El gobierno nacional y las cámaras del sector farmacéutico estudian prorrogar por otros sesenta días el acuerdo de precios suscripto en diciembre para estabilizar los precios del sector. Pero en esta ocasión este pacto podría contemplar también algunas aspiraciones de la industria, como poner la mira sobre sus proveedores. El renovado acuerdo sería controlado por una comisión de monitoreo mixta.

El 19 de diciembre pasado el Gobierno y las tres cámaras del sector, Cilfa (laboratorios nacionales), Caeme (los extranjeros) y Cooperala (nacionales, incluidos productores de genéricos) se comprometieron a aplicar un descuento del 10 por ciento sobre los precios de lista de doscientos productos, congelando el valor resultante durante sesenta días. La industria asumió, al mismo tiempo, la obligación de mantener estable el resto de medicamentos no incluidos en esa nómina de bonificados.

Pero esta tregua vence el domingo y por eso ayer hubo reuniones con la industria, de las que participaron el ministro de Salud, Ginés González García; el secretario de Políticas Económicas, Oscar Tangelson, y el secretario de Coordinación de Economía, Lisandro Salas, con el propósito de reeditar el pacto, incluyendo algún anexo.

Según fuentes ligadas a la industria, en esta ocasión se reclama al Gobierno que controle los precios de los proveedores, básicamente de envases, presuntamente responsable de la suba de costos que tiene que enfrentar la empresa. En esta ocasión, el acuerdo también estará bajo la mira de una comisión integrada por representantes de la industria, de Economía y de Salud, que debería chequear si efectivamente se mantiene el acuerdo suscripto. Desde la óptica oficial, las perspectivas de que esa estabilidad esté garantizada son muchas. González García ayer resaltó el buen comportamiento que tuvieron los laboratorios en relación con el pacto anterior, destacando que en estos dos meses los precios no se movieron.

Los empresarios están dispuestos a suscribir un compromiso similar, pero aspiran a que el Gobierno también incluya en el acuerdo una serie de cuestiones ligadas a demandas que ya plantearon a la anterior gestión económica. Entre ellas, las de obtener estímulos para invertir en investigación y desarrollo y para exportar: su idea es que los reintegros a la exportación, que hoy son del 2,5 por ciento del valor de venta, suban hasta el 5 por ciento. Estos anhelos ya fueron comunicados a Roberto Lavagna, primero, y a Felisa Miceli, después, con el afán de que se puedan ligar al acuerdo para disciplinar los precios del sector.

El pacto se inscribe en el marco general de acuerdos que el gobierno está sellando con representantes de cada uno de los productores de bienes sensibles al consumo popular y con impacto notorio en el índice de precios.