Irán había anunciado que no dejaría pasar la acusación contra sus ex funcionarios por el atentado a la AMIA. Cumplió y ayer Argentina rechazó su pretensión: la Cancillería rechazó el exhorto presentado por el gobierno de Irán en el cual se solicita el “comparecimiento de los señores Juan José Galeano, Emanuel Moellen (sic), Carlos Corach, Rubén Beraja y José Barbaccia”, bajo el cargo de “acciones contra la seguridad externa de la República Islámica de Irán”. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que rechazó la solicitud iraní “por no reunir los requisitos”, entre ellos el error en el nombre del ex fiscal Eamon Mullen, y señaló que “es difícil no interpretarla como una represalia política a consecuencia del pedido de captura de los ciudadanos iraníes implicados en la causa AMIA, la que en todo momento se mantuvo en estricta sede judicial”. Las autoridades argentinas se refieren al pedido de captura de ocho ciudadanos iraníes emitido a fines del año pasado.

En noviembre, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó esa medida en la causa residual de la AMIA y solicitó la captura internacional a través de Interpol mediante la emisión de la denominada “difusión roja” de los iraníes y de un ciudadano libanés. Se basó en el dictamen del fiscal Alberto Nisman, quien había imputado al ex presidente de Irán Alí Akbar Rafsanyani, al ex ministro de Información y Seguridad Ali Fallahiyan, al ex ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati y al comandante de la Guardia Revolucionaria de los Pasdarans Mohsen Rezai, entre otros, en el marco de la investigación del atentado cometido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA.

La Cancillería recordó ayer que el 15 de noviembre de 2006 Interpol recibió el pedido de captura para incluirlo en su lista de búsqueda preferencial denominada “letra A” o “difusión roja”. Para tomar esa decisión, Interpol llevó a cabo sendos encuentros entre la delegación argentina y la delegación iraní. El 22 de enero se llevó a cabo el encuentro en la sede central, en Lyon, entre ambas delegaciones para dar a conocer sus respectivas posiciones. Luego de ese encuentro, el secretario general de Interpol sugirió al Comité Ejecutivo solicitar la captura internacional “difusión roja” de 6 de los 9 implicados, excluyendo al ex presidente de Irán, a su ex canciller y a su ex embajador en Buenos Aires al momento del atentado. Según describió la Cancillería argentina, durante ese encuentro “la delegación iraní adoptó tonos desafiantes, amenazadores y acusadores contra los miembros de la delegación argentina y otros funcionarios que han intervenido en la causa”. Y agregó que “dicha actitud también fue reproducida por la agencia noticiosa oficial iraní Irna, la que, en un cable fechado en París el 23 de enero, reconoce que ‘Teherán advirtió a los funcionarios judiciales argentinos que si ellos insisten en la solicitud de captura de los funcionarios iraníes, Irán realizará cargos similares contra funcionarios argentinos”.

El punto es que, si bien en términos políticos la actitud de Irán es una clara respuesta a la iniciativa judicial argentina, las acusaciones no están en un pie de igualdad. Irán acusa a los funcionarios políticos y judiciales de haberle dado credibilidad a un grupo disidente que ellos califican de “terrorista”, hecho que sustenta el dictamen de Nisman. La acusación argentina implica a los iraníes en la autoría de los atentados.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que, en lugar de hacer efectiva la cooperación judicial solicitada a través de un número importante de exhortos judiciales, la República Islámica de Irán haya preferido acciones que no se condicen con la cooperación para el esclarecimiento de un hecho de enorme gravedad contra la sociedad argentina”, concluyó el comunicado oficial.