La Cámara Federal en pleno tiene prácticamente listo un fallo con el que declarará la inconstitucionalidad de los indultos en una causa de gran peso histórico: la que derivó en la condena, en 1985, de los miembros de las juntas militares. Si no hay cambios de último momento, el tribunal diría que la nulidad debe aplicarse aun para los que están muertos y para los insanos, como es el caso del represor Emilio Ma-ssera. Todavía está pendiente un pronunciamiento sobre la validez de los indultos en la Corte Suprema, que podría acelerarse si el procurador Esteban Righi dictamina pronto sobre el tema, algo que sus colaboradores anuncian que sucederá.

El fallo de la Cámara producirá un efecto más simbólico que práctico. En los hechos, tendrá implicancias para el dictador Jorge Rafael Videla, que debería completar la condena a reclusión perpetua que recibió hace 22 años en el Juicio a las Juntas y que el indulto de Carlos Menem interrumpió en 1990. Videla está detenido desde el ’98, acusado por robo de bebés. En teoría, la misma suerte debería correr Massera, que también tuvo una pena perpetua. Su situación es controvertida desde que sufrió un derrame cerebral. Los jueces de primera instancia lo consideran incapaz de afrontar un juicio, pero nadie lo sobreseyó en las causas sobre apropiación de hijos de desaparecidos, Plan Cóndor, ESMA y robo de bienes.

La inconstitucionalidad de los indultos a los ex comandantes fue planteada por los abogados Alicia Palmero, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, y Rodolfo Yanzón, en nombre de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Advirtieron que se trata de un beneficio “reñido con el derecho internacional” en materia de derechos humanos. Pidieron que se retrotraiga la situación de cada uno de los condenados, aun la de los fallecidos, a su condición procesal anterior al perdón presidencial, que borró las penas impuestas pero no los delitos cometidos.

Los abogados se dirigieron a la Cámara Federal por ser la que juzgó (con otros integrantes) a las juntas militares. Junto con Videla y Massera, los únicos que siguen vivos, fueron condenados Roberto Viola a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a ocho años de cárcel y Orlando Agosti a cuatro años.

Las dos salas del tribunal vienen discutiendo el tema desde hace más de un año, pero al parecer les costó saldar la discusión sobre los fallecidos y la insanía de Massera. Hace algunas semanas tienen consensuado un fallo que declarará inconstitucionales los indultos en todos los casos por igual, según dijeron fuentes judiciales a Página/12.

Pero hay varios factores que demoran la resolución. A los camaristas les pareció poco oportuno firmarla en marzo, después del discurso del presidente Néstor Kirchner en la apertura de sesiones del Congreso, donde pidió celeridad en las causas sobre crímenes del terrorismo de Estado. No querían aparecer como quien da una respuesta inmediata a un reclamo del Poder Ejecutivo que, por otra parte, les pareció desmedido e injusto con sectores de la Justicia que sí impulsan el avance de las causas. Tampoco querían que el fallo coincidiera con el aniversario del golpe de Estado. Para esa fecha, vino el segundo reproche de Kirchner, en el acto en el centro clandestino La Perla, lo que desató un debate mayor.

Los camaristas se reunieron la semana pasada y resolvieron que dejarán pasar un tiempo. No mucho, pero esperarán. Quizás hasta el mes que viene, sugirieron dos de ellos. Por otro lado, hace unos días ingresó a la Sala I como subrogante el marplatense Eduardo Farah, hasta que se designe por concurso al reemplazante de Horacio Vigliani. Farah tendrá que votar.

La Sala I, que integran Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler, ya se pronunció por la anulación de varios indultos –como el de Guillermo Suárez Mason y Jorge Olivera Róvere– en la causa sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. La Sala II, que integran Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, invalidó los indultos de Antonio Vañek y Julio Torti en la causa ESMA.

En septiembre de 2005, la Sala II de la Cámara de Casación (que no es la misma que tiene pedido de juicio político) dejó sin efecto el indulto del ex general Santiago Omar Riveros, imputado por las desapariciones en Campo de Mayo. Ahora el caso está en la Corte Suprema, donde hay consenso para declarar la inconstitucionalidad. Pero los jueces supremos quieren esperar a que opine el procurador general de la Nación, Esteban Righi. Cerca de este funcionario aseguran que el dictamen “no demorará mucho más”.