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Estuvo procesada por asignarse subsidios a sí misma y a su marido cuando era concejal porteña (UCR), quedó involucrada en la causa de los ñoquis del ex Concejo Deliberante y a pesar de todo llegó a ser directora del Banco Ciudad. Marta Scaravaglione todavía ocupa ese cargo. Durante este mes aparecieron 63 cajas de ahorro a nombre suyo y de algunos familiares en distintas sucursales. La estrategia que le habría permitido sacar unos 150 mil pesos del corralito fue detectada por una auditoría interna y ayer la entidad bancaria presentó una denuncia penal en su contra. Su situación será analizada en la reunión de directorio de hoy.
“Lo más complejo es esta noción que parecen tener algunos funcionarios de considerar que el Estado es de su propiedad individual y que les sirve para obtener ventajas”, se quejó Roberto Feletti, presidente del Banco Ciudad. Argumentos similares usó antes de pedirle la renuncia en febrero a otra directora, Mónica Almada, quien había sido denunciada por retirar 315 mil dólares horas antes de que se anunciara el corralito valiéndose de su cargo. Sobre el futuro de Scaravaglione por ahora Feletti dijo: “La denuncia se hizo para ver si existe algún delito y su permanencia deberían analizarla la Legislatura y el jefe de Gobierno porteño”. Ayer la senadora por la Ciudad de Buenos Aires Vilma Ibarra pidió la renuncia de la funcionaria invocando la Ley de Etica Pública (ver aparte).
Según la auditoría que, a partir de una denuncia, deschavó a Scaravaglione, en 21 de las 63 cajas de ahorro ella es titular o cotitular y está vinculada con las demás, en su mayoría a nombre de miembros de su grupo familiar. Alerta también sobre una operación sospechosa de compraventa de un inmueble en la que salen 134.998,26 pesos de una cuenta en el Banco Galicia a nombre del marido de Scaravaglione, Juan García Montiel, que vuelven luego de un laberinto a las arcas familiares en el Banco Ciudad.
El recorrido investigado fue así: el dinero del Galicia llegó a una cuenta en el Ciudad a nombre de Oscar Daniel Salgado; luego fue transferido a una caja de ahorro en la sucursal 33 del Banco Ciudad a nombre de una empleada contratada de la sucursal 53; de allí los fondos pasaron a cinco cuentas (cuatro por 22.000 y una por 6.000) a nombre de Scaravaglione y parientes, “quienes a través de movimientos operativos entre el 13 y el 15 de mayo de 2002, los retransfirieron en tantas cuentas que fueran suficientes para extraerlos sin superar la suma de 1200 pesos mensuales”, dice el informe. “Los 41.000 –añade– restantes corresponden a un cheque cancelatorio a la orden de Leopoldo Adolfo Lariguet. Hasta la fecha se ha extraído en efectivo la suma de aproximadamente 40.000 pesos”. Como último dato dice que “se tiene conocimiento de la existencia de una operación de compra de un inmueble en el Capital Federal por 406.000 pesos, mediante la desafectación de fondos reprogramados en distintas cuentas de nuestro banco transferidos a una cuenta en el Banco Nación, Provincia de La Pampa” cuyo titular es el mismo Lariguet.
El Banco Ciudad resolvió informar sobre la situación al jefe de Gobierno Porteño, Aníbal Ibarra y otros funcionarios y a la Legislatura. La causa judicial quedó radicada en el juzgado de Raúl Irigoyen quien, según la denuncia original de Carlos Alberto Giannino que llegó a la entidad, debería también investigar las responsabilidades del propio Feletti en las maniobras. Funcionarios que tuvieron acceso a la pesquisa dicen tener sospechas de que tal vez las operaciones inmobiliarias no existieron.
Tanto la radical delarruista Sacaravaglione como su marido, ambos ex concejales, fueron procesados en 1998 por el juez Mariano Bergés. Fue cuando ella, como concejal, disponía de 40 mil pesos para subsidios y donó 30 mil a la Asociación Amigos del Parque Centenario –que su esposo presidía y en la que ella era vocal– y 10 mil a una asociación de jubilados que funcionaba en el Comité Radical y que también conducía García Montiel. En la causa de los ñoquis del ex Concejo Deliberante ladirectora del centro de jubilados y la empleada doméstica de la pareja aparecieron en recibos de sueldo del cuerpo legislativo firmados por Scaravaglione, según recordaron allegados a la causa. Al declarar, ambas mujeres dijeron que nunca trabajaron allí, después se desdijeron en un escrito.