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A menos que todos los astros se alineen para salvarlo, Juan José Galeano perderá este miércoles su cargo de juez federal. Ese día el jurado de enjuiciamiento leerá la sentencia del juicio político que se le sigue por las maniobras en la causa AMIA que impidieron llegar a la verdad sobre el atentado terrorista. Todos los miembros del tribunal estarían de acuerdo en imputarle mal desempeño en sus funciones por el pago ilegal de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que acusara a un grupo de policías bonaerenses.
La acusación contra Galeano se apoyó en quince cargos que fueron formulados por la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmukler en nombre del Consejo de la Magistratura. Entre todos los integrantes del jurado habría consenso para removerlo por haber organizado el pago a Telleldín, según pudo saber Página/12. Está en duda que prosperen las demás imputaciones, aunque esto no altera el desenlace. Basta que al menos seis de los nueve jueces lo acusen por mal desempeño en un solo hecho para que el juez se quede sin el puesto.
Los rumores sobre gestiones recientes de emisarios de Galeano ante el jury inquietaron al Gobierno, que a comienzos de julio reconoció en un decreto la responsabilidad del Estado por no haber investigado debidamente el atentado y admitió que existió encubrimiento. El supuesto desfile de defensores del juez habría incluido visitas de dirigentes de la DAIA y la AMIA –que históricamente lo apoyaron– a los legisladores del tribunal: Jorge Agúndez, Manuel Baladrón y Sergio Gallia. El resto de los vocales son los abogados Guillermo Sagués, Enrique Basla y Eduardo Roca, y los jueces Ramiro Pujol y Carlos Moreira. El presidente es el ministro de la Corte Suprema, Augusto Belluscio.
En la Casa Rosada la semana pasada se calmaron los ánimos: todo indica que el jurado, en pleno, no duda de que Galeano organizó la entrega de 400 mil dólares a Telleldín para comprar el contenido de su declaración. Como explicó en el juicio el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rúa, la operación (concretada con dinero de la SIDE) fue ilegal porque no se trató de un recompensa, contra los argumentos del juez, sino que se le pagó al armador de autos truchos para que dijera que él montó la Trafic usada como coche bomba, y que se la entregó a policías de las brigadas de Lanús y Vicente López.
La negociación entre Galeano y Telleldín quedó registrada en videos que el juez grabó en forma secreta. Allí se ve incluso que le indica en fotos a quién inculpar. Telleldín y los policías fueron liberados el año pasado por el Tribunal Oral 3, que concluyó que la investigación del atentado consistió en el armado de una pista falsa al servicio de “oscuros intereses de políticos inescrupulosos”.
Los otros cargos que postularon Rodríguez y Szmukler adjudican a Galeano: la apertura de legajos paralelos que eran inaccesibles para algunas de las partes, la destrucción y pérdida de pruebas, la intervención ilegal de teléfonos, la coacción a testigos y tortura en uno de los casos así como el abandono de líneas de investigación como la pista siria. Durante la exposición del alegato, Szmukler comparó el discurso del magistrado con la “doctrina de la seguridad nacional” del terrorismo de Estado, porque en su escrito de defensa comparó su desempeño con la actuación de Estados Unidos en relación con los presos de Guantánamo. Es posible que estas acusaciones no encuentren total respaldo del jurado de enjuiciamiento. Podrían no considerarlas suficiente motivo de destitución.
Galeano recurrió a un defensor oficial, Mariano Maciel, para que lo representara en las audiencias orales. Cuando naufragó la estrategia de estirar los tiempos como fuera, la línea argumental fue responsabilizar a la SIDE y decir que el arreglo con Telleldín fue una operación de inteligencia. Pidieron nulidades múltiples e insistieron con que se violó el derecho de defensa.
El proceso de remoción empezó en 2001 con varias denuncias que fueron presentando los abogados de Memoria Activa, Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado y la diputada Nilda Garré, entre otros. Recién el año pasado cobró impulso tras la sentencia del juicio oral por el ataque terrorista que puso todas las irregularidades al descubierto. El suspendido juez anunció que recurrirá a la Corte para que revise su situación. También dijo que se quejará ante los tribunales internacionales, algo extraño teniendo en cuenta que la Argentina ya reconoció sus faltas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta al reclamo de Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales.
Para Galeano la historia no termina acá. También tendrá que enfrentar un juicio penal, donde están implicados con él varios ex funcionarios menemistas como el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy. Esta causa también lleva largo tiempo de existencia ya que comenzó en 2000. Recién este año el juez Claudio Bonadío hizo llamados a indagatoria “justo” antes de que empezara el juicio político a Galeano. Esto dio argumentos a los acusados como el ex Señor Cinco para evitar declarar ante el jury, donde habían sido citados como testigos. Ahora la Cámara de Apelaciones estudia quitarle el caso a Bonadío. Tal vez sea otro el juez que deba establecer las responsabilidades políticas y judiciales con nombre y apellido. La destitución de Galeano será un primer paso en ese camino.