La Corte Suprema, integrada por conjueces, decidió restituir a Antonio Boggiano en su cargo en el máximo tribunal al menos por un día, hasta que el Senado anuncie hoy el veredicto en su juicio político. En una votación reñida, cinco de los nueve magistrados acordaron dejar sin efecto la suspensión del supremo que habían dispuesto los legisladores el 22 de junio último. El fallo no detiene el proceso de remoción e incluso se volvería abstracto con la posible destitución, pero es una clara señal en defensa de la corporación judicial.
En principio, sería mayor el peso simbólico que el efecto práctico de la resolución de los conjueces. La notificación tal vez ni haya llegado o recién esté llegando hoy a los senadores cuando se sienten a definir el futuro de Boggiano. Como sea, no impedirá la destitución.
El fallo hace lugar a una medida cautelar que cuestionaba la suspensión preventiva, pero no avanza sobre los planteos de fondo que hizo el último sobreviviente de la mayoría automática. No analiza el pedido de nulidad de la acusación parlamentaria, ni la recusación contra treinta y cuatro senadores, ni la validez de la suspensión en sí misma. Estos asuntos serán resueltos más adelante. Para eso los magistrados le pidieron al Senado que les envíe el expediente completo del enjuiciamiento.
La decisión favorable a Boggiano fue adoptada por jueces suplentes sorteados entre las cámaras federales de todo el país en reemplazo de los ministros de la Corte Suprema, que se habían excusado por razones de decoro. Los conjueces que conformaron la mayoría confluyeron en una idea: que los argumentos del supremo en el banquillo “exhiben trascendencia institucional en un grado de relevante intensidad”.
Dos de los magistrados, Horacio Prack (de San Martín) y Carlos Muller (de General Roca), querían ir aún más lejos: propusieron directamente “suspender el trámite del enjuiciamiento político”, pero una medida tan extrema no consiguió adeptos. Otro de los jueces que apoyó la restitución de Boggiano fue Tomás Inda, un camarista de Resistencia, Chaco, que podría tener un interés personal en el tema: está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por haber liberado a diez represores implicados en la masacre de Margarita Belén, ocurrida durante la última dictadura. Ya hay un dictamen que pide su remoción. Inda incluso presentó la renuncia, pero el Gobierno no se la aceptó ni se la rechazó.
A los cinco votos que dieron una victoria a Boggiano se llegó con las firmas de Alejandro Tazza (de Mar del Plata) y Mario Lezana (del fuero civil porteño). Los cuatro jueces que se pronunciaron en minoría, por el rechazo de las presentaciones del supremo, fueron Graciela Fernández Vecino (de Tucumán), Javier Leal de Ibarra (de Comodoro Rivadavia), Angel Argañaraz (de Bahía Blanca) y Luis César Otero. Este grupo fue coherente con la decisión que el año pasado tomó el alto tribunal en relación al destituido Eduardo Moliné O’Connor, quien sólo cosechó fallos adversos. En aquel entonces los conjueces, salvo por Leal de Ibarra, eran otros.
Para el caso de Moliné O’Connor, el tribunal fundamentó que el enjuiciamiento de jueces sólo puede ser sometido a revisión judicial cuando hay una sentencia definitiva. Algo similar sostuvo el procurador, Esteban Righi, al opinar sobre la situación de Boggiano. Righi fue invitado al plenario de los conjueces, pero no logró imponer su criterio. Su dictamen, que no es vinculante, citaba un fallo firmado por el propio Boggiano sobre el juicio político del ex juez Francisco Trovato.
Si finalmente, como parece que ocurrirá, el Senado vota la destitución, Boggiano podrá apelar otra vez. Una especulación dice que hasta que los senadores rechacen ese recurso podría seguir en funciones. Luego el nuevo reclamo llegará otra vez a los conjueces, que ahí podrían expedirse sobre las cuestiones de fondo. El supremo, según una versión, podría invocar también la nulidad de la remoción alegando que está en trámite la recusación contra los treinta y cuatro senadores por supuesta falta deindependencia. Los conjueces resolvieron notificar a la Cámara de Diputados de esta situación. Boggiano ya anunció en su alegato que, como último recurso, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.