, hacerlo ahora es ceder a la presión del FMI, que no debe meterse en estos temas, menos presionar, y menos aún por motivos reprobables, como favorecer a banqueros amigos. En estas condiciones la alternativa es clara: o se cede a la presión o se mantiene una ley espantosa. Una vez más vemos una causa justa en malas manos y con móviles peores. Si nuestra clase dirigente tuviera estatura, podría derogar la ley, acudiendo a una frase de un gran penalista alemán que decía que el contenido de verdad de una afirmación es independiente de la persona que la emite”.