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Las privatizadas terminarían hoy de formalizar ante el Gobierno sus reclamos de un “ajuste tarifario de urgencia” con pedidos que alcanzan al 50 por ciento. Pero por detrás empieza a tejerse otra negociación entre el Gobierno y las privatizadas: el mayor riesgo de los usuarios de servicios públicos es, además de pagar más caro, la condena a soportar prestaciones cada vez de menor calidad por la supresión de planes de obra. Este punto neurálgico en la relación de los adjudicatarios con el Estado motivó algunas negociaciones reservadas con la gestión de Eduardo Duhalde y ocupará un lugar prioritario en la agenda de su sucesor, que heredará contratos imperfectos –incumplimientos de ambas partes– y un servicio presumiblemente deteriorado.
Mientras las empresas, la administración duhaldista y las asociaciones de consumidores se desvelan por definir cuánto debe aumentar el precio de los servicios públicos para comenzar a superar el congelamiento de precios impuesto tras la devaluación, se acumulan variados ejemplos de desinversión que amenazan derrumbar la calidad de las prestaciones a un punto de difícil retorno.
u Edenor dejó en suspenso en anillado eléctrico de la Capital Federal, obra por 45 millones de dólares que hubiese ofrecido una alternativa a la provisión de fluido eléctrico en caso de problemas en la red actual.
u Aguas Argentinas habría cajoneado el desarrollo de un plan para mantenimiento e expansión con recursos de la Corporación Financiera Internacional.
u TBA, concesionaria de trenes de pasajeros, sólo ejecuta un “plan de contingencia” que desechó de cuajo la incorporación de una serie de coches en el año 2005, cuando gran parte de la flota actual sea irremediablemente obsoleta.
u Las transportadoras de gas limitan el mantenimiento a hacer sólo reparaciones imprescindibles en materia de seguridad. Así, la pinchadura de un caño se soluciona con una montura o apenas reduciendo la presión a la que circula el fluido. También se han postergado obras de ampliación de plantas de compresión a lo largo de los gasoductos troncales, lo que ha llevado a los concesionarios a advertir que el año próximo deberá reducirse el volumen bombeado.
u Las telefónicas redujeron drásticamente sus planes de obras, haciendo trastabillar a muchas pymes locales que integraban la red de proveedores, así como el sueño de pertenecer al primer mundo en telecomunicaciones.
El parate en las inversiones no forma parte de las discusiones que se dan a conocer entre el Gobierno y las empresas ni es un tema que será sometido a consideración de las audiencias públicas, en las que dentro de pocos días se debatirá cuál es el ajuste apropiado para cada servicio. Pero ni las privatizadas ni el Gobierno ignoran que cada peso que deja de destinarse a obra deprime la calidad de la prestación, obligando en el futuro a redoblar las inversiones para alcanzar estándares mínimos.
Por ahora, la misión de controlar la calidad de las prestaciones quedó sólo en manos de los entes de control, ya que la comisión renegociadora que comanda Roberto Lavagna sólo tiene la potestad de decidir sobre un ajuste tarifario “a cuenta”, pero no la de juzgar sobre otros aspectos contractuales. Los reguladores, a su vez, tienen poco margen de acción, ya que los marcos legales de las privatizaciones quedaron desdibujados por los cambios de reglas.
Los contactos entre los adjudicatarios y los responsables de los entes de control siguen en el marco de la mayor reserva y bajo el principio de quelas nuevas versiones contractuales deberán ser acordadas con el próximo gobierno.
Tanto el Gobierno como las propias empresas saben que es política y económicamente inviable volver a la situación de diciembre y por ello los nuevos cuadros tarifarios pretendidos se elaboraron en base a dos consignas consensuadas: una, no habrá redolarización de tarifas; dos, se buscará algún mecanismo de ajuste que ligue el precio de los servicios públicos a las condiciones de economía interna, bien sea el CER o el IPC.
Las distribuidoras gasíferas y Telecom, por ejemplo, pidieron a la comisión renegociadora un incremento de alrededor del 30 por ciento para los usuarios residenciales, con el argumento de que el inminente aumento no podría estar muy por debajo de la inflación minorista. Esas mismas empresas suben la apuesta para las industrias exportadoras o para los comercios y profesionales con otro justificativo de supuesto sentido común: en promedio, los alimentos aumentaron casi un 60 por ciento en lo que va del año.
Pero la primera suba de la serie no depende sólo de la presunta razonabilidad de los planteos empresarios ni de la voluntad política del Gobierno que, bajo la presión del Congreso y de las asociaciones de consumidores, decidió no tomar ninguna decisión sin que ésta fuera discutida antes en una audiencia pública, tal como prevén algunos marcos regulatorios vigentes.
El resultado de ese debate no es vinculante, pero cumplir con la formalidad de una audiencia insume un tiempo que, según advertían desde una telefónica a este diario, “no es neutral para el negocio”. Los temidos ajustes también podrían demorarse por la previsible interposición de recursos de amparos, tal como ya estudian los especialistas legales de algunas asociaciones de consumidores. O por la oposición del Congreso: según plasmaron en un proyecto de ley con dictamen de comisión, justicialistas y opositores aspiran a que ninguna decisión en materia tarifaria pueda aplicarse sin contar primero con el aval parlamentario.