Luis Gerez decidió ayer pedir a quienes están detrás de su caso que le retiren la custodia policial porque se siente “agobiado”. La decisión volvió a disparar la polémica sobre los límites de las políticas de protección a testigos, vinculados a las causas de derechos humanos. El único programa de Protección Nacional a Testigos que tiene el Estado fue pensado para los imputados y testigos del narcotráfico y no contempla las necesidades reales de las víctimas del terrorismo de Estado. Casos como la desaparición de Julio López o el secuestro de Gerez activaron nuevos análisis de estos planes, pero las alternativas aparentemente todavía no alcanzan. El ministro Aníbal Fernández desde la cartera política del Gobierno y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ayer plantearon sus posturas.

“Lo que estamos tratando –dijo Fernández– es de encontrar una alternativa que les permita tener (a los testigos) la tranquilidad de que son contenidos y están acompañados por el Estado, pero sin incomodarlos.”

El debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección a testigos de las causas de terrorismo de Estado volvió a escucharse con fuerza después de la desaparición de Julio López, y nuevamente tras el secuestro de Gerez. Entre uno y otro momento se conocieron varias propuestas destinadas en principio a mejorar las condiciones de los testigos. Un relevamiento realizado por Página/12 entre funcionarios, miembros del Poder Judicial, testigos y abogados demuestra, en cambio, que varias de esas acciones empezaron a ponerse en marcha, pero como respuestas que parecen depender más de la buena (o mala) voluntad de un funcionario que de una clara política de Estado.

Uno de los ejemplos es lo que sucedió con la decisión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, en torno del relevamiento completo de testigos de las causas de derechos humanos de todo el país. Tras el caso López, Righi les ordenó a todos sus fiscales anotar uno a uno nombre, apellido, número de documento y domicilio de todos los testigos de las causas. Las listas pasarían de los fiscales a la Procuración, y de allí al Ministerio del Interior para resolver la provisión de custodios, o coordinando la tarea con los ministerios de Seguridad de cada provincia o derivando hombres de las fuerzas federales como la policía, Gendarmería o Prefectura.

En general, los fiscales llevaron el trabajo a término. Las listas se armaron y se pasaron a la Procuración y al ministerio pero las fiscalías todavía no saben para qué hicieron el trabajo porque no vieron resultados.

Hace unas dos semanas, un testigo de la causa contra el capellán Christian von Wernich, detenido, procesado y a punto de ser sometido a juicio oral se aproximó al Juzgado Federal de La Plata a cargo de Arnaldo Corazza. Como sucedió con Gerez, y como sucede con muchos otros casos, se presentó a pedir una custodia porque sentía miedo, pero no quería la protección de ninguna de fuerza de seguridad. El juez le pasó la causa a la fiscalía de Sergio Franco, que lo incluyó en un programa de doble vía: por un lado, pidió la intervención del Ministerio de Seguridad de la provincia, no para pedir un custodio sino una cinta de seguimiento. Por otro lado, lo conectaron con el Codeseh, el Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos que actúa como ámbito de contención psicológica y jurídica.

A cargo de Norberto Liwsky, el Codeseh existe desde 1984 como un espacio pensado para asistir a los hijos y familiares de desaparecidos, pero desde hace un mes y medio y a pedido de la Justicia federal de La Plata interviene en la asistencia de estas víctimas. “También para nosotros es una experiencia nueva”, dice Liwsky ante una consulta de este diario. El programa por el que pasaron unas 3000 personas y que cuenta con el apoyo del Fondo para la Víctimas de la Tortura de la ONU intenta que las víctimas “vivan la experiencia de la Justicia como un proceso reparatorio integral, eso que es el objetivo más importante cuando la víctima decide su participación”.

El mecanismo que empezó, entonces, en la oficina de Corazza y terminó en el Comité en realidad es un procedimiento de vieja data pero mejorado. El artículo 79 del Código de Procedimiento Penal obliga al Estado a garantizar las condiciones de seguridad de un testigo con alguna custodia. El resto parece mérito de la fiscalía de La Plata.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Matarollo, ayer pareció contemplar estas alternativas. Consultado sobre la acción de su área en el Programa de Protección de Testigos, aclaró que “el trabajo es de apoyo y asistencia integral, no sólo desde lo físico sino en el aspecto psicológico, legal y humano para las personas en situación de estrés”. El Programa es otro sistema de protección con el que cuenta el Estado pero fue creado como parte de las políticas contra el narcotráfico. Aunque el programa no excluye a los testigos de las causas de derechos humanos, no está en condiciones de incluirlos. Una fuente del Ministerio de Justicia consultada por este diario lo explicó de esta forma: “Supone una cantidad de restricciones como el cambio de identidad, que la víctima del terrorismo de Estado no acepta”.