Desde Pinamar

La ciudad continúa en estado de asamblea. El eje hoy está puesto en la reunión que mantendrá la comisión de investigación del Concejo Deliberante que busca una alternativa para dejar al intendente Roberto Porretti afuera de la comuna. Como una vía, estudian la declaración del estado de “emergencia administrativa” para poder suspender al mandatario acusado por los dueños de un boliche bailable de intentar cobrar un soborno de 175 mil pesos. En el medio, los voceros del intendente aseguran que no se moverá de su puesto: que volverá durante la mañana al municipio y seguirá ahí hasta que la Justicia resuelva lo contrario.

Durante el fin de semana, el Concejo estuvo abierto. Los concejales estudian las atribuciones que les da la Carta Orgánica de las Municipalidades para saber dónde están los derechos y los límites. Durante la semana pasada, le pidieron a la Justicia de Dolores, a cargo de la causa de los sobornos, una copia de los videos con la grabación, pero la fiscalía les negó por escrito la posibilidad de verlos. “Eso es por ahora”, dice a Página/12 Leonor Di Maio, del Frente para la Victoria (FpV) y presidenta de la comisión de investigación (ver nota aparte). “La fiscalía dice que Gendarmería Nacional está peritando las copias, y que recién las podremos ver más tarde... Pero eso no es impedimento: una cosa son las pruebas sobre las que debe tomar una decisión la Justicia y otra cosa es lo que nosotros podemos decidir sobre el caso.” Eso significa que ellos pueden tomar una decisión tras analizar la situación de la administración comunal a partir del escándalo. En ese contexto, pueden iniciar el proceso de suspensión invocando la sensación de desgobierno. “Para nosotros las pruebas están a la vista”, insiste la concejala. “Las áreas administrativas están funcionando en forma irregular a las que el pueblo no estaba acostumbrado y provocan dificultad en el funcionamiento de la Municipalidad porque, como dijo el propio vocero del intendente, los secretarios y directores están abocados a este problema.”

La comisión de investigación está formada por seis de los diez integrantes del Concejo. La presidencia está en manos de Di Maio y representantes de los cuatro concejales del PJ y de los cuatro del Movimiento de Unidad del Partido de Pinamar, la agrupación vecinalista creada por el poderoso ex intendente Blas Altieri. Aunque Porretti llegó al gobierno con una coalición formada por el FpV y el PJ, ninguno de los cuatro concejales peronistas parece ahora responderle. Sus aliados venían enfrentándolo desde el comienzo de la gestión. Por lo bajo, dicen que fue porque Porretti no cumplió los acuerdos pautados. En esa nueva oposición se alineó el presidente del Concejo, Rafael De Vito, y el segundo concejal, Víctor Pardo, dos poderosos empresarios de Pinamar y parte de los que ahora piden la cabeza del mandatario. Pardo que años atrás fue secretario de Gobierno de Altieri, iba a ocupar al parecer la Secretaría de Gobierno con Porretti, pero el intendente le dio ese lugar a su lugarteniente, y mejor aliado político, el empresario textil de Hurlingham con emprendimientos en Pinamar Aldo Leonián, hoy detenido.

A esta altura, el Concejo no puede destituir al mandatario sin un procesamiento o sentencia firme de la Justicia. Para sacarlo, entonces, ellos le propusieron en primera instancia que se tome una licencia de treinta días, pero como Porretti no lo acepta buscan otros caminos. Una alternativa lenta es iniciar el proceso de suspensión, para lo cual deben notificar al intendente de las acciones que tomen. Porretti luego tiene diez días para presentarse y hacer un descargo. Fuera de eso existe un camino más rápido, pero para eso necesitan que Porretti quede detenido. En este momento su situación penal pende de un hilo. Sus abogados presentaron un pedido de excarcelación ante la Cámara de Apelaciones de Dolores. Si la Cámara lo rechaza, el intendente puede ir preso. En ese caso, los concejales pueden esperar que se cumplan los cinco días de ausencia para declarar el estado de “emergencia administrativa”. Ellos aseguran que el procedimiento es válido aunque está previsto para situaciones en las que el jefe de una comuna se ausente “sin aviso”. Con el estado de “emergencia administrativa”, lo que consiguen es que el cargo pase a manos del primer concejal de la lista ganadora (De Vito), que debería asumir en forma interina.