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“Voy a decirlo de manera brutal. El sistema penal funciona como una lotería. Todo depende de qué juez te toque.” Lo dice Stella Maris Martínez, que lleva diecisiete años comprobando esa realidad como defensora oficial. Hace un mes y medio, esta criminóloga, experta en bioética, que comparte cátedra universitaria con el juez de la Corte Raúl Zaffaroni, asumió en forma interina la jefatura de la Defensoría Oficial de la Nación. Le tocó reemplazar al menemista Miguel Angel Romero, que renunció acorralado por un escandaloso juicio político.
–Un funcionario del Ministerio de Justicia dijo que la Defensoría es “el estudio jurídico más importante del país”. ¿Qué le parece esa definición?
–Efectivamente es el estudio más grande del país. Absorbemos en Capital Federal el 85 por ciento de todas las defensas penales. En todo el país tenemos gran parte de las causas de drogas y militares. La defensa oficial funciona cuando la persona es pobre y no tiene dinero para pagar un defensor, o cuando tiene dinero y no lo nombra porque no quiere.
–Pareciera que cada vez más funcionarios o gente con poder recurre a la defensoría pública. María Julia Alsogaray es un caso, Juan José Galeano es otro. ¿Por qué?
–Puede ser un modo simbólico de rechazar el proceso. Es lo que hizo (Jorge Rafael) Videla en el Juicio a las Juntas. Además, es una defensa altamente capacitada técnicamente. Somos funcionarios de carrera y hemos trabajado mucho. Cuando me nombraron defensora ante la Corte yo era la persona que más juicios orales había hecho en el país. Hay quienes suponen que tenemos más llegada a los jueces, pero no es así. Nuestra defensa es técnica y eficiente, como reclaman los pactos internacionales de derechos humanos y la Constitución.
–¿Está bien que quienes pueden pagar un abogado pidan defensa oficial?
–A quienes tienen recursos nosotros no los defendemos gratis. El juez les fija honorarios, que no son para el magistrado que ejerció la defensa sino que ingresan a un fondo de capacitación del Ministerio Público. La cuestión es que si alguien no quiere nombrar abogado, el Estado está en una disyuntiva porque el juicio no se puede realizar. La persona podría, de ese modo, obstaculizar la actuación de la Justicia.
–¿Cuánto se cobra?
–Lo fija el juez. En el caso de la ingeniera Alsogaray, por ejemplo, hay una regulación de primera instancia de 80 mil pesos.
–¿Alguna vez rechazó ejercer la defensa de alguien?
–Nosotros no podemos negarnos a defender a alguien porque no nos gusta lo que hizo. En general, nunca nos gusta lo que hizo, o mejor, lo que dicen que hizo (en el juicio es un presunto inocente). Yo no estoy de acuerdo con que alguien cometa homicidios o viole niños. Pero es factible excusarse por violencia moral. Es decir, si sé que estoy tan condicionada que voy a defender mal, que no puedo diferenciar mi sentimiento del conflicto. Esto se plantea con la defensa de militares si un defensor ha tenido familiares víctimas de la represión o él mismo fue perseguido. Pero no es masivo.
–Teniendo en cuenta que ustedes en la mayoría de los casos defienden a gente de pocos recursos, ¿le parece que la Justicia trata de un modo diferente a los poderosos y a los pobres? Esta idea se reavivó con la excarcelación de Omar Chabán y María Julia.
–Es el sistema penal el que trata distinto a los ricos y a los pobres. Es un sistema de control social selectivo. Capta indiscriminadamente a los pobres porque son presas más débiles, si delinquen lo hacen en situación de fragilidad. Es el viejo dicho norteamericano: si un rubio corre está haciendo footing, pero si es negro está escapando porque robó. Las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, no de vaciadores de bancos.
–¿Es un problema cultural? ¿Es ideológico? ¿Técnico?
–El sistema no está altamente especializado. Con las drogas, por ejemplo, quizás aisladamente se desbarata alguna red de narcotráfico, pero los que van presos masivamente son los tenedores de pequeñas cantidades. La gente se siente insegura por una desviación cultural. Tiene más temor por la persona que le puede quitar la cartera en la calle que por el banquero que le puede hacer perder los ahorros. Es una construcción cultural de la que los jueces forman parte.
–Si uno se guía por el endurecimiento de penas producto de los reclamos de Juan Carlos Blumberg, quedó más jerarquizado el derecho a la propiedad que el derecho a la vida. ¿Eso está bien?
–Las reformas Blumberg se dirigieron sólo parcialmente a delitos graves y dejaron un Código Penal absolutamente anárquico. Hay que reescribirlo todo. Quedaron incoherencias entre las penas para delitos graves y menores. Pero hay otro tema. La gente cree que el sistema procesa la mayor parte de los delitos y que los problemas de seguridad los arreglan los jueces. Es una utopía. No pasa en ningún lugar del mundo. Como mucho, el sistema puede abordar el siete u ocho por ciento de los delitos. Más allá de elevar las condiciones sociales en general, el tema pasa por capacitar al personal policial y por buscar soluciones alternativas.
–¿Qué sería una salida alternativa?
–Un sistema de recuperación juvenil sería una. A los jóvenes se los estigmatiza sacándolos de la sociedad y mandándolos a institutos de menores. Después van a la cárcel. Los jóvenes encarcelados no tienen posibilidad de reinserción social.
–¿Acuerda con la libertad concedida a Chabán?
–No hay que hablar sin haber leído el expediente. Puedo referirme a la generalidad. Respeto de los magistrados que excarcelaron a Chabán. Algún motivo habrán tenido para creer que no se iba a escapar o entorpecer la investigación. Lo que faltó fue contención a los familiares.
–¿De qué tipo?
–Debieron tener acompañamiento, de abogados quizá, que les explicaran que esto no significa impunidad. Es más, técnicamente no sé si Chabán no va a llegar peor al juicio. No creo que le hayan hecho un favor al liberarlo.
–¿Por qué prevalece la sensación de impunidad?
–Porque la gente confunde prisión preventiva con condena. Puede ser que a veces se deba a la lentitud judicial, aunque no es lo que ocurre con Chabán. Este caso refleja una situación muy crítica, excepcional, de padres altamente sensibilizados y con razón.
–Que los manifestantes de la Legislatura estén presos hace más de un año hace pensar que los jueces también condenan en forma anticipada.
–Voy a decirlo de manera brutal. Lamentablemente, el sistema penal también funciona como una lotería. Todo depende de qué juez te toque. Así como a Chabán le tocó una sala de la Cámara con dos jueces que pensaban de una manera y el tercero de otra, le pudo haber tocado otra cuyos jueces pensaran que debía seguir preso. Esto puede ser rico, si no tendríamos computadoras en lugar de jueces, pero el de las excarcelaciones es un tema crítico.
–¿Los jueces deben tener en cuenta el ánimo social para tomar decisiones?
–Hay que pensarlo al revés. Los jueces deben ser la garantía de algo diferente a la venganza privada o al linchamiento. Si el pueblo quiere castigo inmediato, suprimamos el sistema de justicia, que se junten un montón de personas, tomen al que creen culpable y lo cuelguen. La Justicia existe para poner racionalidad y contempla rituales de garantía. Un juez debe estar inserto en la realidad, pero obedecer a las leyes.
–¿La prisión preventiva debe ser una excepción?
–Debería ser. El problema es que, al aplicarla como si fuera la pena, se trata a un presunto inocente igual que a un culpable. Se debe aplicar con prudencia, lo dice la Constitución. Si alguien no va a obstaculizar elproceso no hay por qué mandarlo a prisión. Pero para los delitos graves no se me ocurre otra solución.
–¿El fallo de la Corte Suprema que marcó límites a la prisión preventiva en relación con las cárceles bonaerenses tuvo algún efecto concreto?
–Lentamente hay algunas mejoras, pero es algo difícil. Además de seleccionar bien las preventivas habría que diseñar otras herramientas. La cárcel sólo evita que quien está preso cometa nuevos delitos, pero difícilmente resocializa. Pero a los penalistas hasta ahora no se nos ocurrió nada muy brillante. Estamos en un callejón sin salida. Si seguimos invirtiendo en cárceles y más cárceles, no invertimos en viviendas, ni en salud. Y el sistema carcelario va a colapsar.