El gobierno norteamericano tiene que decidir si deporta o no al carapintada Ernesto Barreiro, detenido en Estados Unidos hace 48 horas por el Departamento de Migraciones en medio del trámite de renovación de su visado. Hace tres años, la Justicia cordobesa lo había declarado prófugo en la causa por el secuestro y desaparición de un estudiante de Córdoba en 1977 y ordenó la captura internacional a Interpol. El proceso terminó el domingo pasado. Como su detención es por haber mentido sobre sus antecedentes penales y no por las causas de lesa humanidad, su permanencia en prisión pende de la decisión del juez de Migraciones, que puede liberarlo bajo fianza hasta que culmine el proceso de deportación. Para evitarlo, los querellantes de las causas contra el represor piden a Cancillería que acelere un pedido de extradición frenado hace dos años.

“La Justicia de Córdoba ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora la extradición está en manos de la Cancillería argentina: sería un excelente momento para que viabilicen el pedido de extradición que presentamos hace dos años”, dijo Claudio Orosz, abogado con Martín Fresneda de la causa contra el represor.

Según sus datos, Barreiro llegó a los Estados Unidos en 2004. Salió del país con un pasaje de avión justo un día antes de que Migraciones le cierre las fronteras argentinas por una orden de captura ordenada por la Justicia de Córdoba. La jueza Cristina Garzón de Lascano y la fiscal Graciela López de Filoñiuk pidieron su detención, junto a otras diez personas, en el marco del expediente “Rodríguez Hermes y otros”, más conocido como la causa “Diego Hunziker”, el estudiante de 17 años de la Escuela Monserrat de Córdoba, secuestrado el 3 de septiembre de 1977, detenido clandestinamente en Casa de Hidráulica y ejecutado entre el 21 y 22 de ese mes.

Barreiro estuvo a cargo de La Perla, el centro clandestino más importante del interior del país desde mediados de 1976. Amo y señor de la vida y de la muerte de los detenidos, condujo los grupos de tareas de secuestradores y con el represor Luis Manzanelli manejó los interrogatorios. En La Perla se transformó en uno de los especialistas en torturas más denunciado por los sobrevivientes y recordado por su sadismo. “Una sobreviviente dio cuenta de que Barreiro se lo llevó a las 4 de la mañana de La Perla hasta las fábricas de Fiat y fue ejecutado –explica Orosz–: en los diarios apareció como un enfrentamiento de dos cuadros montoneros que estaban repartiendo volantes pero fue una ejecución.” Ese tipo de “salidas” eran conocidas como “operativo ventilador”, aplicadas ante determinadas coyunturas políticas. Para la fecha de la ejecución de Diego Hunziker preveían un conflicto en la Fiat; las muertes de los militantes aparentemente servían como una de las formas del amedrentamiento.

La Cámara Federal de Córdoba lo citó por primera vez a declarar en 1987, en el marco de la megacausa contra el responsable del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Su negativa a presentarse desencadenó las sublevaciones que culminaron en el levantamiento de Semana Santa la sanción de la ley de obediencia debida.

En Estados Unidos trabajó o simuló trabajar en la ciudad de Virginia, gracias a una actividad comercial de su mujer. Según las investigaciones del Departamento de Migraciones de Estados Unidos, además hizo varios viajes de ida y vuelta a Washington.

Tal como dijo este diario en su edición de ayer, Barreiro entró a ese país legalmente pero amparado en una mentira: respondió con una negativa cuando le preguntaron si tenía causas penales pendientes. Aunque parezca mentira, ésa es la razón por la que está detenido. Ante el pedido de Interpol emitido por el juzgado de Garzón de Lascano, el Departamento de Migraciones norteamericano inició una investigación que concluyó el fin de semana. Según las fuentes consultadas, los agentes constataron la existencia de la causa y decidieron no ronovarle el visado pero formalmente la detención no está respaldada en las causas de lesa humanidad. Por esa razón, la querella pide una rápida intervención de Cancillería. Una fianza puede ponerlo en libertad hasta que culmine el proceso y Barreiro podría volver a profugarse.

“Nosotros sabemos que el trámite de extradición con los norteamericanos es engorroso –dijo Orosz– porque exigen un nivel de pruebas parecido a una sentencia. Además están las traducciones. En este caso, el Gobierno puso la mejor voluntad para resolver este tema, pero estamos esperando que terminen con el trámite que ya lleva dos años.”