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Aunque acaba de dar un paso al costado en la presidencia de la Asociación Empresaria Argentina, las opiniones de Oscar Vicente siguen marcando el norte en la estrategia de un sector del empresariado, en particular el energético. En diálogo con Página/12, el vicepresidente de Pérez Companc negó categóricamente que la AEA se haya constituido con el fin prioritario de reclamar un seguro de cambio. Sin embargo, admite que sin el paraguas de la negociación pública aún pendiente, muchas empresas con deudas externas no podrán afrontar ese compromiso y quedarán al borde del colapso.
–¿Por qué razón abandonó la presidencia de AEA?
–Por ninguna otra de la que expresé por escrito. Doy un paso al costado hasta que se termine la negociación con Petrobras para formalizar la venta de Pecom Energía. Ninguna otra.
–¿El arribo de Luis Pagani significa un cambio de estrategia en la Asociación?
–No. De ninguna manera. El cambio es por cuestiones circunstanciales y no responde a una modificación estratégica.
–¿Eso significa que AEA seguirá teniendo como norte pedir un auxilio al Estado para que las empresas con deudas en dólares afronten esos compromisos?
–No es así. No sé por qué se interpretó que AEA se constituyó para pedir un seguro de cambio, cuando no es así. El problema de la deuda es un problema del sector privado. El ejemplo lo dimos nosotros: Pérez Companc acaba de renegociar sus compromisos a través del canje de sus obligaciones negociables, por más de 900 millones. La solución es ésa: que cada uno renegocie como puede.
–Sin embargo, usted mismo reclamó en más de una ocasión que el Estado adoptara la política de amparar bajo el paraguas de la negociación de la deuda pública a los compromisos de la privada.
–Lo que tiene que hacer el Estado es renegociar y cuanto antes su propia deuda. Debe defender sus propios porotos. Obviamente, esa negociación ayudará a las empresas privadas, porque impondrá una especie de modelo para discutir con acreedores externos las nuevas tasas o alguna quita. Esto es fundamental, básicamente para las empresas más chicas que, de otro modo, no podrán refinanciar sus compromisos y terminarán en quiebra. De lo contrario, sólo las más grandes, como Pérez Companc o Techint, vamos a poder cerrar un acuerdo con nuestros acreedores. Pero para el resto eso es imposible.
–Usted también planteó que con una tarifa pesificada 1 a 1 muchas privatizadas terminarían siendo inviables. ¿Cree que es necesario instrumentar ya todo el aumento que las empresas reclaman para recuperar competitividad?
–Eso es imposible. Los ajustes hay que hacerlos gradualmente, de modo paulatino, excluyendo al sector que no puede pagar. ¿Para qué le voy a aumentar a un jubilado si no le puedo cobrar? Creo que los consumidores de energía eléctrica de hasta 300 kilowatts y a los usuarios de gas de hasta 500 metros cúbicos bimestrales no se les puede aplicar ningún ajuste. Pero de allí para arriba habría que liberar los precios.
–¿Eso incluye admitir, por ejemplo, que se duplique el precio del gas boca de pozo con el consecuente impacto en el resto de la cadena de comercialización?
–El precio del gas boca de pozo debería subir de los 35 centavos de dólar actuales a no menos de 60 y, aun así, estaríamos muy por debajo de los valores de otros países limítrofes, como Chile o Brasil. De lo contrario, no es rentable producir y, de hecho, se están abandonando las perforaciones.
–Hay grandes usuarios de gas y electricidad que objetaron la compra de Pecom Energy por Petrobras, con el argumento de que el precio de ese insumo podría subir hasta las nubes...
–No lo creo. Nosotros no tenemos posición dominante en ningún segmento de la producción de gas o de electricidad. Así que difícilmente podríamos controlar precios.