El último sobreviviente de la mayoría automática que encenagó la Corte Suprema de Justicia será desalojado hoy de su cargo. Su única pálida victoria fue el fallo pronunciado ayer por la propia Corte Suprema integrada por conjueces, que dejó sin efecto la suspensión en su cargo dispuesta por el Senado hace tres meses. Ese canto del cisne de 24 horas ratifica que Antonio Boggiano contó con todas las garantías del debido proceso.
Ayer Boggiano dijo sin enrojecer que su evacuación obedece a una inquina ideológica, debido a su voto en favor de la extradición a España de un terrorista vasco y a su apetito por las hostias consagradas. También afirma que medio gabinete le transmitió mensajes del presidente Néstor Kirchner, de que confiaba en él y que el Poder Ejecutivo no promovía su caída. De este modo intenta rodear su expectoración del tribunal de una dignidad que no tuvo su desempeño. La ofuscación debilita su aptitud para el pensamiento (crono)lógico: el fallo del etarra fue firmado en mayo de 2005, es decir un año y medio después de iniciado el juicio político y de su reunión con Alberto Fernández.
Tanto Boggiano como Fernández dicen que el encuentro lo pidió el otro, pero ambos acuerdan en que el procedimiento de expulsión no fue obra del Poder Ejecutivo. No es ningún secreto revelado por Boggiano que el estoico diputado Ricardo Falú perdió la simpatía del Poder Ejecutivo por haber insistido en la deposición de Boggiano. La cumbre Boggiano-Fernández no fue a escondidas, porque ocurrió en la Casa de Gobierno, pero tampoco gozó de la publicidad debida, ya que no figura en el registro de audiencias de la jefatura de gabinete, creado para que quedara constancia de toda gestión de intereses, como en este caso.
El ex juez confiesa que acudió a varios ministros del Poder Ejecutivo para incidir en un procedimiento del Poder Legislativo. Creía que, también ahora, la única voz que sonaba era la del Jefe supremo de la Nación. Como no se resigna a que ya no sea así, su conclusión es que el gobierno lo traicionó. Las instituciones funcionan mucho mejor de lo que les gustaría a Boggiano y a los emergentes del naufragio radical, Elisa Carrió y Ricardo López Murphy.
Frente a la tentativa de victimización de Boggiano (quien descuenta el apoyo del Vaticano y del Wall Street Journal) nada mejor que recordar sus picardías.
El primer jury de enjuiciamiento se lo formaron hace casi 30 años cuando era juez comercial. Su secretario en el juzgado, José Uriburu, y el presidente de la Cámara de Apelaciones, Francisco Bosch, que son tan de izquierda como Mohamed Alí Seineldín o Vicente Massot, denunciaron que Boggiano intentaba favorecer al Opus Dei para que comprara a bajo precio el Hotel Presidente, como finalmente ocurrió. Fue absuelto “por duda”, en 1978, en plena dictadura. Presidía el jury Abelardo Rossi, otro miembro de la misma organización confesional. Aquel negociado no sólo benefició al Opus Dei. También cambió la suerte de Boggiano, quien poco después se mudó a un piso de centenares de metros frente a la Nunciatura Apostólica. La ideología no es la causa de su destierro de la Corte pero lo fue de su designación, durante el gobierno de Isabel Perón. “Nosotros promovimos su candidatura”, cuando Francisco Vocos era el secretario de Justicia, recordó el delegado de la misión Ivanissevich-Ottalagano en la Facultad de Derecho, Francisco Bosch. “Teníamos prejuicios decididamente a favor. Era de nuestra misma orientación política, lo sentíamos como un compinche.”
–Pero después usted lo denunció.
–Yo no acostumbro a cubrir indecencias de mis compinches– me contestó Bosch cuando lo entrevisté.
En 1993 el mismo secretario que rescató el expediente del primer jury recibió la orden de sustraer del libro de sentencias de la Corte un fallo contra el Banco Central que molestaba a Domingo Cavallo, de quien Boggiano había sido asesor en la Cancillería. Luego Boggiano hizo circular el expediente como si se tratara de un caso nuevo. Pero Augusto Belluscio y Enrique Petracchi se dieron cuenta. Así se inició el segundo juicio político contra Boggiano, por esta creación pretoriana del recurso de arrancatoria. Menem lo desactivó por su relación especial con el Vaticano, el guardaespaldas ultraterreno con que Boggiano amenazó al actual gobierno si era expulsado del tribunal por su actuación en el caso Meller, la sustancia de su tercer y último juicio político.
Se trató de una cuantiosa transferencia de recursos indebidos, desde el Estado Nacional hacia un testaferro de Menem, quien comenzaba su campaña electoral para 2003. El voto de Boggiano fue el último, imprescindible para formar la mayoría que ordenó pagar al Jefe lo que no correspondía. Así describió esta especialidad de Boggiano el abogado Ernesto Galante, quien en 1996 intentó sin éxito otro juicio político contra el juez: “Su técnica más habilidosa se da en los asuntos que considera de especial importancia económica o política. Acostumbra en esos casos a suscribir la expresión ‘quiero verlo al final’. Esto le permite convertirse en árbitro de cada votación y fijar las condiciones de cualquier tipo que le llegaren a parecer más convenientes”.
Como los casos anteriores que derivaron en juicio político contra Boggiano, no comprende ideología sino dinero. Pero esta vez el juego ha terminado.