En la Ciudad de Buenos Aires hay 18 mil adolescentes que no cursan el secundario. Para incluirlos dentro del sistema educativo, el gobierno porteño presentó ayer en sociedad el proyecto de ley de obligatoriedad de la enseñanza media. “Sabemos que la deserción no se resuelve con una ley pero sí es importante que una ley marque un objetivo y le dé el marco a una voluntad política. Esta es una medida de largo plazo. La crisis ha convertido los índices de deserción escolar en una amenaza peligrosa: deja a nuestros chicos fuera de cualquier tutela pública, salvo –tal vez– la que ejercen la policía y la Justicia. Pero si la policía y la Justicia deben intervenir es porque otras áreas del Estado han fracaso previamente. Significa que hemos llegado tarde”, dijo el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. El secretario de Educación, Daniel Filmus, explicó que “el 88 por ciento de los chicos de 13 a 19 años ya están en la escuela, es decir que no es imposible incorporar a ese 12 por ciento que queda fuera para lo cual en cinco años se requerirá pasar de una inversión de 10,3 millones de pesos a 26,5 millones.”
Si la Legislatura convierte en ley el proyecto del Ejecutivo la Ciudad de Buenos Aires se transformará –según afirmó Filmus– “en la primera jurisdicción de América Latina con secundario obligatorio”. La Ley Federal de Educación, sancionada en 1993, extendió del séptimo grado al segundo año del nivel medio el período obligatorio. En su gestión como gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, había anunciado la intención de transformar los últimos tres años del secundario también en obligatorios pero no se llegó a concretar.
El consenso de las distintas bancadas legislativas es esencial para conseguir que el propósito del gobierno se transforme en realidad. Por eso desde el Ejecutivo se entusiasmaban con el rápido tratamiento del proyecto teniendo en cuenta que diputados de las distintas bancadas se sumaron al lanzamiento. Filmus empezó a fundamentar las bondades de la iniciativa luchando contra la ubicación de la pantalla del power point cuyos cuadros sólo podían disfrutar en plenitud las figuras de los gobelinos colgados en el barroco Salón Dorado del ex edificio de La Prensa.
“Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, en la Ciudad el 61 por ciento de los egresados de media tiene trabajo mientras que sólo están incluidos el 28,3 por ciento de quienes sólo completaron la primaria. Obviamente, el nivel medio pasa a ser una condición mínima de empleabilidad para disputar un puesto en el mercado laboral”, detalló el secretario y señaló que “este año hay más de 200 mil chicos en el secundario público y privado, más que la cantidad de chicos porteños de 13 a 18 años, lo que pasa es que hay un 15 por ciento de chicos que proviene del Gran Buenos Aires”. El 49 por ciento de los adolescentes cursa en el turno mañana, el 36 por ciento a la tarde y el 15 por ciento en las escuelas vespertinas, en estas últimas abandona uno de cada cuatro chicos. La necesidad de mejorar la retención de los alumnos es una de las prioridades junto con la disminución de repitencia para así hacer más eficiente el uso de los recursos y liberar vacantes. “La deserción bajó del 15 por ciento al 12,2 por ciento en los últimos tres años y si bien logramos que mejore del 11 al 21 por ciento la tasa de chicos que se animan a rendir las materias que se llevaron a marzo, todavía aprueba sólo uno de cada cinco de los alumnos que se presentan”, dijo Filmus.
Para tener dentro del sistema educativo en el 2007 a los 18 mil chicos que hace falta incorporar, el gobierno porteño tendrá que construir nueve escuelas en las zonas más pobres, llegar a otorgar 40 mil becas, es decir que uno de cada tres chicos de la media debiera estar becado. El aumento del presupuesto educativo promedio calculado es del 2,2 por ciento pero en el nivel medio el impacto es mayor, asciende al 9,8 por ciento de incremento (ver cuadros). El proyecto prevé la creación en el ámbito de la Legislatura de una comisión de seguimiento de la implantación de la obligatoriedad, integrada por los legisladores de la Comisión de Educación, por representantes del IIPE-Unesco, de Unicef, del ámbito académico y gremial docente. El objetivo es que desde ahí se controle la congruencia entre la letra de la ley y los recursos pedagógicos y económicos que se asignen.
“No se trata sólo de aumentar la cobertura sino de cambiar la oferta, los contenidos, los métodos, los dispositivos pedagógicos para evitar que el ingreso termine en fracaso. Este proyecto va a en ese sentido. Toca al sector de la población más vulnerable, los jóvenes, que sienten de lleno el impacto de los cambios, la inseguridad y la incertidumbre sobre su futuro. Esto muestra la necesidad de políticas activas de parte del Estado para que los chicos puedan elegir trayectorias de vida útiles para ellos y para la sociedad”, dijo el titular del IIPE-Unesco, Juan Carlos Tedesco, quien participó de la presentación junto con el representante de Unicef.
En medio de la crisis y de las urgencias de la coyuntura la elaboración de un proyecto a cinco años dio una sensación de alivio a más de un funcionario porteño. Un relativo optimismo que reforzaron al leer la fundamentación del proyecto de ley en la que se destaca que “según un reciente estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a comienzo de los ‘70, América latina mostraba un nivel educativo acorde con su grado de desarrollo. A mediados de los ‘90, en cambio, apenas tiene 5,2 años de educación, dos menos que lo esperado para su nivel de desarrollo y cuatro menos que los países del sudeste asiático de similar desarrollo”. En ese contexto, la estadística porteña aparece casi como del Primer Mundo.