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“¿Por qué la sociedad tiene que hacer este juicio ético a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Simplemente porque las instituciones que debían realizarlo han fracasado”, señaló el abogado Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas y uno de los fiscales del Tribunal Etico a la Corte Suprema, que ayer sesionó en el desbordado auditorio del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires.
El Tribunal, que al finalizar dio a conocer un pronunciamiento muy duro sobre el papel de la Corte entre 1990 y 2001, estuvo formado por Adolfo Pérez Esquivel y Salvador María Losada, como co-presidentes, y los integrantes Víctor De Gennaro, de la CTA; el periodista Miguel Bonasso; el rabino Daniel Goldman; el abogado Ricardo Monner Sans; el ex fiscal Ricardo Molinas; la obispa metodista Nelly Rotchie; el dramaturgo Tito Cossa; la cantante Teresa Parodi; José María Pizzurno, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Antonio Forte, en representación de los jubilados; Néstor Correa, de la Asociación Gremial Docente de la UBA, y Pedro Kesselman, vicepresidente del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires. Además de Ramírez, también actuó como fiscal Beinusz Schmukler, de la Asociación Americana de Juristas. Los secretarios del tribunal fueron Guillermo Pajoni y Ulises Gorini, de la Federación Judicial Argentina.
El Tribunal Etico fue convocado por la Asociación de Abogados Laboralistas, la Federación Judicial Argentina, la CTA, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asociación Americana de Juristas, Asociación Latinoamericana de Abogados y el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires. Algunas de estas organizaciones han participado activamente en las concentraciones que se realizaron frente a Tribunales, a partir del 19 de diciembre pasado para reclamar la remoción de los miembros de la Corte.
El mismo Losada, al dar comienzo a la audiencia, señaló que “el 19 y 20 de diciembre la ciudadanía produjo una revolución pacífica, que el gobierno en fuga intentó aplacar con represión. Ese movimiento apuntaba a desplazar a los grupos mafiosos, a los corruptos y producir una renovación profunda en las instituciones”. El jurista recordó que en 1958 en Francia “se extinguía la Cuarta República con una clase política que estaba agotada. Asumió el general De Gaulle y convocó a un referéndum para terminar con esa etapa. Algo así tendría que haber sucedido en Argentina donde la sociedad todavía espera la renovación de los grupos que integraron el poder en todas sus instancias”.
Pese a que Ramírez denunció que desde el Gobierno ya se había decidido congelar el juicio a la Corte, tanto el fiscal como los miembros del Tribunal reconocieron la labor de los diputados que integraron la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, cuyo titular, el justicialista Sergio Acevedo, se encontraba en la sala. También estaba el ex diputado Fernando Solanas, el juez Eduardo Duhalde, los diputados Héctor Polino y Alicia Castro y delegaciones de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Causas Políticas.
Varios de los testigos analizaron conocidos fallos de la Corte, a favor de decisiones oficiales, desde el Plan Bonex y el corralito, hasta en recursos presentados por estatales despedidos y jubilados a los que se recortó sus haberes o la intervención indebida en procesos de privatizaciones, como el de Aerolíneas Argentinas. También se analizaron las causas por tráfico de armas y la investigación de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, entre otros muchos.
“Los miembros de esta Corte y quienes la integraron estos años –señaló Ramírez– fueron cómplices en la instalación de un modelo económico de miseria, exclusión y hambre para el pueblo argentino.” En su pronunciamiento, el Tribunal “hace pública su convicción de que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se han apartado de los principios de la ética republicana y de los deberes más elementalesque cabe exigir a cualquier juez” y señala que la Cámara de Diputados “debe promover la acusación respectiva ante el Senado de la Nación”.
El Tribunal advierte que “no asumir esta conducta implica agigantar el ya gravísimo descreimiento en las instituciones de la Nación”. Agregan que “las causales de remoción de los actuales miembros de la Corte son de tal magnitud que los inhabilita para desempeñar cargos públicos en el futuro; que deberían responder ante tribunales competentes si se considera que hubieran cometido delitos comunes” y que “tribunales competentes deberían analizar si han incurrido en la conducta tipificada por el artículo 29 de la Constitución que incluye a los que consientan o firmen actos por los que ‘la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna’ a la pena de los infames traidores a la Patria”.