No fueron dos pájaros de un tiro, pero fueron dos funcionarios. La investigación del caso Skanska provocó las dos primeras bajas en las filas del Gobierno. Apenas el juez federal Guillermo Montenegro firmó una lista de llamados a indagatoria, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció la decisión de separar de sus cargos al titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, y al gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Ambos fueron citados como sospechosos de haber cobrado coimas y facilitado el pago de sobreprecios en el marco de las adjudicaciones y las obras públicas de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, impulsadas desde el Ministerio de Planificación Federal. La decisión judicial se precipitó con el hallazgo de una grabación que forma parte de una auditoría interna de la compañía sueca, donde un gerente describe la maniobra y el destino de las “comisiones indebidas”.

Al caer la tarde, Fernández anunció el desplazamiento de los dos funcionarios. Se refirió a una conversación que tuvo con el fiscal Carlos Stornelli, que lleva adelante la investigación judicial. “Me dijo que se los iba a cargar a Madaro y Ulloa en función de una cinta que escuchó”, señaló sin salirse del tono serio. Recordó que el Gobierno había anunciado que “con la sola existencia de una imputación concreta” iba a “facilitar la plena acción de la Justicia con la separación de los funcionarios involucrados”.

El Gobierno tomó la decisión a través del decreto 539 que llevó la firma del presidente Néstor Kirchner, Fernández y el ministro de Planificación, Julio De Vido. El jefe de Gabinete explicó que si el Gobierno tomaba esta decisión era “para evitar cualquier interpretación antojadiza sobre la actitud que se pudiera tomar en este punto”. Y recordó que el Presidente había dicho que si se sabía de funcionarios involucrados en el caso Skanska “no durarían ni un minuto más en la función”.

Stornelli también había pedido que se cite al secretario de Energía, Daniel Cameron, pero hasta última hora el juez mantenía esa decisión en suspenso. Cameron fue el responsable de organizar la licitación para los dos gasoductos, que eran gerenciados por las empresas privadas TGN y TGS. Tanto Madaro como el secretario de Obras Públicas, José López, quien tampoco fue convocado a declarar, eran los encargados de auditar la licitación. Ulloa era el encargado del fideicomiso que financiaba esas obras, una cuenta que se nutre de “cargos específicos” que provienen mayormente de los grandes contribuyentes de gas.

El concurso para construir tres plantas compresoras, que se hizo en 2005, lo ganaron las empresas BTU, Contreras Hermanos y Skanska, mientras que la ampliación del Gasoducto del Sur la consiguió la brasileña Oderbrecht, cuyos directivos podrían ser citados a declarar en los próximos días. Oderbrecht subcontrató a otras tres firmas: Skanska, Contreras Hermanos y Techint.

Montenegro llamó a indagatoria también al síndico de Skanska Claudio Corizzo, quien hizo la investigación interna que puso al descubierto la facturación de gastos inexistentes y los posibles sobornos en los gasoductos. Su informe final detallaba el pago de “comisiones indebidas” por 5.766.900 pesos en el proyecto de TGS y 7.709.000 pesos por el proyecto de TGN y motivó el despido de siete gerentes. La auditoría consta de 3000 documentos y la grabación de una conversación en la que el ex gerente Javier Azcárate relata la maniobra y señala como destinatarios de las coimas a TGS y TGN, al Enargas y Nación Fideicomisos (ver aparte).

Corizzo está detenido desde el martes a la noche por falso testimonio porque, entre otras razones, al declarar como testigo le dijo al juez penal tributario Javier López Biscayart que la grabación en cuestión estaba en un disco rígido de la empresa, pero cuando el magistrado lo llevó hasta Skanska, la encontraron en otro sitio. López Biscayart investiga la evasión tributaria de Skanska. Ahora el juez Montenegro apunta establecer si intentó encubrir.

Montenegro también llamó a indagatoria a directivos de la empresa sueca, seis de los cuales estuvieron detenidos la semana pasada por evasión. Stornelli le había pedido que interrogue a los ex CEO Gustavo Vago y Mario Piantoni, al actual presidente de la compañía, Hernán Morano, y a los ex gerentes despedidos Azcárate, Héctor Obregón, Alejandro Gerlero, Juan Carlos Bos, Roberto Zareba, Sergio Zarega y Eduardo Varni. También incluyó a Juan Pablo Cárcamo, un empleado administrativo.

El pedido de indagatorias de Stornelli dice que hay elementos como para considerar a los funcionarios y empresarios como sospechosos de los delitos de cohecho y/o exacciones ilegales (coimas), defraudación en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La lista del fiscal apunta también a otros funcionarios: Hugo Muñoz, vicepresidente de Enargas, y Mario R. Vidal, director del mismo ente, Cristian Folgar, subsecretario de Combustibles, y segundas líneas de funcionarios estatales. Abarca incluso directivos de TGN y TGS.

El fiscal se basa en estas pruebas:

- La auditoría interna de Skanska que concluye en marzo de este año que “el total de las contrataciones y pagos señalados corresponden a operaciones simuladas con la finalidad de generar fondos para el pago de comisiones indebidas”.

- Un intercambio de notas entre TGN y el Enargas, en las que la gerenciadora advierte acerca de la existencia de un 152 por ciento de sobreprecios en las ofertas de las adjudicatarias, el equivalente a cerca de 17 millones de dólares.

- Advierte que “se observa un intercambio de comunicaciones escritas entre TGS y el Enargas, que también dejaría expuesta la existencia de sobreprecios en la adjudicación de la obra de Oderbrecht respecto de los valores inicialmente proyectados”. El posible sorpreprecio final sería cercano a los 40 millones de dólares.

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