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Carlos Liporace finalmente quedó fuera de la causa Sou-thern Winds. La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico resolvió, por mayoría, apartar al juez de la causa de las valijas con cocaína enviadas a España. El expediente, plagado de acusaciones cruzadas y sospechas, ahora será sorteado entre seis jueces de ese fuero. Los camaristas Roberto Enrique Hornos y Marcos Grabivker entendieron que Liporace “perdió la imparcialidad” necesaria para “garantizar la ausencia de prejuicios a favor o en contra” de los sospechosos. En los hechos, lo acusaron de no haber allanado los domicilios particulares de los directivos de SW, crear un expediente paralelo y recordaron, entre otros motivos, sus floridas y frondosas declaraciones públicas. Para los camaristas, sus dichos mostraron a un juez “más preocupado por manifestarse públicamente y cuestionar al órgano revisor que por profundizar la investigación”. La decisión de la sala fue pensada y evaluada con cuidado y al detalle. No por casualidad el fallo no salió por unanimidad, como sucedió con las durísimas resoluciones que cuestionan a Liporace, emitidas hasta ahora, sino por mayoría.
Hasta el viernes, las posiciones aún no estaban tomadas, aunque los camaristas tenían en sus escritorios una herramienta valiosa: la resolución del fiscal general ante la Cámara, Ramiro Rodríguez Bosch, que por primera vez en sus trece años en el cargo había recomendado la exclusión del juez en un proceso.
Para hacerlo, Rodríguez Bosch analizó y desestimó tres de las cuatro razones esgrimidas por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales en el planteo de recusación contra el juez presentado el 8 de abril: interés en el pleito, prejuzgamiento y enemistad manifiesta hacia ella. Dejó en pie, en cambio, la figura de “pérdida de imparcialidad”, motivo que dio como suficientemente probado como para pedir la exclusión de Liporace. “Si la fiscal le dice al juez que allane y el juez recién lo hace después de que la Cámara le tira de las orejas, no es el ideal de juez que uno se imagina cuando estudia derecho penal y procesal en la facultad”, explicó a este diario una fuente del Ministerio Público.
Los camaristas de la Sala B recibieron la resolución el 27 de marzo y escribieron el dictamen en esa misma línea. Decidieron apartar a Liporace por “la sospecha de parcialidad que ha sido admitida por la Sala como hipótesis que autoriza el apartamiento del juez interviniente”. Para fundamentar la hipótesis, echaron mano a siete razones:
- Citas extrañas: Fue uno de los argumentos más fuertes de la acusación y el único argumento incorporado como nueva prueba al sumario contra Liporace que está abierto en el Consejo de la Magistratura. Varios empleados de SW podrían haber llegado a comprometer a los directores de la empresa con sus declaraciones testimoniales, pero Liporace les envió los telegramas para citarlos a través de dos abogados que resultaron defensores de Juan y Christian Ma-ggio, titulares de SW. Los camaristas mencionaron el supuesto o esperable “temor” de los empleados para declarar en contra o favor de sus empleadores bajo esas circunstancias. E indicaron además que podrían haber sido “influenciados” por recibir la citación de un juez penal de parte de los abogados de “sus patrones”.
- “Sintomática” ausencia: A pesar de que la Sala B le había exigido a Liporace el 4 de marzo pasado cumplir con una serie de allanamientos requeridos por la fiscalía, el juez cumplió con una parte, pero no con algunos de los más importantes: “Llamativa y sintomáticamente –dijeron los camaristas–, entre ellos omitió los correspondientes a los domicilios de Juan y Christian Maggio”.
- Expediente paralelo: No es la primera vez que la Cámara menciona la existencia de un expediente paralelo en la causa. Lo hizo por primera vez el 31 de marzo, cuando resolvió la situación procesal de un empleado de SW. En esa ocasión, lo consideraron “una anomalía” que le permitía al juez agregar asistemáticamente documentación “con escasa o nula posibilidad decontrol” en la causa. En esta nueva resolución, los jueces sumaron esa razón para fundamentar su apartamiento.
- Demora injustificada: El exhorto internacional para pedir la copia del sumario que instruye desde septiembre del año pasado el Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, en España, se demoró un mes y medio. Aunque la irregularidad ya dio lugar a un sumario en el Consejo de la Magistratura, los camaristas lo consideraron ahora como “otro dato” objetivo para apartarlo.
- Plazos vencidos: Para los camaristas, Liporace resolvió fuera de tiempo la situación procesal de los Maggio, del vicepresidente de SW, Enrique Montero, del jefe de la Policía Aeronáutica, Horacio Miguel Giaigischia, y de Marcelo Antonio Filippi.
- Sin rayos. La Cámara le había encomendado a Liporace un peritaje en la máquina de rayos X o scanner de Top Air Secury SRL (TAS). Es el scanner por donde pasaron las cuatro narcovalijas con los 58,900 kilos de droga el 16 de septiembre del año pasado. El juez no lo hizo porque “la máquina estaba fuera de servicio desde mediados de noviembre de 2004”, informó a través de un oficio. Para sus superiores no estuvo bien: “Eso demuestra que aquel peritaje debería haberse ordenado con la inmediatez propia de una investigación diligente”.
- Pez que habla, pez que muere: Liporace se defendió varias veces, mediante declaraciones públicas, de las críticas de la Cámara. Se preguntó en voz alta y ante los medios ¿por qué no le sacaban la causa?; criticó las demoras en las resoluciones de los camaristas y justificó las suyas por las demoras de sus superiores. La Cámara no se lo dejó pasar: en la resolución, reprodujeron varios textuales con las declaraciones del juez. Todas ellas, dijeron, “indican al señor juez más preocupado por manifestarse públicamente y cuestionar al órgano revisor que por profundizar la investigación”.
Ni la salida de Liporace ni los argumentos de la Cámara para sacarlo son una sorpresa. Los tres camaristas venían sugiriendo esa posibilidad desde comienzos de marzo, cuando comenzaron a resolver las apelaciones en la causa. En alguna ocasión señalaron el carácter “errático y confuso” de la investigación, la falta de pruebas y de allanamientos, tal como lo mencionaron ahora. Ante esa serie de irregularidades primero decidieron iniciar una investigación preliminar sobre el comportamiento del juez, una actuación que quedó en manos de Nicolás Repetto, presidente de la Cámara. Esa decisión se reforzó el 31 de marzo. En el trámite en el que confirmaron el procesamiento de Fernando Arriete, ex gerente comercial de SW, mencionaron por primera vez la existencia del expediente paralelo. En esa ocasión le adelantaron al juez que la causa quedaría bajo la supervisión permanente de la Cámara.
De allí en adelante las tormentosas críticas se detuvieron. La Cámara tuvo al menos una oportunidad para apartarlo el 19 de abril, cuando dictó la nulidad de una “falta de mérito” que benefició a dos empleados de TAS, encargados de los controles de rayos X sobre las valijas. Los jueces, muy restrictivos con sus fallos, decidieron seguir esperando.
La recusación de la fiscal, en cambio, fue la que terminó con Liporace. Al menos en el terreno judicial, sus argumentos fueron lo suficientemente sólidos como para lograr el respaldo del Ministerio Público. Esta pequeña victoria, sin embargo, no es completa. Ruiz Morales aún tiene varios flancos abiertos y pocos protagonistas dispuestos a dejarla avanzar con la investigación (ver aparte).
El camarista Carlos Pizzatelli planteó la única disidencia del fallo. A su criterio no esta configurada la causal de “interés en el pleito”, invocada y mantenida por el fiscal de Cámara contra Liporace.
En tanto, la causa será sorteada hoy nuevamente entre seis jueces del fuero Penal Económico. El sorteo no incluye al juez de turno. El ex juez de la causa SW recibirá de su sucesor una causa “igual en cantidad, fojase imputados” que la que ha dejado (ver aparte). Anoche y en público, Liporace se despidió de las cámaras: “Tengo la conciencia tranquila”.