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El jueves por la mañana el Gobierno vivía una epifanía que le hubiese sido imposible imaginar seis meses atrás: el dólar estaba anclado alrededor de 3,60 pesos, el acuerdo con el FMI se anunciaba inminente, los planes sociales se seguían repartiendo, el Parlamento estaba por aprobar una ley de genéricos inédita desde el gobierno de Arturo Illia y se negociaba, en términos más o menos civilizados, la realización de las internas partidarias. Todo cambió en menos de un día gracias al Poder Judicial: un magistrado salteño abortó el proceso electoral y la Corte Suprema declaró inconstitucional el recorte del 13 por ciento para trabajadores del Estado y jubilados, poniendo en jaque las pautas comprometidas con el Fondo para consensuar un arreglo. Anoche, en el Ministerio del Interior trabajaban frenéticamente para tener listo un nuevo decreto eleccionario para mañana a la mañana, mientras que Roberto Lavagna fatigaba su teléfono con llamadas a Washington intentando convencer a los burócratas que, a pesar del fallo, todo estaba en caja. Por supuesto, nada lo está.
El cambio de escenario fue tan abrupto como endeble se muestra el Gobierno ante las reacciones exógenas. Algunas de ellas, según sospecha más de un funcionario, tienen su origen en los arrabales de Carlos Menem. En la Rosada algunos sostienen que, esta vez, el riojano no marcó su impronta en la resolución de los cortesanos; no dicen lo mismo del juez federal de Salta Abel Cornejo, quien el viernes liquidó el decreto que convocaba a elecciones internas para el 24 de noviembre próximo. “Acá todo el mundo comenta que la Chaya operó a Cornejo”, dijeron ayer a este diario dos altos funcionarios que hablan cotidianamente con el Presidente. “La Chaya” no es otra que la diputada salteña ultramenemista María Lelia Chaya, ex integrante del Consejo de la Magistratura.
“Dicen que este tipo (Cornejo) no es jodido –contaba un secretario de Estado a este diario– pero el fallo no me causa buena impresión: cuestiona el veto del Presidente, algo que nadie puede poner en cuestión.” El funcionario, abogado él, mostró su preocupación de fondo: el Gobierno debe resolver la cuestión jurídica y también la política. “Tenemos que asegurarnos que nadie nos cague la interna”, dijo.
El tema se discutió largamente el viernes a la tarde, en Olivos, en una reunión capitaneada por Duhalde donde estuvieron los ministros de Economía, Roberto Lavagna, del Interior, Jorge Matzkin, y de Justicia, Juan José Alvarez, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof y los secretarios general, Aníbal Fernández, y privado, José Pampuro. La discusión no estuvo exenta de alguna dureza. El Presidente salió ayer a la mañana en su programa diciendo que el Gobierno no iba a apelar la resolución del juez. Duhalde deberá desdecirse en caso de que el nuevo decreto en ciernes no consiga convencer a usía. Ante un nuevo texto de convocatoria a elecciones internas, Cornejo debería considerar abstracta la causa de su fallo reciente. Si ello no ocurre, el Gobierno sí deberá apelar, con la consiguiente dilación de todos los plazos electorales.
Anoche, la luces encendían las ventanas del Ministerio del Interior. El subsecretario Cristian Ritondo, el secretario de Provincias, Arturo Puricelli, y un grupo de técnicos dibujaban borradores a todo vapor. Duhalde quiere tener un esquema casi definitivo para mañana a la mañana. El texto convocará a elecciones internas en las que votarán los afiliados de cada partido y los independientes, nada más.
Pero ése es sólo el aspecto jurídico. El otro, el político, se pergeña en el Congreso, con el proyecto de Gerardo Conte Grand, que cuenta con la anuencia de la Casa Rosada. La iniciativa permitiría la presentación de varios candidatos por partido en la general. Si ninguno obtiene el 45 por ciento de los votos, los sufragios tributarían al candidato de cada partido que obtenga la mejor performance, y pasaría al ballottage.
Esta alquimia es, según parece, la que finalmente fraguará.
Acuerdo
La andanada más letal, la que verdaderamente finiquitó la epifanía, fue la que disparó la Corte Suprema. Una vez más, los cortesanos demostraron que tienen poder de daño mayúsculo. “Y guardan en la cartuchera munición gruesísima”, se alertaba un alto funcionario, que enumeraba las causas con cuyas acordadas el tribunal podría arruinar la existencia del Gobierno: la inconstitucionalidad del corralito, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (para enojar a los militares), la legitimidad de la elección de Duhalde en la Asamblea Legislativa. “Si quieren matarnos, tienen con qué, les sobra”, reconoció a Página/12 un miembro del Gabinete.
En la Rosada maldicen el momento en que se lanzaron a sablear a los supremos. “Ahora está todo mal; Juanjo (por Alvarez, titular de Justicia y Seguridad) llegó tarde a una negociación cuyo único arreglo, a esta altura, es terminar con el juicio político” en Diputados, reflexionó otro integrante del gabinete. Aunque no pierden la esperanza: “Hay que sentarse y hablar”, con los cortesanos, sostuvo el funcionario mencionado. “Duhalde debe dejar de pedirle dos o tres renuncias y terminar con el juicio político de una vez”, dijo otro integrante del Gobierno a este diario.
La acordada contra el recorte del 13 por ciento pone en aprietos a las arcas del erario, aunque en la Rosada no pierden la calma al respecto. “Es un solo caso y se pagará en su momento. Los otros 90 mil juicios deberán hacerse y llevarán su tiempo. Plata no hay, así que pagaremos vaya a saber con qué, quizá con algún bono; se verá. El problema real de esta acordada no es la guita, es que te empioja el arreglo con el Fondo”, aseguró uno de los hombres de confianza del Presidente.
Anoche, Lavagna era quien más sufría esa verdad. Los malabares del ministro de Economía apuntaban a convencer a los directivos del FMI que el Gobierno tiene más de una verónica para hacer de manera que las previsiones de superávit primario y crecimiento pautado para el 2003 seguirán siendo los que él les dijo. Habrá que ver si en Washington le creen. Eso se sabrá esta semana.