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El Plan para Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, la gran apuesta social del Gobierno, más que en un logro se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para la Rosada. Las denuncias sobre irregularidades en su distribución siguieron ayer en diversos puntos del país al nivel que, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, anunció que decidió apartarse totalmente del reparto de planes porque no quiere perder tiempo polemizando. Desde el Gobierno volvieron a defender la transparencia del plan. Pese a las muchas denuncias, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, consideró “prácticamente imposible” que alguien haya podido cobrar el subsidio dos veces pero que si hay quienes lo hicieron “hay que sacarlos a patadas”.
Desde el mismo día en que se puso en marcha el plan comenzó a generar controversias. Los problemas tienen que ver con la forma de distribución del subsidio, que se reparten por más de un vía. Gobernadores como el bonaerense Felipe Solá y el santafesino Carlos Reutemann denunciaron que una buena porción de los planes que se repartían en sus provincias escapaban al control de las gobernaciones. Solá, incluso, detalló que 65 mil planes habían sido otorgados directamente por el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, cuando se desempeñó como ministro de Trabajo. Y que esos beneficios se cobraban en sucursales del Banco Nación, a diferencia del resto que se percibían en el Banco Provincia.
Después se supo también que muchos legisladores nacionales recibieron sobres con 50 formularios supuestamente para que inscriban a allegados que cumplieran los requisitos para recibir la ayuda de 150 lecops mensuales.
Ayer, la Mesa del Diálogo mostró su “inquietud y preocupación” por las irregularidades denunciadas en el reparto de planes (ver nota aparte).
Por otro lado, el gobierno de Formosa denunció que se detectaron 254 casos de beneficiarios que están cobrando un doble subsidio: uno como jefe de hogar y otro como obrero de la construcción desocupado. Esos casos fueron tramitados por la UOCRA directamente en el Ministerio de Trabajo.
Alterado por todos los inconvenientes surgidos alrededor del plan, De la Sota anunció que se separaba totalmente de su distribución. El gobernador cordobés aseguró que su problema no era con el Gobierno sino con las organizaciones no gubernamentales de su provincia con las que no quería “perder ni un minuto” discutiendo. “Todas las acciones llevadas adelante con el anterior ministro de Trabajo, Alfredo Atanasof, y con la actual ministra Graciela Camaño, han estado encuadradas en el respeto a la ley y en el compañerismo”, sostuvo el gobernador en un comunicado.
Pero el argumento no fue muy creíble porque la propia Camaño lamentó que el Consejo Municipal de Córdoba “no comprendió el funcionamiento del programa”, y agregó que “sus acusaciones son absolutamente infundadas”.
El Gobierno insistió en que no importa que el beneficio se pague en distintos sitios porque el control, en último caso, está unificado en el ANSES y el Ministerio de Trabajo. Aníbal Fernández aseguró que el sistema “es tan limpio y transparente como el que más”. El secretario general de la Presidencia consideró casi imposible que alguien pudiera cobrar dos subsidios porque “hay una base de datos muy grande, que se puede ver en la web, y donde se chequea que el destinatario no tenga trabajo”. Pero agregó que si igualmente hay quienes reciben dos beneficios hay que denunciarlos para que vayan presos.