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“Las estrategias militarizadas y punitivas del gobierno de Estados Unidos en América latina para combatir el narcotráfico han fracasado”, afirma Laurie Freeman, miembro del Washington Office on Latin American (WOLA), una ONG norteamericana, que visitó el país para presentar el libro Drogas y democracia en América latina: El impacto de la política estadounidense. “La demanda y la llegada de droga a los Estados Unidos –afirma– aumentó en vez de descender.”
–El objetivo es promover los derechos humanos y la democracia en la política de los Estados Unidos hacia América latina. Hacemos trabajos de investigación, documentación y de análisis en el marco de las políticas estadounidenses hacia la región y organizamos cabildeos con el Congreso, el Departamento de Estado. Empezamos después de la Guerra Fría, cuando ésta tendió a ser reemplazada por la guerra antidrogas para darles un papel sobre todo en América latina al Pentágono y a las fuerzas armadas norteamericanas. Comprobamos un fuerte incremento en la asistencia militar y nos preocupamos por el impacto de esa estrategia de atacar con medidas muy punitivas la producción y el tráfico de la droga en la región.
–¿Cuáles han sido los efectos de esta estrategia?
–Han contribuido a violaciones a los derechos humanos en campañas de erradicación forzada de cultivos, como detenciones arbitrarias, cometidas por las fuerzas de seguridad. Se promovió un mayor rol para las fuerzas armadas en temas que corresponden a fuerzas de seguridad y policías. O sea que ha contribuido a borrar la división entre fuerzas militares y fuerzas de seguridad. Esta política se enfoca sobre la población más pobre, a la que menos beneficia el comercio de drogas. Estamos hablando de los campesinos que cultivan la coca porque no tienen otra alternativa.
–¿Estas estrategias lograron los objetivos que se habían planteado?
–La teoría es que si se ataca la oferta, entonces el precio de la droga aumentaría, y con estos precios más altos, menos personas comprarían droga o se verían obligadas a dejar de consumir. Si esta política funcionara, los precios deberían estar subiendo. Pero los precios han bajado dramáticamente, están en niveles más bajos que nunca y según los informes del Departamento de Justicia y del FBI, las drogas están más disponibles que nunca y con niveles de pureza muy altos.
–Una de las objeciones a esa política antidroga es que se superpone permanentemente con las políticas antiterroristas.
–Al principio del plan Colombia, en Washington era claro que la ayuda era sólo para esfuerzos antinarcóticos. Pero tras el 11 de septiembre cambiaron la ley para involucrarse en esfuerzos antiterroristas. El año pasado erradicaron más hectáreas que nunca, pero la cantidad para la explotación se mantuvo igual. Fumigaron miles de hectáreas, pero empujaron la producción a otras zonas y despojaron a muchas personas de su manera de sobrevivir. Muchos desocupados fueron a engrosar las filas de los paramilitares y la guerrilla.
–Ahora el problema se trasladará seguramente a Bolivia donde tiene muchas posibilidades de ganar Evo Morales las elecciones.
–La política en Bolivia de ganancia cero para la coca fomentó la conflictividad social y contribuyó a la inestabilidad de las instituciones. Con esta actitud de establecer a la suya como la única política posible para combatir el fenómeno, Estados Unidos deja a los países de la región sin manera de diseñar sus estrategias. Washington no permitió que el gobierno de Bolivia dialogara con los sectores afectados para diseñar una política alternativa. Porque muchos dependen del cultivo, pero también forma parte de un legado cultural, histórico.
–La famosa certificación que otorga Estados Unidos a los países por la lucha contra las drogas, también se ha usado de manera política.
–Las certificaciones han sido usadas para promover la política de los Estados Unidos. Normalmente no certifican a países como Burma, que no son aliados y ahora descertificaron a Venezuela que tiene una relación muy polarizada con Estados Unidos. El problema que molesta a los países de la región es que muestra a Estados Unidos juzgando a los demás. Es muy unilateral. Los otros países tienen derecho a preguntarle a los Estados Unidos qué está haciendo para reducir la demanda. Por ejemplo, en Estados Unidos está en aumento el consumo de drogas como cocaína y heroína, está creciendo entre los jóvenes y se está iniciando el consumo en edades más tempranas. Las últimas cifras indicaban que 19,5 millones de norteamericanos consumen drogas y de ellos, unos 6,8 millones tienen dependencia de las mismas. Podría decirse que la cantidad de personas que consume marihuana va en disminución, pero el consumo de cocaína está en aumento, en el 2003, 1.094.000 personas probaron la cocaína por primera vez, de las cuales, 384 mil tenían menos de 18 años. Estados Unidos está invirtiendo cada vez menos en programas para reducir el consumo.
–La alternativa que plantea WOLA son estos programas de prevención y tratamiento para reducir la demanda...
–Estados Unidos gastó en el extranjero 45 mil millones de dólares para reducir la oferta, la mayoría en América latina. Y no ha logrado reducir la oferta. Podría invertir esos recursos para prevenir y tratar adictos. Esos programas no son tan caros, porque no estamos hablando de helicópteros, de equipo militar, sino de educación, de prevención y tratamiento. No planteamos la legalización porque las drogas son muy peligrosas, son dañinas. Por otro lado, porque somos realistas y somos conscientes de que tampoco sería una salida viable. Creemos que hay programas que pueden tener un impacto importante para hacer bajar los niveles de demanda, por ejemplo los programas de las cárceles y de contención para los ex presos. Estos programas de apoyo no existen y se trata de la población que está más relacionada con el consumo de droga.