El diccionario argentino del colmo de los colmos se agiganta. Esta vez la novedad proviene de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El 30 de abril, en medio de la crisis y los ajustes, el organismo encargado de controlar las cuentas y gastos del Estado nombró jefes a 103 de sus 300 empleados, lo que se tradujo además en aumentos salariales. Entre las peculiaridades del nuevo esquema, por ejemplo, ya no habrá una sola mesa de entradas sino cuatro. Simultáneamente echó gente y bajó sueldos. Nadie encuentra explicación a esta reingeniería cargada de favoritismo (y desgracias) en una repartición que, en este año, según su propia página de Internet, todavía no auditó nada. Sólo se supo, por una denuncia de la Fundación Huésped, que frenó la compra de medicamentos para los enfermos de sida porque le parecían caros.
En términos de dinero, la Sigen pagaba por mes alrededor de 170 mil pesos en sueldos a los funcionarios de planta promovidos. Es, de por sí, una de las reparticiones del Gobierno que mejor paga. A partir de este mes abonará unos 240 mil en salarios que van aproximadamente desde los 1.500 a los 6.300 pesos, a pesar de que se supone que toda la administración pública está congelada. En una de las dos resoluciones en que el titular del órgano, Julio Comadira, aprobó la nueva “estructura orgánicofuncional”, dice que el cambio “no genera una mayor erogación” aunque aclara que se pagarán “las diferencias salariales, por corresponderse con funciones de mayor jerarquía”.
Arriba y abajo
Un análisis benévolo podría deducir que el hombre quiso dar a los trabajadores un aumento de sueldo entre tanta malaria. Pero hay por lo menos argumento en contra: el mismo día que elevó de rango a un centenar de personas, 72 de las cuales obtuvieron aumentos de categoría propiamente dichos, echó a otras 11 y a más de 30 les bajó el sueldo hasta en un 50 por ciento. Muchos no recibieron explicaciones al respecto, a otros se les dijo –a veces a través de terceros– que era “por reducción de gastos”. La mayoría de los damnificados estaban identificados con la gestión de Rafael Bielsa, durante el gobierno de la Alianza, describieron fuentes gubernamentales.
Las resoluciones de Comadira, ex funcionario menemista y de la dictadura militar (ver aparte), crean nuevos cargos. Además de que ya no habrá como siempre una sola mesa de entradas sino cuatro, cada una con su jefe y repartidas en gerencias, habrá encargados del “servicio de mesa de entradas”. Entre otras de las nuevas funciones, a cada uno de los síndicos que trabaja en los diferentes ministerios se les adosó un adjunto, salvo en la cartera de Economía, a la que le tocaron dos.
Entre otros ejemplos, hay una nueva subgerencia de Recursos Humanos dentro de la Gerencia de Administración y Finanzas. A cargo estará Rubén Vetulle, un funcionario que durante unas dos décadas cobró una jubilación de privilegio tramitada a los 46 años, más el sueldo de la Sigen (antes Sigep), y quien tendrá la paradójica misión de implementar un plan de carrera administrativa.
Por donde se los mire, los números de la Sigen –fiscalizadora del Poder Ejecutivo para el uso racional del poco dinero que queda– son cuanto menos extraños. Jorge Pardo, otro funcionario de carrera, arrastraba un cargo de gerente dentro de la sindicatura, por el que le corresponden 6.300 pesos. Comadira lo nombró también como uno de sus tres síndicos adjuntos en la cúpula del organismo. Este último puesto es considerado, según explicaron fuentes del Ejecutivo, como “cargo político” y rige para él el famoso tope de 3.000 pesos heredado de la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. Allegados a la Sigen señalaron a Página/12 que sin embargo Pardo no sólo sigue cobrando el sueldo más alto sino que en los últimosmeses cosechó tres “adicionales por productividad” de hasta 989 pesos, un plus que nunca perciben los funcionarios políticos. Las mismas voces informaron que los otros dos adjuntos, Martha Zilli de Miranda y Carlos Moix, e incluso el propio Comadira, se atienen al límite previsto.
El parate
“Desde diciembre la Sigen está parada”, coincidieron varios empleados consultados. En principio, hubo problemas con el síndico que puso Rodríguez Saá, Carlos Magliolo, quien sobrevivió sólo un tiempo durante la gestión de Eduardo Duhalde. Fue desplazado cuando se supo que se había ido de la propia Sigen en septiembre último con un retiro voluntario de 250 mil pesos –la ley prohíbe el retorno por cinco años– y que tenía una consultora especializada en asesorar “áreas de gobierno”. Desde su desembarco, en febrero, Comadira al parecer se dedicó a pensar alguna reestructuración que por ahora casi nadie entiende. Este diario se comunicó cuatro veces con su secretaria privada pero nunca tuvo respuesta del síndico.
En la página web del organismo no figura ningún informe de auditoría de este año, aunque sí están perfectamente actualizados los datos de los funcionarios de turno. La Sigen de Comadira sí tuvo tiempo, sin embargo –aunque no lo publicó en el ciberespacio–, para objetar y frenar la licitación para la compra de medicamentos para los pacientes con VIH que debía efectuar el Ministerio de Salud, alegando que los precios pedidos por los oferentes eran demasiado altos. En los mismos días, un decreto habilitó a otro ministerio, el de Desarrollo Social, a hacer contrataciones directas, sin ninguna clase de precio testigo, mientras dure la emergencia pública.